En tiempos de crisis, la unidad de trabajadoras y trabajadores es una tarea de primer orden

El ciclo político abierto por el estallido social -iniciado el 18 de octubre del 2019- erosionó las bases que sostienen el sistema neoliberal, cuestionando de modo radical su orden político, institucional, económico y cultural, y dejando casi desarmada a la derecha gobernante y sus aliados que pululan como grupos privilegiados económica y políticamente.

Un actor que sin duda debió haber asumido un rol decisivo para una salida de ruptura democrática a la crisis, y cambiar la hoja de ruta neoliberal recogiendo el sentir mayoritario que demanda el Pueblo de Chile, son las trabajadoras y trabajadores.  La Huelga General, convocada el pasado 12 de noviembre, tuvo una dimensión histórica al punto de acorralar realmente a las elites, que se vieron obligadas alcanzar un acuerdo parlamentario como único plan viable para salvar a un gobierno y a un modelo de país totalmente derrotado. Se trató de un acuerdo espurio, firmado entre gallos y medianoche, pero que logró sostenerse por la falta de una conducción política sindical unitaria que permitiese haber derrotado a las castas neoliberales.

Ha sido el Pueblo de Chile y su activo social quiénes se organizaron en centenares de cabildos y Asambleas Territoriales que, desde las experiencias sociales y políticas, han mantenido en alto las banderas de la dignidad y la construcción de una vía posible de una victoria popular para este tiempo.

Hoy, la Humanidad se ha estremecido ante la pandemia del COVID-19 que no reconoce raza, culturas, ni origen, y que tiene en vilo a los pueblos del mundo, dejando a los sectores populares y a la clase trabajadora pagando la crisis sanitaria.

En América Latina y el Caribe, según proyecciones de la OIT, en el segundo trimestre de este año se perderán 14 millones de empleos. «Estamos ante una destrucción masiva de empleos, y esto plantea un desafío de magnitudes sin precedentes en los mercados laborales de América Latina y el Caribe», dijo el Director Regional de la OIT, Vinicius Carvalho Pinheiro.

En Chile, el gobierno de la derecha encabezado por Sebastián Piñera, ha impulsado un plan económico hecho a la medida de las élites políticas y económicas que va a contrapelo de lo que las mayorías sociales han expresado desde la rebelión de octubre. Sus propuestas van sólo en la lógica de restituir y conservar el orden neoliberal impugnado, traspasando el costo de la crisis a la clase obrera y a la pequeña y mediana empresa, precarizando aún más la vida de millones, y dejando en la orfandad a las y los trabajadores.

El COVID-19 ha logrado agudizar y poner en evidencia la precariedad en una economía que está basada en la especulación financiera y el extractivismo. Una inestabilidad cruel, porque no existe una institucionalidad que dé cobertura real al Pueblo trabajador, y el Estado ha renunciado a hacerlo. Un ejemplo notable de este abandono es la actitud asumida por la Dirección Nacional del Trabajo, institución que a través de dictámenes pro-empresa ha dejado en la indefensión a millones de trabajadores y trabajadoras en medio de una feroz crisis sanitaria y económica.

Esta pandemia también hace visible la situación aún más desmejorada de las mujeres por:  a) la precariedad del trabajo feminizado, que ha hecho que fácilmente se prescinda de ellas y se les despida, en una sociedad en que la monoparentalidad aumenta año a año; b) porque han debido renunciar al no tener a quién traspasar el cuidado de sus hijos e hijas; o c) han debido asumir interminables jornadas laborales entre el cumplimiento con las horas asalariadas (teletrabajo), y las no remuneradas (cuidado de hogar y familia, tareas histórica e injustamente achacadas a las mujeres). En este último punto, es importante consignar que el trabajo a distancia ha quedado en evidencia como la nueva forma de esclavitud del siglo XXI, disfrazada de libertad y flexibilidad inexistentes en la praxis.

Con todo, la pandemia ha develado una serie de contradicciones en la estructura del modelo que, por un lado, opone capital y trabajo; y, por otro, maximizan las ya abismantes diferencias de trato y condiciones por género existentes en la materia.

Desde este análisis crítico al rol de las y los trabajadores en la lucha por los cambios y las transformaciones sociales, se requiere hacer una cirugía mayor que democratice y transparente nuestras organizaciones sindicales, y avanzar hacia la construcción de un nuevo tipo de organización – siempre desde la clase obrera- desbordando la institucionalidad al servicio de lo patronal.

Solo conformando un camino de unidad en la acción nos permitirá enfrentar la devastación que comenzamos a vivir las y los trabajadores, con la suspensión de la relación laboral legalizada que ya azota a más de medio millón de personas, y a otros miles que han sufrido despidos permanentes.

Estamos, así, en la obligación de levantarnos y organizar la resistencia que nos permita parar la ola del despojo y marchar hacia la vía constituyente, que abrirá paso a la construcción de un nuevo Chile justo, democrático y que restituya los derechos de la clase trabajadora para recuperar la soberanía de nuestros bienes comunes -entregados por la Dictadura y los gobiernos neoliberales al capital nacional y transnacional- lo que ha producido, finalmente, el traspaso de las facturas de la crisis a las y los trabajadores, y a sus familias.