Magistrados alegan «persecución»: Corte acoge acusación de Carabineros contra Juez que falló a favor de causas de DD.HH.

Un posible caso de persecución al Poder Judicial por parte de la policía uniformada es el que más de cien magistrados y profesionales han denunciado en Talca. Se trata de la situación que está viviendo el juez Víctor Rojas, del Juzgado de Garantía de Talca, quien ha debido enfrentarse a una queja presentada en su contra por parte de Carabineros, y que fue acogida por la Corte de Apelaciones de la ciudad.

Todo comenzó con dos resoluciones del juez Rojas –una del 31 de octubre de 2019 y otra del 17 de diciembre del mismo año– donde estableció que los delitos que Carabineros imputaban a los detenidos no eran tales, y que por el contrario, las vejaciones que los detenidos denunciaban (sexuales en uno de los casos) sí constituían hechos de gravedad, por lo que instó a los detenidos a denunciarlas ante el Ministerio Público y organismos internacionales.

«Le voy pedir al imputado que esta denuncia la formule a los organismos respectivos, Amnistía Internacional; puede ser Instituto Nacional de Derechos Humanos; Human Rights Watch; hay una Comisión de la Alta Comisionada porque lo que usted me está diciendo, es una cuestión grave, no podemos soportar y hacernos los lesos; no se puede combatir la delincuencia con delincuencia», sostuvo Rojas en una de las audiencias, según se lee en la propia queja que formuló la institución policial en su contra.

Estos hechos, provocaron que el General Héctor Salazar, jefe de la Séptima Zona Maule de Carabineros, presentara un recurso de queja, siendo esta acción legal acogida por la Corte de Apelaciones.

Un precedente peligroso

El hecho provocó que días después la Asociación de Magistrados de la Región del Maule emitiera un comunicado en el que un centenar de jueces expresan que la Corte «incurrió en un abuso en el ejercicio de las facultades disciplinarias y se apartó de sus facultades legales, constitucionales y convencionales, poniendo en tela de juicio la independencia del juez dentro del Poder Judicial y vulnerando los límites de las competencias de los poderes públicos».

En la misma línea, el presidente de la Asociación, César Leyton, sostuvo en conversación con nuestro medio que «lo complejo para nosotros es que cuando un juez de garantía declara ilegal una detención, lo que hace en general es precisamente cuestionar el proceder policial. Es decir, cuestionar un procedimiento policial que no se ajustó a los estándares mínimos que puede proceder la policía. Y este caso es especialmente grave porque en la medida que un juez es sancionado al hacer ese control, se debilita la función judicial en cuanto garante de los derechos de las personas, porque esto sienta un precedente que puede hacer que en el futuro los jueces tengan miedo, de cuestionar un proceder policial en el contexto de un control de detención por la amenaza o la posibilidad de verse sancionados por su superior jerárquico».

Leyton explicó además que un fallo de este tipo es muy poco común, porque los recursos de queja están diseñados para que las partes de un proceso penal los utilicen, y en este caso Carabineros no es parte, sino que simplemente un ente auxiliar del Ministerio Público. «Llama la atención, porque esto no es frecuente, que la policía se sienta parte de un procedimiento del cual no forma parte, si la policía son auxiliares del Ministerio Público. Las quejas generalmente están reservadas para que una parte que se sienta agraviada por un proceder judicial inicie este procedimiento disciplinario para que el magistrado sea sancionado. La policía en el caso de una investigación penal no es parte, es solo un auxiliar del Ministerio Público, por eso es tan curioso que en este caso ellos se hayan sentido parte agraviada, y luego que la Corte de Apelaciones los haya elevado a aquella categoría para darle tramitación a la queja«, expresó.

«Se les está dando un protagonismo en el procedimiento penal que les es impropio», insistió luego en el mismo sentido.

La defensa de Rojas

En su defensa ante la Corte de Apelaciones, el juez argumentó que el recurso presentado por Carabineros «busca derechamente minar la independencia judicial, buscando que nos abstengamos de ejercer nuestros deberes como Poder del Estado en las audiencias de control de legalidad de la detención y desatender no sólo nuestra legislación interna, sino que los compromisos asumidos por Chile ante la comunidad internacional». 

En ese sentido, agregó que «no puede haber promoción, respeto y garantía (de los DD.HH.) si se ponen cortapisas a los individuos o a los organismos estatales (dentro de los cuales el Poder Judicial es piedra angular) a la hora de denunciar y canalizar las que aparezcan como vulneraciones a cualquiera de los Derechos Humanos consagrados en los tratados suscritos y ratificados por Chile». 

Rojas también echó mano de las estadísticas, para denunciar que no existe un patrón de parte del Poder Judicial en contra de Carabineros. «En octubre de 2019, en el 98,1% de las audiencias de control de detención fueron declaradas ajustadas a derecho y apenas en el 1,9% se declaró la ilegalidad y durante el mes de diciembre de 2019, el 99,3% se declaró ajustada a derecho y sólo en el 0,7% se declaró la ilegalidad de la detención, por lo que presumir una tendencia, algún sesgo u otra finalidad, es simple prejuicio de Carabineros, no afincado en ninguna estadística». 

En base a esto, el juez concluye en su argumentación que «la finalidad evidente del quejoso (Carabineros) es atentar contra la independencia del Poder Judicial o bien iniciar una persecución personal contra un magistrado por sus resoluciones y criterios jurisdiccionales», llamando a que en cualquiera de los casos la queja sea desestimada. 

Por ahora, Rojas presentó una apelación ante la Corte Suprema y anunció que acudirá incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ser necesario.