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Ripley ofrece préstamos a sus trabajadores tras acogerse a Ley de Protección al Empleo

Por: Carlos Jara / Publicado: 07.05.2020
Fachada tiendas Ripley en Santiago / FOTO:FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO
La situación genera polémica porque según el gobierno la ley está pensada para empresas que no tengan la liquidez económica para financiar los sueldos de sus trabajadores, no para empresas que deseen abaratar costos ante la crisis. El caso es tildado como "una vergüenza" por abogados laboralistas, y da cuenta de que la denominada Ley de "protección del empleo", está siendo utilizada por grandes empresas a costa de la realidad de miles de trabajadores y sus familias.

La denominada Ley de Protección al Empleo ha generado que ya unas 65 mil empresas se hayan acogido a la suspensión laboral que las exime de la obligación de pagar remuneraciones. Entre ellas, la multitienda Ripley.

Con más de 12 mil trabajadores en todo Chile, Ripley ha debido enfrentar el cierre obligado de algunos de sus locales, como los que se encuentran en las comunas en cuarentena, cuyos trabajadores han quedado sometidos al régimen de la nueva ley, pasando a recibir montos propios de sus Seguros de Cesantía.

Sin embargo, el resto de sus trabajadores, que no han sido forzados por ley a someterse a la nueva legislación, han debido optar entre firmar un pacto con la empresa (para someterse a la ley) o no firmar dicho pacto y quedar sujetos a un probable despido y a reducciones salariales.

En ese contexto, la empresa comenzó a ofrecer un “bono” para estimular la firma de este pacto, el cual consistió en el pago único de $150 mil para quienes trabajan full time y de montos sucesivamente menores para quienes trabajan turnos más acotados. Así, un estimado de más de 8 mil trabajadores y trabajadoras firmaron el “Pacto de Suspensión Laboral“, entre el 9 y 15 de abril, según estimaciones de los propios trabajadores.

Este grupo pasó a quedar sujeto a la Ley de Protección al Empleo, y desde el 30 de abril deberían haber comenzado a recibir sus primeros sueldos emanados del Seguro de Cesantía, según la misma empresa les habría expresado.

No obstante, estos sueldos no llegaron el 30 de abril, por lo que Ripley ofreció un préstamo a este grupo de trabajadores (quienes sí firmaron el pacto), como forma de respuesta ante este supuesto retraso de parte de la AFC (Administradora de Fondos de Cesantía).

Como se lee en el comunicado que Ripley envió a los trabajadores que firmaron el pacto, el préstamo se pagaría luego en 10 cuotas, sin interés, a contar de enero de 2021.

Al respecto, el Presidente Federación de Sindicatos de Empresas Ripley, Leandro Cortez, sostiene que esta oferta de préstamo “causó un malestar y una discriminación también. Porque vemos que la empresa tiene plata para pasarle a un grupo, pero no se hace cargo de todos los trabajadores“.

“Si la empresa quisiera realmente ayudar a los trabajadores, hubiera ofrecido el préstamo para todos y no solo para un grupo”, enfatiza.

En la misma línea, El Desconcierto consultó a la AFC sobre este supuesto retraso en el pago de los dineros del Seguro de Cesantía, y desde el organismo respondieron que si bien no pueden entregar información detallada del caso porque la ley no se los permite, “todo depende de la fecha en la que el empleador informó que comenzó la suspensión de contrato“.

“Una vergüenza”

Para el Doctor en Derecho y profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Caamaño, ofrecer prestamos a trabajadores luego de haberse acogido a la Ley de Protección al Empleo simplemente “no corresponde, porque se supone que esta ley está para empresas que de verdad tiene problemas económicos que les impide cumplir su obligación de pagar las remuneraciones. En un principio, cuando hay situaciones de contingencia como la que estamos viviendo, por la naturaleza que tienen las relaciones laborales de ser subordinadas, por cuenta ajena el empleador tiene que asumir el riesgo y seguir pagando la remuneración. Ahora, como no todas las empresas tienen la espalda económica para pagar surgen políticas públicas para apoyar a las empresas más pequeñas, pero eso significa un cierto nivel de seriedad y de marco ético porque en el fondo si tienen medios económicos no deberían acogerse a esto”.

En ese sentido, Camaño criticó que “con la reforma que aprobó el gobierno el costo de la crisis lo están pagando los trabajadores. O sea la empresa recibe subsidio, se ahorra la plata de las remuneraciones y a los trabajadores se les está pagando con cargo al Seguro de Cesantía, entonces me parece que están totalmente abusando de la situación de necesidad de las personas y eso no puede ser. Si tienen los medios, paguen las remuneraciones y cuando ya no puedan hacerlo, ahí que se acojan a los beneficios o ver alguna otra opción”.

“La responsabilidad social comienza por dentro, por el trato que se le da a los trabajadores”, dice Caamaño.

En el mismo sentido, el dirigente Leandro Cortez sostiene que para los trabajadores “Ripley nunca debió haberse acogido a esta ley, porque el espíritu de la ley era para empresas más chicas, después fueron cambiando las cosas”.

Asimismo, Cortez advierte: “Esto igual puede ser una trampa, porque imagínate después te despiden y vas a tener que pagar igual la deuda, y vas a quedar sobre endeudado”.

El Desconcierto contactó con Ripley para aclarar el alcance de esta situación, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.

 

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