Trabajadores a Honorarios del Estado | Fotografía de Agencia Uno
«Al año 2028, de aprobarse este proyecto, las y los independientes tendrán que cotizar por un 17,4%, a lo que, si sumamos el 6% adicional del proyecto de reforma de pensiones, termina en un 23,4%. Todo esto con cargo exclusivo al ingreso de las y los trabajadores», calculan desde UNTTHE, donde emitieron un comunicado que enumera todas las razones por las que consideran que el proyecto abusa una vez más de funcionarios que ya carecen de derechos laborales.
Este lunes la Federación de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Estado (UNTTHE) publicó un comunicado en el que se refiere a la tramitación y contenido del proyecto anunciado por el Gobierno, para ayudar a quienes emiten boletas y/o laboran de forma independiente, en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19.
«Valoramos que la Comisión de Trabajo en el Senado acordara hoy, por unanimidad, suspender la tramitación del proyecto ‘Seguro de protección de ingresos para trabajadores/as a honorarios’. Esperamos que se rechace completamente la iniciativa y se reconsidere la devolución completa de impuestos», comienza el escrito, que luego pasa a detallar las razones que motivan esta petición.
«El gobierno propone aplicar para trabajadores/as independientes un seguro ante situaciones excepcionales de calamidades, catástrofes naturales, crisis económicas o sanitarias, las que deben ser establecidas por la propia autoridad. Por lo tanto, es un seguro al que no se puede acceder regularmente y no protege ante despidos arbitrarios en épocas de normalidad. Este es uno de los principales problemas que afectan las y los trabajadores a honorarios ya que carecen de derechos laborales tanto en el sector público como privado», sostienen desde la organización sindical.
Así también, aseguran que dentro del mecanismo señalado por el proyecto, quedarían excluidas las boletas emitidas de forma manual, y con ellas una gran parte de los adultos mayores que trabajan a honorarios, y que utilizan este sistema.
Por otra parte, establecen que «el seguro se financia con un aporte obligatorio y permanente del 0,4% de los ingresos que perciban todos los trabajadores independientes que emiten boleta de honorarios. Este se sumará a los descuentos de la emisión de boleta mensual y luego será retenido en la devolución de impuestos 2021. Esto implica un aumento del 0,4 de la cotización obligatoria y una disminución de la remuneración líquida de las y los trabajadores, que ya se encuentra afectada por la progresión anual de la ley 21.133″.
«Al año 2028, de aprobarse este proyecto, las y los trabajadores independientes tendrán que cotizar por un 17,4%, a lo que, si sumamos el 6% adicional del proyecto de reforma de pensiones, termina en un 23,4%. Todo esto con cargo exclusivo al ingreso de las y los trabajadores», calculan desde la Federación.
«También plantea que los/as trabajadores/as que en los 12 meses posteriores al uso del seguro tengan rentas mayores a las percibidas antes de optar al beneficio, deberán devolver el monto total recibido por el periodo que hicieron uso del seguro. Esto, sin aclarar a qué se refieren exactamente con renta mayor, los criterios para definir esta renta, y si se considerará como aumento del ingreso el reajuste anual percibido por algunos/as trabajadores/as a honorarios», acusan.
«El monto de US$300 millones es absolutamente insuficiente y está por debajo de los US$2.000 anunciados a principios de abril para apoyar a los trabajadores informales (…) el apoyo económico que recibirá cada trabajador o trabajadora no permite cubrir las necesidades básicas en un hogar, de hecho, muy pocas veces alcanza el sueldo mínimo. Si esto le sumamos que las personas pueden acceder a este seguro durante tres meses como máximo, el escenario es crítico», señalan en el documento.
Por último, piden también la devolución completa de la Operación Renta 2020. «Esta medida responde de mejor forma a algunos de los efectos de la crisis sanitaria y tuvo unanimidad en el parlamento, por lo que es inentendible la negativa del ejecutivo. Nos parece que no corresponde que el gobierno busque avanzar en políticas parciales y permanentes respecto al trabajo independiente en medio de una crisis sanitaria, donde no se puede llevar a cabo un debate público que incluya todas las variables que se requieren», finalizaron.
