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Opinión

De la impotencia de la oposición parlamentaria a la articulación de una mayoría social y política antineoliberal

Por: Javiera Toro / Publicado: 15.05.2020
/ Foto: Agencia Uno
Una oposición a la privatización de los servicios sociales que deja a la mayoría de la población en la incertidumbre respecto a su posibilidad de acceder a prestaciones de salud si contrae el COVID-19. Una oposición a la privatización y sobre explotación de los recursos naturales que tiene a poblaciones enteras sin acceso a agua potable en la crisis sanitaria más importante de la historia reciente.

Las últimas semanas se ha abierto un debate sobre el rol de la oposición que nos interpela a todos quienes nos hemos propuesto construir fuerza política transformadora. Más que repartir recriminaciones o excusarnos listando bienintencionados esfuerzos, nos corresponde enfrentar la realidad que muestra que –a  pesar del masivo malestar con las condiciones de vida incubadas en el Chile de la transición– un gobierno al que prácticamente no le queda apoyo social logra retomar el control del debate público y utilizar la crisis sanitaria para hacer avanzar su agenda de profundización neoliberal. La política –donde se resuelven con el apoyo de fuerzas autodenominadas progresistas cuestiones como una ley que permite a las grandes empresas suspender las relaciones laborales mientras se mantienen remuneraciones millonarias a sus directores y se reparten utilidades a los accionistas– parece transcurrir en un plano absolutamente disociado de la realidad de la mayoría del país, que considera escandaloso que el costo de la crisis lo paguen las y los trabajadores.

En particular, desde el Frente Amplio debemos hacernos cargo de que la fuerza que hemos construido ha resultado impotente para hacer avanzar en la lucha política aquellos intereses que nos propusimos representar y que dieron una esperanza a las personas que confiaron en esta nueva apuesta: los de las fuerzas sociales movilizadas contra la mercantilización de la vida durante los últimos 15 años. Lo anterior implica asumir que nuestra irrupción electoral -que nos permitió conformar una bancada modesta, pero que constituye la presencia parlamentaria más significativa de fuerzas por fuera del pacto transicional- no ha significado alterar el carácter excluyente de la política constituida. Esto debe ser el punto de partida para repensar nuestras formas de intervención social y política, las cuales deben evitar subsumir a las organizaciones sociales a las lógicas parlamentarias y, por el contrario, deben desnaturalizar aquella idea de que el rol de lo social se reduce a la agitación mientras que la resolución de la política es monopolio del Congreso o el gobierno. Parte de la autocrítica necesaria dentro del Frente Amplio implica asumir que su actual forma de intervención ni ha sido útil para canalizar las demandas sociales ni ha permitido que la sociedad constituya sus propias formas de representación política.

No quiere decir esto que la izquierda parlamentaria no ha logrado nada en favor de los sectores subalternos. Avances como el fin del DICOM por deudas educativas o la aprobación del proyecto de 40 horas probablemente no se habrían logrado sin una conjunción de movilización social y fuerza parlamentaria. Probablemente, tampoco estaríamos frente a la posibilidad de iniciar un proceso constituyente democrático si la tarea de defender en la arena institucional el anhelo popular que desbordó las calles hubiera recaído únicamente en los partidos concertacionistas que durante 25 años preservaron y perfeccionaron el proyecto dictatorial. Sin embargo, estas cuñas que se han logrado introducir en la institucionalidad vigente han sido claramente insuficientes para responder a los intereses de las mayorías populares. Y ello lo ha dejado claro el nuevo pueblo que se ha expresado a partir del 18 de octubre.

Esta impotencia no es solo un problema para quienes formamos parte del Frente Amplio, sino que termina ampliando la brecha entre la política constituida y la sociedad, que no encuentra en las instituciones una vía de representación de sus necesidades y anhelos. Este debilitamiento de la legitimidad de la política erosiona la democracia y favorece a quienes tienen de su lado el poder económico y militar. Así lo hemos visto en la actual coyuntura sanitaria, que el Gobierno ha utilizado hábilmente para reforzar el estado policial e intentar instalar una especie de suspensión de la democracia, haciendo llamados a la unidad nacional para exigir a todos los actores políticos subordinación a su propio programa.

Por ello, desde la izquierda no podemos ser indiferentes cuando somos interpelados por las limitaciones de la oposición. Frente a la crisis sanitaria, pero también económica, política y social, se hace más urgente que nunca articular mayorías políticas y sociales que sean capaces de resistir a la iniciativa reaccionaria y mercantil de la derecha. Ello, por supuesto, no significa convertirse en una fuerza obstruccionista frente a la necesaria defensa de la vida, sino en una que tenga capacidad de hacer presente los intereses de las mayorías sociales en las respuestas institucionales a la crisis.

Sin embargo, la necesidad de encontrar a la oposición no puede significar construir mayorías políticas de papel. Porque la oposición que necesitamos construir no es simplemente una casilla a ocupar en el tablero político, sino que es una oposición al modelo de relaciones sociales y económicas que ha imperado en Chile los últimos 40 años. Una oposición a la privatización de los servicios sociales que deja a la mayoría de la población en la incertidumbre respecto a su posibilidad de acceder a prestaciones de salud si contrae el COVID-19. Una oposición a la privatización y sobre explotación de los recursos naturales que tiene a poblaciones enteras sin acceso a agua potable en la crisis sanitaria más importante de la historia reciente. Una oposición a los subsidios estatales a grandes empresas que no retribuyen al país ni protegen a sus trabajadores. Una oposición a los intereses de la banca que aumenta sus nichos de ganancia a través de apoyos del estado al mismo tiempo que es implacable con los deudores educacionales. Una oposición a la precarización del trabajo con una ley permanente de teletrabajo que sobrecarga especialmente a las mujeres. Esto es lo que los nostálgicos de los noventa pasan por alto cuando claman por la unidad de la oposición esperando disciplinar a las fuerzas nuevas tras una reedición de la política de los acuerdos de la transición. La misma política que parece más pantomima que contraposición real de proyectos de sociedad y ha terminado siendo una de las principales causas de su deslegitimación.

En este afán, los acuerdos programáticos de la oposición parlamentaria no bastan. Las iniciativas más recientes que hemos levantado desde el Frente Amplio para hacer frente a la crisis dan cuenta de ello. Las declaraciones firmadas por todos los partidos de oposición con encomiables intenciones, no ofrecen ninguna resistencia a la iniciativa del Gobierno si los mismos que un día llaman a prohibir los despidos -dando la ilusión de que existe una amplia mayoría opositora por la protección del empleo- al día siguiente se descuelgan en negociaciones particulares y aprueban proyectos que permiten dichos despidos.

Es que el desafío de construir fuerza antineoliberal no puede reducirse a la suma de escaños parlamentarios. Una cancha diseñada para asegurar la perpetuación del orden vigente, nunca puede ser el principal campo de intervención de un esfuerzo transformador. De hecho, la única oposición efectiva a la iniciativa autoritaria y mercantil del Gobierno no se ha producido ahí, sino que ha provenido de la sociedad movilizada. Por ello, ante el problema de la ausencia de oposición, nuestra tarea no es recomponer acuerdos vacíos, sino volcarnos a construir con las distintas expresiones del pueblo comprometidas con una sociedad más justa que asegure a todas y todos condiciones de vida digna. Esto no significa renegar de la política ni del rol de los partidos, sino, por el contrario, contribuir a refundarla como una herramienta útil a los intereses sociales mayoritarios.

En este proceso no hay atajos. Ni la urgencia sanitaria y económica, ni la cercanía de los calendarios electorales, son razón para seguir evadiendo esta tarea. Si el Frente Amplio quiere ser un actor que contribuya a construir la oposición que el país necesita, más que abrazar los acuerdos con otros actores políticos a cualquier costa o negarlos ante el riesgo de la cooptación, tiene que dejar de repetir los mismos rituales que han vaciado de fuerza nuestra intervención política y hacerse cargo de nuestra propia incapacidad de constituirnos como un proyecto con una estrategia política de superación del neoliberalismo, más allá de la articulación electoral que configuramos el 2017. Cualquier intento de reducir el desafío de la unidad a acuerdos programáticos y electorales entre los partidos políticos constituidos conlleva el riesgo de seguir acentuando la desconexión de la sociedad con la política.

Ante los desafíos que ha planteado la sociedad movilizada y la acelerada crisis de un sistema que no logra dar garantías mínimas para sostener los aspectos más básicos de la vida, las fuerzas comprometidas con constituir una oposición efectiva a la profundización neoliberal deben dejar de eludir dos tareas fundamentales: por un lado, abordar un balance crítico de las principales iniciativas políticas que apostaron a representar el malestar social expresado en las movilizaciones de la última década. Es decir, la experiencia de la Nueva Mayoría, que en vez de iniciar una transformación del sistema neoliberal, terminó incluso profundizando algunos de sus aspectos; y, la irrupción del Frente Amplio, que no ha logrado encarnar un proyecto de superación de la estrecha transición a la democracia. Y, por otro, recomponer la relación entre la política y el mundo social. Ello requiere dejar atrás la relación de manipulación y suplantación de las organizaciones que caracterizó a la política transicional, y reconocer las nuevas experiencias sociales que se han incubado en el Chile neoliberal, contribuyendo a la constitución política de ese nuevo pueblo que se ha expresado masivamente desde octubre y no se encuentra representado por las orgánicas ni instituciones de la política actualmente constituída.

Se plantean críticamente estas limitaciones no con ánimo de pasar cuentas, sino de resolver en la coyuntura concreta la articulación de una fuerza política y social capaz de resguardar a las mayorías. Frente a la precariedad e incertidumbre que se ha profundizado en el contexto de pandemia, se hace más urgente que nunca construir una protección social entendida como derechos y no como prestaciones individuales. Por lo tanto, articular una adecuada respuesta a la crisis sanitaria y social necesariamente implica comenzar a perfilar una salida del neoliberalismo. Ello significa retomar el horizonte de transformación abierto en octubre. ¿Están dispuesto a ello las fuerzas de la centro izquierda?

Javiera Toro
Presidenta Comunes
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