La era de los héroes

«Estos son los mapas de contagio de Covid-19 que Mañalich mantiene en secreto», se titulaba el reportaje que el pasado 11 de mayo publicaba Interferencia —medio digital chileno—, generando un hito comunicacional y político: la presentación, por primera vez de lo que va de pandemia, de planos georreferenciados con los pacientes confirmados con Covid-19 en distintas comunas del país. Las redes de Internet tenían, por fin, un insumo con el cual evaluar la gestión de la crisis y, los activistas y científicos, una herramienta para sumar a sus propuestas.

Entonces, la respuesta gubernamental fue severa, y sin resistencia de parte de la oposición hasta ahora. «Los datos que ahí aparecen son verdaderos, vale decir, la información es correcta, corresponde a lo que tenemos registrado en el Ministerio de Salud», afirmó el ministro de la cartera; pero su divulgación era totalmente inaceptable. La razón: estábamos ante una filtración ilegítima de fichas médicas y una exposición negligente de la privacidad de los diagnosticados que no podría quedar impune ante la justicia administrativa y penal.

Mientras ello ocurría, ese mismo día, la prensa internacional se hacía eco de otros tres casos de publicación —filtración desde instituciones públicas ligadas a los gobiernos centrales— de mapas georreferenciados que evidenciaban la capacidad de control de riesgo del Covid-19 y la densificación de la bioseguridad local⁄urbana. El primero, era la cartografía detallada de dos centenares de ciudades chinas que demostraría que las cifras oficiales de Xi Jiping no eran del todo coincidentes. El segundo, era el reportaje de la BBC sobre los mapas de EE.UU. —con precisión de las divisiones de los condados y ciudades—, que acusaban a la administración Trump de negligencia temeraria. El tercero, era la liberación de datos digitales de pacientes y personal médico que participaba de Aplicaciones (App) de seguimiento voluntario de cuarentenas, lo que si se comparaba con los mapas y grafos del Instituto Robert Koch, evidenciaría el abandono de ciertas regiones del antiguo régimen.

Sin embargo, ¿cuál es la diferencia de enfoque del debate público entre aquellos casos y el nuestro? Simple: la valoración superior de los derechos humanos y, en particular, el reconocimiento de la jerarquía de la libertad de expresión. En Chile, en cambio, la perspectiva del modelo de economía de la salud que nos han impuesto prescinde del enfoque de derechos humanos y todo lo reduce a conflictos de responsabilidades privadas en el ejercicio del derecho a la salud. Así, el usuario⁄paciente tiene un derecho civil sobre una ficha médica, radicando en él la libertad del autocuidado y la libertad de acceder al mercado de la seguridad social que elija, en plena pandemia incluso pudiendo especular con ella al contratar seguros complementarios. En ese paradigma, no es paradoja menor, que la información pública sea controlada con puño de hierro por el gobierno —por muy reducido que sea el Estado— y en ese campo los ciudadanos no tienen espacio alguno.

Por ello, vale recordar el número 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que está reservado a la libertad de opinión y expresión. Para ser precisos —y no dar lugar a un debate ontológico sobre derechos y deberes—, la libertad de opinión y expresión incluye el ejercicio de las facultades de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Libertad de expresión, uno e inalienable

¿Cuál es la limitación universal y legítima de este derecho?

En cualquiera de las normas internacionales que la consagran, la frontera de la libertad de opinión está siempre demarcada por la línea roja que, al ser traspasada, provoque daño a las personas. Y eso no estará jamás distanciado de la ética ni de las aspiraciones de la democracia.

En el caso de las conductas negacionistas, que se amparan en el abuso de la libertad de expresión para distorsionar la historia y justificar los crímenes de lesa humanidad, el límite está dado por el derecho a la memoria de las víctimas cuyos familiares, grupos políticos que fueron perseguidos y, en último término, la comunidad que comparte los valores de la tolerancia y de la paz, atesoran como un bien superior inherente a su propia identidad, autonomía y libertad.

Ahora, respecto de la pandemia, distintos organismos bajo cuyo mandato se encuentra sujeto Chile, han actualizado resoluciones y recomendaciones vinculantes que explicitan los estándares de la libertad de expresión, el derecho a la información veraz y la libertad de informar. Las normas constitucionales y leyes nacionales sobre estas prerrogativas han quedado superadas por la crisis del Covid-19.

Hoy, el hecho primordial es calificar a la prensa como fuente necesaria en el control democrático de la gestión de la crisis. Asimismo, la calificación de la información médica individual como herramienta esencial y legítima para el control estratégico de la enfermedad y su efecto en la esfera de derechos humanos de la población. El Alto Comisionado de DD.HH como la Relatoría Especial del Derecho a la Libertad de Expresión y la Unesco, en el sistema de Naciones Unidas; y, en particular, la Comisión y la Corte Interamericana de DD.HH, así como la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, han determinado que la jerarquía de esta prerrogativa es superior a los derechos sobre la ficha médica de un paciente, sobre la dirección de un centro médico o sobre el gasto del erario público en herramientas de bioseguridad y la recuperación o la atención paliativa de un enfermo.

Y, en el contexto del Parlamento de la UE y de varios países de la OCDE, ese estándar de exigencia de transparencia en la información pública además está relacionado con los principios de derechos humanos, consagrados expresamente en su Carta específica, que reconocen el derecho a una buena administración pública.

Por esto, para quienes revelan datos sensibles sobre las víctimas de la Covid-19, el límite se encuentra precisamente en el derecho a la libertad de expresión ―que contempla la reserva de datos personales específicos para salvaguardar la dignidad humana frente a discriminaciones y agresiones― de los pacientes contagiados, de sus familiares y vecinos. No obstante, en nuestro país, ha sido una frontera vulnerada por la televisión, especialmente por sus matinales, y ha ocasionado manifestaciones hostiles hacia comunidades de inmigrantes. A la vez, ha sido una información vedada a los municipios, pese a la fuerte presión ejercida por alcaldes y parlamentarios, a raíz de la probabilidad cierta de que las redes administrativas no puedan controlar el riesgo de filtración de datos delicados.

El Estado puede, sin embargo, vulnerar la libertad de expresión al limitar o intervenir fácticamente el acceso de las personas a la información pública. Así pues, la excepción constitucional de catástrofe por la propagación de la Covid-19, no da espacio a la configuración de condiciones mínimas para negar a la población el derecho a disponer de datos que le permitan contribuir a proteger su propia integridad.

El gobierno de Piñera no puede invocar razones de seguridad nacional, de defensa, de seguridad pública, de funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, y menos apelar a una garantía de confidencialidad o secreto requerido en procesos de toma de decisión, para impedirles a expertos de la comunidad científica, y a otros actores, como el Colegio Médico, la Mesa Social, y los funcionarios del ministerio que lo han solicitado durante semanas, el acceso a microdatos anonimizados. No se trata de información confidencial del paciente, sino de estadísticas generales, como fecha de contagio y hospitalización, edad y sexo. No es nada especial lo que se demanda. México, Ecuador, Colombia y Cuba, hacen públicos estos datos desde inicios del coronavirus. Aquí la subsecretaria de Ciencia, revelando la discrecionalidad con que el Ejecutivo utiliza las estadísticas médicas, ha respondido que «tal vez hoy no es el momento para exigir ese tipo de información», tras lo cual el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, se retiró de la mesa que integraba en representación de las universidades de Chile y Católica.

Cuando tomemos distancia del actual momento convulso que atraviesa la sociedad chilena, confirmaremos que fue una era de héroes y heroínas, de iniciadores de una épica posmoderna basada en el dominio absoluto de la persona y sus derechos. Sobre el fondo gris del discurso endocentrista, pusilánime y taciturno, veremos brillar la luz de luchas de reconocimiento que destacarán en los campos del derecho a la alimentación, lo mismo que en el de una vejez digna, de una infancia y adolescencia que piensa y participa en la construcción social de la realidad. Y veremos a luchadores y luchadoras dar testimonio sin eufemismos del derecho a la libertad de expresión.

Información es poder contra la incertidumbre

Ha sido el jefe de la cartera de Salud quien ha convertido en cruzada personal el dominio centralizado y autoritario de la información, y quien, una vez descubierto el dramático secreto que escondía la región Metropolitana, ha advertido que llevará la investigación sobre la filtración de microdatos hasta las últimas consecuencias. Lo concreto es que la filtración ha destruido la narrativa de que una gestión autoritaria y secretista, como la de Jaime Mañalich, estaría mejor calificada para proteger a la población contra la pandemia.

Chile, desde luego, no es China, donde esta semana se filtró la base de datos elaborada por la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa, que contenía 640 mil casos, recogidos de 230 ciudades, y que refieren a ubicaciones de hospitales, pero también de edificios de departamentos, hoteles, supermercados, estaciones de trenes, restaurantes y escuelas de todo el país. Si cada uno tiene el sistema político que quiera, en la desenfadada opinión sobre China del presidente Piñera, no da lo mismo una sociedad cerrada, como la que desnudó Tiananmén, y una sociedad abierta, como la promesa de la plaza Dignidad.

Y aunque no lo parezca, Chile tampoco quiere ser como Vietnam, donde los órganos estatales que controlan las epidemias son los mismos que reprimen las expresiones públicas de disidencia. El fuerte de su enorme poder de control es una gran maquinaria de inteligencia humana de acopio con la capacidad de rastrear y localizar a la gente en persona, algo parecido a los brazaletes aconsejados por el alcalde Carter

¿Qué podría ocurrir tras las filtraciones?

Literalmente georreferenciar alude a una zona geográfica específica dentro de la cual se recogen datos u otro tipo de información. Se distingue de la geolocalización, que es más precisa y más activa, pues consiste en un sistema de detección de posición, que incluye datos de la zona, calles, locales, infraestructura y otros. En esto, no se diferencia de lo que hacen los países que luchan por el control de la geopolítica de la bioseguridad.

En consecuencia, son puntos imprecisos en un mapa difuso; no hay domicilios ni identidades. Imágenes que tuvieron la virtud de precipitar la cuarentena para la casi totalidad de la población metropolitana, lo que ni los liderazgos mayor ascendiente habían logrado. Acusar a Interferencia de ignorar las directrices editoriales que deben regir la cobertura de la crisis por haber revelado los puntos de concentración de la pandemia, además de dejar en muy mal pie la defensa de los derechos digitales —y, sobre todo, la promoción de los estándares internacionales de derechos humanos—, es un salvavidas de plomo para quienes han venido coartando sin miramientos las libertades públicas.

Cuanto ocurre al ministro de Salud en la presente crisis no es muy distinto de la sombra de descreimiento que acompaña al ministro de Defensa desde el 18 de octubre. «Mañalich debe explicar al Senado si perdió el control de la pandemia», ha exhortado el senador Rabindranath Quinteros.

Este domingo habrán pasado siete meses desde el estallido social de octubre sin haber visto las luces sobre los autores del incendio del Metro. En diciembre el ministro de Defensa, Alberto Espina, había anunciado con cierta urgencia: «Van a haber sorpresas», explicando el porqué de su optimismo «una de las cosas que yo aprendí como ministro de Defensa es que la información de inteligencia no se comenta. Primero no se comenta porque el ministro tiene la obligación de no comentarla y, en segundo lugar, porque la información de inteligencia se analiza por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que tiene un nuevo director, que realmente está haciendo una labor muy importante, que tiene una importante experiencia como ex almirante».

Sin embargo, antes que el ex almirante pudiera dar crédito de sus talentos, han trascendido las sanciones contra los eventuales autores de agresiones contra Carabineros ocurridas en los meses siguientes. Pero de la quema de estaciones, aún nada.

Es tiempo, de tomar mayor conciencia sobre cómo democratizar la libertad de expresión, como acceso y difusión de información relevante para la participación, y el derecho a la protección de la salud y la bioseguridad mirando más allá de nuestra coyuntura. El primer paso será dejar de dar valor sacrosanto a la Constitución y al modelo económico de privatizar en mercados el ejercicio de los derechos humanos. Aquellas normas han sido superadas por las circunstancias. El segundo será creer en la legitimidad superior de las normas internacionales de derechos humanos, porque son las únicas que dotan de sentido y significado real a las libertades que añoran desde la izquierda y centroizquierda hasta la derecha liberal. Y los siguientes pasos vendrán con el apoyo a un Estado convencional de derechos humanos propios de un país de la OCDE.