Baleados por no pagar el arriendo: El brutal desalojo a disparos de miembros de comunidad migrante

Roseland Luis (29) llegaba a su casa en El Bosque después de haber ido a la feria, cuando recibió el llamado de alerta: su hermano desde Estados Unidos le advertía sobre un posible problema de salud que aquejaba a Jean- Ricot Luis (31), su otro hermano que vive en Chile, todos de nacionalidad haitiana. Ella intentó comunicarse con su hermano que siempre le contestaba a la primera llamada. Esa vez, sin embargo, todas las llamadas terminaron en el buzón de voz.

Angustiada se comunicó con otro familiar que le dio las primeras luces de lo que pasaba: a su hermano lo habían baleado hace unas horas y estaba internado el Hospital Barros Luco. Las razones eran todavía desconocidas. En el camino hacia el recinto médico, recibió una segunda llamada: había fallecido. Fue el miércoles 29 de abril a las 14:30 horas.

“Cuando llegué al hospital encontré a la Policía de Investigaciones (PDI), le pregunté por mi hermano, qué pasó, cómo estaba. Solo me confirmaron que estaba muerto. Fue lo único que me dijeron porque no nos dejaban pasar “, recuerda de ese día.

Otros familiares que llegaron hasta ese lugar le explicaron lo que había pasado casi dos horas antes. Su hermano subarrendaba una casa a dos familias de haitianos en la comuna de San Ramón y esa mañana había discutido con los dueños de la casa que pedían mantener trato directo con los arrendatarios. Roseland cuenta que, de acuerdo a los testigos, su intención era desalojar a la gente del departamento que no contaba con documentos regularizados para arrendar en otro lugar. Jean se negó y  la discusión fue subiendo de tono.

“Mi hermano tenía un contrato indefinido, pero ellos querían negociar con la gente a la que mi hermano les había arrendado. Ahí siguieron el altercado hasta que la hija del dueño sacó su celular e hizo una llamada. Pasaron menos de cinco minutos y apareció por la esquina un vehículo del que se bajaron unos tipos. Primero apuntaron a uno y ella dijo que a él no, y ahí le dispararon a mi hermano, cuenta Roseland, de acuerdo a los relatos de los vecinos.

El certificado de defunción de Jean-Ricot detalla como causa de muerte un “traumatismo toráxico por bala sin salida de proyectil”. Fueron tres impactos de bala, además de una brutal golpiza que le dieron al joven haitiano, como lo pudo constatar Roseland en el Servicio Médico Legal. Ella cree que, de no haber sido por eso, su hermano podría haber llegado vivo al hospital.

El velorio de Jean fue en un local que arrendó su familia en La Cisterna y su funeral en el Cementerio Metropolitano, al que asistieron no más de diez personas, todos a un metro de distancia y con mascarillas. Una situación angustiante que no terminó ahí. Cuando volvían a su casa nuevamente un grupo llegó hasta la casa, gritándoles, y disparando al cielo.

Hoy Roseland solo quiere despejar las dudas sobre la muerte de su hermano, y saber quiénes estuvieron detrás de su muerte. El caso es investigado por la Fiscalía Metropolitana Sur a cargo del fiscal de Delitos Violentos, Miguel Palacios, que por ahora ha citado a declarar a su hermana y ha instruido las primeras pericias a la Brigada de Homicidios de la PDI, según informaron a este medio. Por ahora los únicos antecedentes que manejan es que la víctima fue atacada en la vía pública con arma de fuego por sujetos que se dieron a la fuga en un vehículo.

Retraso en el pago 

Otro caso de agresión contra la comunidad haitiana, se registró el miércoles 6 de mayo en Santiago Centro. Problemas derivados del arriendo fueron el motivo que desató una balacera contra un grupo de haitianos que vivían en una casona ubicada en Huérfanos con Esperanza. De ellos, uno resultó herido en su pierna: Piquesson Pyrame (26).

Su primo Antonio Prian, quien decide relatar la historia por su manejo del español, explica que entre cuatro personas arrendaban una pieza de una casona antigua, por la que pagaban $150.000 mensuales a otros extranjeros de nacionalidad peruana.

Antes de hacer el pago -el día 5 como cada mes- un grupo de desconocidos que portaban armas entró violentamente al lugar exigiéndoles el pago. “Llegaron para robarnos, porque nadie estaba discutiendo con ellos. Tenían una pistola y encañonaban a varias personas. Ellos lo hicieron para que no llegara otro grupo a cobrarnos al día siguiente y quedarse con esa plata”, explica.

Por el contexto de la pandemia, la mayoría de ellos se ha visto obligado a dejar sus trabajos como vendedores ambulantes y, en el caso de Antonio, como ayudante en un restaurante.

“No teníamos el total de la plata reunida. Le dimos esas razones, pero nos dijeron que era obligación para seguir ahí. Ahí balearon a mi primo en la pierna. Llegó la PDI por los llamados de los vecinos. Nosotros llevamos a mi primo a la posta y hasta le robaron el celular”, recuerda.

Las cuatro personas que vivían en esa pieza se cambiaron al otro día a otra habitación en la calle Santo Domingo. Dicen que ha sido complejo enfrentar un cambio en estas circunstancias y que tuvieron que  pagar el mes con parte del seguro de cesantía. Por eso también han tomado contacto con organizaciones migrantes que están prestando ayuda con alimentos y productos básicos.

Por ahora, el caso lo denunciaron a la Fiscalía y están a la espera de ser notificados para prestar declaraciones.

Recrudecimiento de la violencia

Ambos casos develan las dificultades que vive la comunidad haitiana respecto al arriendo de viviendas, lo que se suma a las denuncias por tratos discriminatorios a raíz de la pandemia. Una situación que preocupa a las organizaciones migrantes.

Ivenet Dorsainvil, vocero de la Plataforma Nacional de Organizaciones Haitianas e integrante del consejo consulto del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), asegura que la pandemia ha agudizado la violencia contra la comunidad donde están implicados varios factores: “La pandemia hace que la gente sea más violenta por la angustia que generan los problemas, pero también  a partir de esa violencia mediática que la gente recibe como una señal”, explica. Luego agrega que la comunidad está afectada en términos laborales por la aplicación de la ley de protección al empleo. “Muchos son trabajadores informales, que trabajan en la calle y que ahora no pueden hacer nada”, acota.

Sobre los arriendos, dice que en muchos casos ha quedado a criterio de los dueños de las casas: a algunos los han dejado pese a los atrasos y a otros los han sacado abruptamente. Aquí da el ejemplo que observa en la comuna de Quilicura: “Algunos les están pidiendo las casas y no pueden encontrar arriendo, menos si han pasado por la enfermedad (COVID-19). Hay muchas personas que no tienen plata para seguir arrendando”.

Además, explica que más allá de la pandemia ya enfrentaban problemas por los documentos y ahora quienes no están regularizados no pueden acceder a los beneficios sociales.

Eduardo Cardoza, vocero del Movimiento de Acción Migrante (MAM), cree que se requieren medidas urgentes por parte de las autoridades por razones humanitarias, como congelar los desalojos que también se han registrado en comunas como Independencia. Además, cree que la justicia debe ser implacable en estos casos. “No es tolerable que del abuso inmobiliario se pase a la amenaza a la vida de forma gratuita, en medio de una pandemia y en los meses de invierno”, expresa.