Las escandalosas cifras de la pandemia en las cárceles: Hay más gendarmes que presos contagiados en Chile

La familia del recluso Adolfo Morales (71), se enteró de su grave estado de salud por un acto de buena voluntad. Varios días habían pasado desde que tuvieron que dejar de visitarlo, debido a la restricción de visitas en la ex Penitenciaría desde mediados de marzo. La medida se extendería a todos los recintos penitenciarios del país y fue respaldada por los internos de la cárcel ante la inminente escalada del COVID-19.

Pese a no poder verlo, sus hijas dicen que hablaban periódicamente con él a través del servicio de teléfonos públicos dispuesto al interior del penal, cuentan que en la última de esas conversaciones -realizada el domingo 24 de mayo- Adolfo les dijo que se sentía mal, pero que no se preocuparan porque estaba usando mascarilla.

El teléfono no volvió a sonar en días, hasta que un compañero de encierro de su padre las logró ubicar. “Mi papá tenía una agenda y en su librito siempre tenía los teléfonos de mi hermana y el mío. Como uno de sus amigos se quedó con sus cositas, él nos avisó lo que le estaba pasando”, cuenta una de sus hijas.

En la llamada, las descendientes de Morales fueron alertadas que su padre se encontraba grave y que por su delicado estado de salud había sido trasladado a la Posta Central. Morales no fue el único en esa condición, Jorge Díaz, otro interno de 75 años, también fue trasladado al mismo recinto. Las hijas de Morales aseguran que de no ser por la alerta que recibieron por otro interno, ni siquiera se habrían enterado.

A los pocos días Adolfo y Jorge perdieron la vida, solos en el hospital.

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Tutela del Estado

El coronavirus no perdona a nadie, sin excepción. Morales cumplía una condena por violación de menores y Díaz lo hacía por Femicidio. Este último, pese a su edad, no pudo optar al indulto conmutativo que fue aprobado el 8 de abril y que benefició a 1300 internos, debido a la gravedad del delito cometido. A pesar de ello, ambos estaban bajo la tutela del estado.

“Los presos están condenados a cumplir una cantidad de tiempo de privación de libertad, pero eso no implica que tengan que cumplir con la privación de otros derechos como el de la salud o la dignidad humana,  la diferencia entre un delito y otro va a estar determinado por la cantidad de tiempo que deban cumplir, no al rigor al que se vean expuestos al interior del penal”, indica el abogado penalista Jaime Winter.

Lo cierto es que ambos casos, son la cara visible de una crisis sanitaria que se extiende al interior de las cárceles.

Según información oficial de Gendarmería, hasta el cierre de esta edición, había un total de 458 privados de libertad y 493 funcionarios contagiados con Covid-19, cuya suma de casos es más alta que toda la región de O’higgins. Sobre estos datos, que indican una mayor presencia del virus entre funcionarios, Gendarmería señaló a El Desconcierto que “el personal que cumple funciones en las distintas unidades penales y especiales del país, al igual que la mayoría de los ciudadanos, deben trasladarse necesariamente desde sus domicilios particulares hasta sus lugares de trabajo, sin embargo es importante señalar que incluso tomando la mayor cantidad de resguardos y recomendaciones de la autoridad sanitaria y siguiendo todos los protocolos establecidos por nuestra Institución, existe  la posibilidad de contagiarse con COVID -19 en estos trayectos”.

Además de los contagiados, las cifras de la institución dan cuenta de un funcionario y un recluso fallecidos. Morales, sin embargo, no apareció en los registros oficiales de la institución ya que, según Gendarmería, están a la espera del resultado de su examen PCR, pese a que su caso clínico contempló todas las medidas correspondientes a la de un contagiado y, según los actuales criterios del Minsal, su muerte debió haberse contabilizado como deceso producto de COVID-19.

Según el certificado de defunción de Adolfo Morales, su causa de muerte se debió a una neumonía viral, shock séptico y falla multiorgánica. Una de sus hijas comenta que pudo ver el cuerpo de su padre al interior de una bolsa y que esta tenía escrita con un lápiz la palabra “Covid”.

La mujer añade, que la despedida de su padre ha sido dura, que ha intentado comunicarse con Gendarmería pero no ha tenido respuesta y que lamenta profundamente que haya tenido que enterarse de que su papá estaba enfermo -y de quien no pudo despedirse- por el llamado de otro interno. Todo esto pese a que según Gendarmería existe un protocolo “para tales contingencias”, el que indica que las asistentes sociales de las institución deben comunicar a las familias en caso de hospitalizaciones y fallecimientos.

Un escenario complejo

La grave situación al interior de los recintos penales fue advertida por el Colegio Médico, quien en un comunicado elaborado por el departamento de derechos humanos de la institución a principios de abril señaló que: “lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de los funcionarios de Gendarmería, podemos señalar que la propagación de la pandemia del covid-19 al interior de estos recintos ha evolucionado en una situación sanitaria fuera de control, que amenaza con agravar el problema de salud pública ya existente, convirtiéndose además en un problema de seguridad para toda la población”.

En el mismo documento se advirtió que en caso de no controlarse los brotes, “son esperables escenarios” como pérdidas de más vidas, amplificación de los casos a las comunas donde se ubican los recintos y saturación de la red pública de salud. Esto, sumado a una serie de irregularidades que vaticinaban el desastre que se avecindaba: escasez de insumos de protección personal para gendarmes, un solo termómetro a distancia para todo el recinto, fugas de agua, almacenamiento de basura en descomposición y  salas donde cohabitaban casos confirmados y sospechosos de COVID-19.

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Según información entregada por Gendarmería el recinto penitenciario con más casos es el de Puente Alto, con 279 reclusos y 111 gendarmes contagiados. La grave situación en dicho penal llevó a que el Juzgado de Garantía de Puente Alto oficiara el pasado 12 de mayo al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia para que evalúen un cierre parcial de la cárcel de la comuna. A su vez, la organización «81 Razones» -creada tras el incendio en la cárcel de San Miguel- presentó un recurso de amparo el mismo día, con el que solicitaron una revisión de las condiciones sanitarias de la Cárcel de Puente Alto, con el fin de propiciar un eventual cierre del recinto.

“Lo que pasa es que es que Puente Alto y la Peni no cumplen los estándares mínimos para los privados de libertad. El Estado es soberbio, cree que las personas son animales, que no piensan, y ahí tienes las consecuencias. La peni, por ejemplo, se va a caer. No cumple ningún estándar. ¿Por qué no la cerramos mejor antes que se mueran 4 mil quinientas personas? ¿Qué estamos esperando? Otra tragedia como la de los 81 de San Miguel”, explica Galo Muñoz, Director Ejecutivo del Observatorio Social Penitenciario.

Muñoz agrega que ha existido una “negligencia feroz” del Estado, pues se sabía de la existencia de un paciente cero y no se tomaron las medidas pertinentes. “Yo le pedí personalmente al Colegio Médico que fuera Puente Alto. La primera vez habían cinco  y ahora están contagiados 279, casi un tercio de la población penal del recinto, o sea, una de cada tres personas. Hubiera bastado que los aislaran en una torre, pero empezaron a trasladarlos a otras unidades. Mi pregunta es, ¿y esos que se fueron, salieron con el PCR en la mano?”, se pregunta Muñoz.

Si bien la cifra de contagios en la cárcel de Puente Alto no ha cambiado desde inicios de mayo, según Enrique Morales, presidente del departamento de derechos humanos del Colegio Médico, la situación se debe a que no se han realizado exámenes en ese lugar ni tampoco en la ex Penitenciaría hace más de un mes y no a un freno de la enfermedad.

“La situación actual es que lamentablemente en esos recintos penitenciarios, en todo el mes de mayo, no se tomaron nuevos PCR para Covid 19, lo que significa no conocer los nuevos casos”.

Sobre este punto y consultado por El Desconcierto, Gendarmería comunicó que “en Puente Alto no se han realizado PCR, porque no han habido casos con orden médica para realizarlos.  Como con el resto de la población en Chile, se están realizando PCR con casos con cierta sintomatología”.

Esa no es la única irregularidad que Enrique Morales, junto al colegio médico ha podido advertir en sus visitas a distintas cárceles, según el especialista: “Nosotros pudimos ver el gran esfuerzo que tenían los funcionarios de salud en la ex penitenciaria, pero el personal es escaso y a raíz de la situación del Covid la semana pasada, por ejemplo, del total de enfermeras y paramédicos, solo quedaba trabajando una enfermera. No quedaba nadie más, todos estaban o contagiados o en cuarentena. Por lo tanto, ella tenía que absorber todo el trabajo de lo que significan más de 4000 reclusos. La falta de personal es terrible e inaceptable. Este problema debe ser abordado por el Ministerio de Salud”.

Lo anterior es de suma gravedad considerando los históricos problemas de hacinamiento y atención que se vive en la cárceles chilenas. Según el último Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se pudo constatar que 19 de 40 cárceles están por sobre su capacidad, encontrándose 11 en un nivel crítico de ocupación. El reporte también indica que la mitad de las unidades penales masculinas y un tercio de las femeninas no cuentan con las camas suficientes para sus internos y que la proporción del personal de salud para los reclusos es de uno por cada 49 presos.

“Va a quedar la escoba en varios lugares, porque los beneficios se restringieron. Imagínate si alguien sale con dominical, qué pasa cuando vuelve. No va a poder regresar al módulo si durmió en la calle, entonces tiene que hacer cuarentena preventiva, pero tampoco hay un lugar para hacerlo. Mejor dejémoslo adentro entonces y le seguimos pagando las lucas al amigo empresario”, concluye Galo Muñoz.