Campaña por el Postnatal de Emergencia |
El gobierno ha insistido en que es un proyecto regresivo que no apunta a los factores de fondo que han generado esta crisis. Sin echar pie a atrás, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, ha desviado el tema buscando otras alternativas a la demanda de las familias que no pasen por la extensión del postnatal. Esto ha aumentado la presión desde el Congreso donde, incluso, parlamentarios oficialistas han criticado la falta de apoyo del Ejecutivo. Una carta enviada directamente al Presidente por parlamentarias y familias organizadas y una serie de campañas virtuales manifiestan que es una situación apremiante y una medida concreta para combatir el coronavirus.
“El gobierno está llamando a quedarse en casa, a que se respete el metro de distancia. Pero si el postnatal no se aprueba están obligando a las madres a volver a trabajar. Nos están haciendo optar por cuidar a nuestros hijos o por perder nuestras fuentes de ingresos”, sostiene Andrea Iturry Yamamoto (37), a días de finalizar su postnatal.
Ella es cosmetóloga de una clínica estética, ubicada en Providencia, y tiene contacto estrecho con los clientes que tendría que volver a atender desde la próxima semana de levantarse la cuarentena en esa comuna. Aunque eso por ahora es bastante incierto. Por lo mismo, está abogando por contar con la extensión del postnatal parental y del fuero maternal hasta que finalice la crisis sanitaria, como lo plantea el proyecto de ley que presentaron el 25 de marzo las diputadas Maite Orsini (RD), Gael Yeomans (CS) junto a Claudia Mix (Co) y Marcelo Díaz (PS).
Junto a un grupo de 5 mil mamás han coordinado distintas campañas virtuales para conseguir que el gobierno respalde el proyecto. En estos meses de confinamiento la protesta virtual ha llevado el hashtag #PostNataldeEmergencia, que se ha convertido en trending topic como una muestra de la urgencia de instalar el tema.
En una de las sesiones virtuales del debate legislativo a la que fue invitada junto a otra compañera, explicaron los motivos para que la iniciativa sea acogida: principalmente, el cierre de las salas cunas por la emergencia sanitaria y la falta de redes de apoyo en el cuidado de sus hijos. Esto, considerando que muchos abuelos y abuelas que integran sus redes son más propensos al contagio del virus si es que son diagnosticados con alguna enfermedad crónica de base.
La madre que tiene que volver a trabajar en pandemia, con quien deja a su recién nacido de 5,5 meses? Abuelos no hay, sala cuna no hay. #PostnatalDeEmergencia
— powerleslie (@powerlesliecl) June 8, 2020
Sobre todo han puesto énfasis en que se trata una solución efectiva para la crisis. “Ganarle al Covid también depende del Postnatal de Emergencia«, ha sido uno de los mensajes ampliamente difundidos en las campañas. Para afirmarlo se basan en los datos entregados por en los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud: hasta principios de este mes, la población infectada por Coronavirus entre 0 y 4 años, sumaba 2.160 niños y niñas. Uno de ellos, de 10 meses, falleció en la ciudad de La Ligua. Otra inquietud es que los niños y niñas no han sido vacunados aun contra la influenza y las posibilidades de contagio podrían aumentar.
Esta es una situación que se repite -como lo relata una mamá en el siguiente video- y que ha tomado fuerza para que el proyecto sea acogido en protección de las y los niños, pero que, sin embargo, amenaza con caerse en el Congreso.
Si bien el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 6 de mayo (con 93 votos a favor, 4 en contra y 46 abstenciones) y pasó al Senado, todavía falta que el Ejecutivo apoye la iniciativa para que 23 mil madres o padres que hagan efectivo su extensión.
La discusión ha tomado fuerza con el avance de la pandemia y la incertidumbre de la fecha en que se levanten las medidas sanitarias tomadas por el gobierno. En lo concreto, se sabe que de ese total de beneficiarios, el 40% se concentra en el tramo de remuneración entre el $350.000 y $700.000, es decir, 9.092 personas. Esta fue información aportada en el debate por la Superintendencia de Seguridad Social, a comienzos de abril.
Detalle del informe Superintendencia Seguridad Social
Pese a esto, el gobierno de a poco le ha ido cerrando las puertas al proyecto. Esta semana la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, en dos oportunidades desvió el tema buscando soluciones ‘alternativas’. «A lo mejor el camino es buscar un mecanismo para que todos aquellos quienes están a cargo de menores que no los pueden dejar solos, tengan la posibilidad de si es que están suspendidos, que el ingreso que reciba por parte del seguro de cesantía no decaiga. Esa es una alternativa que se podría analizar«, sostuvo. Luego reiteró que se evaluará la entrega de licencias para enfrentar el tema.
La preocupación para las trabajadoras por esta declaración es que un grupo importante de ellas -como también se precisa en la tabla- reciben sueldos cercanos al mínimo y tienen empleos presenciales: en supermercados, como cajeras o reponedoras, vendedoras en el retail, en cadenas de farmacias, algunas profesionales de la salud, también como funcionarias del sector público.
«Lo que plantea la ministra nos deja completamente de lado. Es irónico porque muchas de estas madres no pueden hacer ‘teletrabajo’ y las pocas que podrían hacerlo tendrán que enfrentarse a un trabajo con un bebé lactante, que es muy difícil”, recalca Iturry, desde la coordinación de mamás.
Por otro lado, en el debate legislativo la ministra puso en duda que el proyecto fuese igualitario considerando las diferencias económicas de las madres trabajadoras. Sobre eso, señaló que se tendrían que desembolsar más recursos en las que reciben remuneraciones sobre los dos millones de pesos en comparación al segmento más beneficiado, con un promedio de casi $490.000. Sin embargo, las mujeres de este primer grupo si podrían optar al teletrabajo.
«Nosotras decimos que las que ganan menos no pueden hacerlo por su mismo tipo de trabajo. Por eso, queremos que sea para todas, sea que tengan Isapre o Fonasa, o si ganan más o menos, es una tranquilidad que deberían tener todas. Pensamos en eso porque al fin y al cabo esa mamá también corre el riesgo de salir a trabajar o de contratar a alguien que le ayude en el cuidado que también sea vector de contagio. La opción que vemos es que no salga a trabajar”, aclara.
El nudo del debate ha estado puesto en la constitucionalidad del proyecto. El Ejecutivo ha insistido en que promover una iniciativa que irroga gasto público, en este caso asciende a $39.759.040.768, es una facultad exclusiva del Presidente, no puede pasar como una moción parlamentaria. Desde ya, informaron que podría ser llevado al Tribunal Constitucional.
Sin embargo, desde el propio sector del gobierno han recibido críticas por su omisión en el tema. Hace unos días el presidente de la Cámara, Diego Paulsen (RN), aseguró que le parecería pertinente darle el visto bueno al proyecto en el contexto que atraviesa el país. «No puede ser que todas las mociones parlamentarias se encuentren con un frontón por parte del Ejecutivo», dijo.
Más crítica ha sido la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD) con este ‘muro constitucional’ que no permite avanzar en derechos urgentes. Sostuvo que «prefería cometer un sacrilegio con la Constitución, que pasar por sobre una demanda urgente«. Por esto, un grupo de parlamentarias y organizaciones salieron en defensa de Muñoz asegurando que era por interés mayor y por la celeridad que se requería.
Para analizar este aspecto, dos profesionales del área fueron consultadas por El Desconcierto. La abogada laboral, Javiera Aravena, asegura que se trataría de un buen proyecto en lo técnico, que se ha puesto en duda solo por este argumento que se ha visto en otros debates, como en el de reducción de jornada laboral a 40 horas impulsados por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola. «En este caso puntual, ya hay cierto acuerdo en que el asunto sigue siendo político y es negarse a proteger a los trabajadores en esta crisis», menciona.
A su vez, la abogada y directora de Derecho Público de Abofem, Florencia Pinto, agrega que es un tema que ha concitado apoyo transversal, incluso de parlamentarias oficialistas como Marcela Sabat y Paulina Núñez, ambas de Renovación Nacional. En su opinión, el gobierno está desconociendo derechos de las familias ante una emergencia por minucias que podrían ser solucionadas de llegar a un acuerdo. «Esto demuestra nuevamente una seria desconexión del Gobierno con las temáticas de género y maternidad, demandas que se han agudizado en un contexto de pandemia que ha obligado a cerrar salas cuna y jardines infantiles», sostuvo.
Esta última semana la presión ha aumentado desde el Congreso para el gobierno, donde también se ha interpelado a la recién nombrada ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, para que acoja esta solicitud.
La diputada frenteamplista Maite Orsini ha llamado, tanto la ministra del Trabajo como de la Mujer, a que trabajen en conjunto para mitigar la crisis. «No queda tiempo que perder, ya hay un proyecto en segundo trámite con apoyo transversal y es el postnatal de emergencia. Terminemos con la angustia de miles», dijo en Twitter, a propósito de una declaración de Zalaquett donde no hizo referencia al tema.
"El Pdte @sebastianpinera me pidió ver caminos para dar solución a las mujeres a raíz de la crisis sanitaria, mujeres que tienen a su cargo a niños pequeños. Me juntaré con la Ministra Zaldivar para buscar herramientas y políticas que las ayuden"
♦Ministra @monicazalaquett pic.twitter.com/l9kgrfHXta
— Ministerio de la Mujer y la EG. (@MinMujeryEG) June 11, 2020
Con la insistencia de las parlamentarias, junto a más de 3.000 familias organizadas, enviaron una carta a La Moneda insistiendo en que el proyecto no sea dilatado, según señaló la diputada Gael Yeomans.
La misiva, que se puede leer más abajo, recalca que «son las mujeres quienes están sintiendo con particular fuerza el impacto de la pandemia, al asumir más tareas no remuneradas en el hogar, tanto labores domésticas como de cuidados». Y agrega que «ante la inexistencia de esta ley de extensión de postnatal, se retrocederá en los avances de inserción femenina en nuestro país y otra vez situaremos al género femenino en un escenario de mayor inequidad y discriminación, aumentando aún más las brechas entre hombres y mujeres».
A su vez, el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros (PS), también interpeló al gobierno por su omisión en el tema, a través de una carta que envió al ministro de la Segpres, Claudio Alvarado. “Sabemos que el gobierno prefiere evitar el mayor gasto de recursos fiscales, pero el Presidente Sebastián Piñera debe comprender que en una emergencia como la que estamos viviendo, no se puede seguir endosando el costo de la crisis a los trabajadores«, indicó.
Mientras que desde la DC, la senadora Yasna Provoste, reiteró que esto busca generar aportes y soluciones concretas a la ciudadanía durante la crisis sanitaria que atraviesa el país. “Vemos a un Ministerio del Trabajo absolutamente ajeno a esta realidad, al margen de esta iniciativa, no le importa lo que le pase a las madres, no le importa lo que le pasen a los niños y niñas”, concluyó.
Pese a esta insistencia, la ministra Zaldívar aseguró que este era regresivo, que beneficiaría a mujeres con mayores ingresos y que no apuntaba al problema de fondo provocado por la pandemia. Este viernes, sin embargo, junto a el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, se reunió con parlamentarios patrocinantes del proyecto para evaluar los próximos pasos que podría seguir el proyecto y comprometió una nueva fecha de discusión para el lunes 15 de junio.
Revisa la carta enviada al presidente Sebastián Piñera:
