| Fotografía de Agencia Uno
“No me cansaré de manifestar que nadie está sobre la ley. Ahora más que nunca necesitamos que la gente confíe en que las decisiones que toma el Ministerio son pensando en lo mejor para ellos y no para el enriquecimiento personal de ciertos funcionarios», señaló el diputado de RN Andrés Celis, quien ya había llevado los antecedentes del caso ante la Contraloría.
Una denuncia en fiscalía fue presentada por el diputado Andrés Celis Montt de Renovación Nacional (RN), por la millonaria contratación de una residencia sanitaria que estaría vinculada con un funcionario del Ministerio de Salud, siendo autorizada por el subsecretario Arturo Zúñiga. El parlamentario, argumentó que, a su juicio, «existen uno o varios ilícitos penales que conviene que sean investigados a la brevedad”.
La presentación, surge al día siguiente de que el mismo diputado llevara los antecedentes del caso a Contraloría, quienes posteriormente informaron que ordenaron la instrucción de un sumario, para detectar si hubo o no irregularidades, y así fijar las eventuales responsabilidades administrativas. Asimismo, el parlamentario solicitó al propio subsecretario, mediante oficio, información adicional relativa a los pagos efectuados a la cuestionada sociedad y las otras medidas por él adoptadas, frente a sus erráticas declaraciones.
Recordemos que Zúñiga habría autorizado el trato directo por más de 200 millones de pesos con la sociedad Hotel Clínico SpA, para habilitar 40 habitaciones que recibirían a pacientes positivos de COVID-19. Sin embargo, dicho contrato podría encontrarse viciado al estar vinculado con el jefe de la División de Atención Primaria del Minsal.
En esta línea, el diputado Celis, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, aseguró que «acá podrían existir diversos tipos penales comprometidos. En primer lugar, aquellos referidos al tráfico de influencias, previstos en los artículos 240 y 240 BIS del Código Penal, que podrían afectar al funcionario Durán, en la medida que este se encontrara involucrado en la decisión de contratar a la sociedad”.
“También sería aplicable el artículo 246, que refiere al caso de que un empleado público, indebidamente se anticipe a ciertas decisiones estatales por el conocimiento que le da su cargo, lo que podría aplicar siempre y cuando la sociedad se haya constituido para el solo objeto de ser contratada por trato directo, sirviendo de residencia sanitaria. Lo anterior es sin perjuicio de otros delitos de mayor envergadura que pudieren investigarse, cuya definición, dependerá del fiscal a cargo de la investigación”, agregó el parlamentario de derecha.
“No me cansaré de manifestar que nadie está sobre la ley. Ahora más que nunca necesitamos que la gente confíe en que las decisiones que toma el Ministerio son pensando en lo mejor para ellos y no para el enriquecimiento personal de ciertos funcionarios. Espero que tanto el órgano de control como la fiscalía, investiguen y ejerzan las acciones que le competen con todo el rigor que estos hechos requieren”, finalizó Celis.
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