Imagen referencial | Agencia Uno
El grupo compuesto por casi 120 imputadas, interpuso un recurso de amparo ante el Poder Judicial en el que denuncian que no tienen agua potable, agua caliente, y ni siquiera elementos de sanitización básicos, los cuales correrían por cuenta de las mismas internas. «El Estado no está brindando los insumos básicos para combatir el COVID-19», denuncian las mujeres que se encuentran en un recinto en el que ya se han registrado varios casos de la enfermedad, tanto en gendarmes como entre sus internas.
Un grupo de casi 120 imputadas (no condenadas) de la Cárcel de San Miguel interpuso un recurso de amparo ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, por la precarias condiciones sanitarias en las que se encuentran.
Según su denuncia, «la mayoría de las privadas de libertad (en la condición de imputadas) se encuentran enfermas presentando los síntomas del COVID-19″, que incluyen dolor corporal, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, problemas respiratorios, pérdida del gusto y del olfato, e incluso fiebre.
Esto luego de que se registraran varios casos de coronavirus al interior de la torre en la que se encuentran, incluyendo a gendarmes, dos embarazadas, y dos mujeres que dieron positivo solo horas después de abandonar el penal.
Ante esto, las internas que destacan la buena actitud y buena disposición de las gendarmes, lamentan que ante la falta de recursos las respuestas que han recibido han sido “que no hay paramédico”, “que no hay recursos”, “que no vino el doctor”, y que la escasa asistencia médica que se otorga se limita al paracetamol o al ibuprofeno, el cual ni siquiera alcanzaría para todas las que lo requieren.
Más grave aún resulta otra de las denuncias de quienes interpusieron el recurso, referida a la carencia de agua potable y agua caliente.
«No existe agua potable, el agua que se tendría es de pozo, por lo que se debe hervir para ser ingerida, sin embargo, existen pocos hervidores por piso y cuando se ocupan muchos hervidores se producen cortes y todo es un caos tras quedar, todas, sin suministro eléctrico. Esto implicaría un problema serio (los cortes eléctricos y las posibles consecuencias en lugares cerrados y con mucho material de combustión rápida) que debería tener una discusión en esta sede. El agua embotellada, es un privilegio de algunas privadas de libertad que cuentan con los recursos económicos para costear un recurso básico y natural», dice el recurso presentado al respecto.
«Nos encontramos con una unidad penal que desde la semana pasada se encuentra con funcionarios de gendarmería contagiados, funcionarias de trato directo, y dos reclusas embarazadas con exámenes positivo de COVID-19, las cuales compartieron con otras internas, incluso, con algunas de la tercera edad», agrega el texto.
Finalmente, las reclusas denuncian que «se controla el acceso a la comida (se prohíbe el ingreso de limones y miel, por ejemplo, tampoco se autoriza el ingreso de paracetamol)», por lo que piden: «Exámenes, agua caliente, y aceleración de procesos judiciales«, para que se contagie la menor cantidad de mujeres posible.
«No solo no nos dan los elementos, sino que además se nos limita el conseguirlos nosotras mismas», sostienen las mismas privadas de libertad en su denuncia, que también publicaron en video:
