Imagen de archivo | Agencia Uno
Un grupo de carabineros denuncia haber sido «estigmatizados como ‘torturadores y violadores de los derechos humanos’ de nuestros compatriotas”, exigiendo una pena de cinco años de presidio para quienes resulten responsables.
Tras las acusaciones realizadas en contra de Carabineros por instalar un presunto centro de torturas en la estación Baquedano, en el contexto del estallido social, desde la institución presentaron una querella contra quienes resulten responsables del delito de denuncia calumniosa.
Así, piden una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo y una multa de 20 UTM para quienes resulten responsables, además de una investigación que determine si es que existen los lugares descritos y que se cite a los mencionados en la acción judicial para precisar las responsabilidades en el caso.
La querella se presenta después que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyera la causa que investigaba las torturas en la Comisaría del Metro Baquedano.
Según consigna La Tercera, fueron fuentes dentro de Carabineros quienes confirmaron la existencia de esta querella criminal, presentada por un grupo de uniformados el miércoles 23 de junio, tipificada en el artículo 211 del Código Penal, contra quienes resulten responsables “como autor, cómplice o encubridor de la denuncia falsa que los vinculó como participantes en la supuesta comisión del delito de torturas que se habría cometido al interior de esa Comisaría”.
Quien denunció inicialmente a la institución fue Nicolás Lüer, a través de mensajes viralizados por las redes sociales, acusando haber sido golpeado y maltratado en el interior del Metro Baquedano por funcionarios de Carabineros. De acuerdo con la querella presentada, sus palabras causaron «grave perjuicio» en contra de la imagen de los uniformados, además de «desprestigiar al Estado de Chile».
«Esta acción irresponsable causó grave perjuicio al personal institucional falsamente imputado, así como a la imagen de Carabineros, al ser considerado este caso, uno de los emblemáticos y que fue incorporado en los diversos informes de organismos de derechos humanos para imputar afectaciones a esos derechos», indicaron en la querella a la actual tuvo acceso el medio.
«El día 22 de octubre pasado, después de las 17:50 horas, comenzó la difusión de mensajes en redes sociales señalando que un joven de nombre Nicolás Ignacio Lüer Santis, quien durante el día habría participado en las manifestaciones en el sector de Plaza Baquedano, mientras estaba siendo atendido en la Posta Central por lesiones leves, manifestó que esa tarde había sido ingresado a la fuerza por una bajada al interior de la estación Metro Baquedano, en donde había sido golpeado por funcionarios de Carabineros, y que estando en el interior de las dependencias de la Unidad Policial, había visto a otras personas detenidas, amarradas de sus manos a unos ductos que van pegados al techo del lugar donde había estado y que además les habrían disparado a quemarropa”, continúa.
«Como miembros y personal de la 60 Comisaría Metro, fuimos estigmatizados como ‘torturadores y violadores de los derechos humanos’ de nuestros compatriotas”, se lee en la acción judicial y se agrega que “esta denuncia mendaz de Nicolas Lüer y quienes se hicieron cargo de ella, también desprestigió al Estado de Chile”.
El joven presentó un recurso de amparo, respaldado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el cual fue finalmente sobreseído, tras un informe de la PDI que determina que “no se logró establecer la veracidad de los hechos denunciados” y que “no se encontraron indicios criminalísticos para acreditar la efectividad del delito denunciado”.
