Encaminándonos a la total restauración colonial

En tiempos de pandemia, cuando todo parece ir mal, siempre hay noticias alentadoras que invitan a renovar el optimismo y la fe en el buen orden de las cosas. Una de ellas, llena de «sabiduría y clarividencia», es la decisión que tomó el flamante Grupo de Estudio de Ciencias Jurídicas y Políticas del Fondecyt, al definir como referente para “la evaluación de la productividad científica del postulante” la lista “Prestigio de las editoriales según expertos españoles”. Plop.

Así, en la primera etapa, y verdadero filtro del concurso de proyectos Fondecyt 2021, el puntaje que obtendrán las publicaciones presentadas estará supeditado a la presencia en dicha lista estructurada como un ránking. Esta viene a poner las cosas en su justo lugar –donde siempre debieron haber estado, deben pensar– y aclara para el ámbito de los libros la natural jerarquía, puntuando el soberano prestigio de los sellos españoles e internacionales, excluyendo cualquier vulgar presencia local. Plop.

Tal vez usted creerá que nos encontramos frente a una insignificante decisión burocrática de un grupo evaluador. Pero ¡no se equivoque!: esta decisión constituye un momento de inflexión. Probablemente estamos ante un hecho sustancial que puede ser cimiento de nuestro anhelado futuro, posibilitándonos recuperar la gloria del pasado.

Con los años, hemos sido testigos de cómo en el mundo universitario las evaluaciones del quehacer de los académicos han sacralizado el valor de los artículos –los paper– por sobre los libros. Al igual que en tiempos de los majestuosos reinados, donde toda obra requería estampar en la portadilla el sello de su licencia de impresión (“con aprobación y privilegio de su majestad”, elegante modelo francés antes del desastre de 1789), hoy toda publicación académica que se precie se esmera por tener el sello de alguna de las prestigiosas y grandes revistas del Primer Mundo.

Tal sistema ha posibilitado relevar lo que realmente tiene valor entre el mar de textos que proliferan a diario, en su mayoría folletines insignificantes. Lo que ha generado, a la vez, las condiciones para relegar tanta palabrería que uno encuentra en las páginas de los libros –tan dados a los desvaríos– al lugar que se merecen. Los paper, claros y concisos, eficientes y eficaces, rankeados y clasificados, van directo al grano. Por lo demás, ello asegura que sólo los ilustres, personas de bien y con distinguidas relaciones, sean dignos del reconocimiento de sus pares y se eleven a las altas cumbres de las letras y las ciencias.

Si bien esto ya era motivo de regocijo, la audaz decisión de este valioso grupo de estudiosos, que quedará sin duda en los anales, despeja el camino para separar definitivamente el grano de la paja en el ámbito de los libros. Es verdad que estos letrados erran al poner un libro al mismo nivel que un paper, pero no hay mal que por bien no venga:  dicha resolución, al consagrar las investigaciones en el ámbito del Derecho publicadas en nuestra amada España, donde se consideran más de 385 editoriales de la península junto a otras 425 editoriales internacionales de gran prestigio, pone el centro nuevamente donde corresponde.

Que esto sea fruto del Grupo de Estudio de Ciencias Jurídicas y Políticas que dirime bajo el alero de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) es un signo extremadamente promisorio. La misiva de varios rectores de universidades de esta provincia que reclaman ante dicha decisión no cambiará el curso de la historia. Llegará el momento en que todos en estas latitudes se den cuenta que tal sabiduría no corresponde limitarla sólo al mundo de las investigaciones, artículos y libros, sino que debe abarcar de manera completa el ámbito del Derecho.

Llevamos más de dos siglos en una miseria que nos domina. Ya se acerca el tiempo en que deberíamos distinguir claramente entre lo que es una de esas piezas jurídicas llamada ley en estos lares –votada en el puerto de Valparaíso y promulgada en lo que fuera la Real Casa de la Moneda, hoy llamada simplemente La Moneda–, versus una LEY promulgada en la Madre Patria. No valen lo mismo una y otra, como tan claramente nos lo hacen ver con los libros y revistas de derecho nuestros insignes juristas.

No nos mintamos. Ya hace mucho rato que las aguas, la electricidad, la telefonía y las comunicaciones, todo lo básico de nuestra vida diaria, ha vuelto a las manos de quienes corresponde. También los minerales, única verdadera riqueza de estas tierras. Pese a eso, se sigue jugando a ser una “República” y, de vez en cuando, algunos se entusiasman nuevamente, con aires de independencia, a redactar constituciones. Es tiempo de aplicar la valiente decisión de este verdadero comité restaurador a todo el ámbito jurídico chileno, y volver a ser la colonia que somos y merecemos ser: una Capitanía General orgullosa de contribuir –desde nuestras mismas entrañas– a la riqueza de las que tienen el mérito de ser llamadas naciones.