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Nacional

Polémico proveedor de cajas se defiende por envíos a Venezuela y gobierno respalda a Intendencia

Por: Héctor Cárcamo / Publicado: 03.07.2020
Cajas de alimentos entregadas por el gobierno. Foto de referencia. / Agencia Uno
Alberto Scuncio apareció en La Tercera PM asegurando que son negocios esporádicos, pero fruto de “pura y exclusivamente del trabajo”. Sin embargo, no respondió a la investigación del Security sobre sus intercambios con Llacolén ni a la información desactualizada de socios que mantenía con Chile Compra al momento de contratar por $8.750 millones con la Intendencia Metropolitana de Santiago para traer 250 mil cajas de alimentos.

El dueño del mayor proveedor de cajas de alimentos del gobierno, Distribuidora y Comercializadora Llacolén S.A., Alberto Scuncio Umana, abandonó el silencio la tarde de este viernes y se refirió a la polémica provocada por sus negocios con Venezuela.

Esto, luego de que El Desconcierto revelara esta semana que el Banco Security investigó la sociedad con que controla Llacolén, Inversiones Ramaja Limitada, a propósito de irregularidades en envíos de cajas de alimento que ésta realizó en 2018 a Vanezuela.

Fruto de esta revisión interna, el banco decidió cerrarle la cuenta corriente en enero pasado a Ramaja, para hacer lo mismo con Llacolén el 13 de mayo pasado, una semana antes que ésta firmara el trato directo con la Intendencia Metropolitana de Santiago y luego de constatar el “sospechoso movimiento de grandes sumas de dinero entre las cuentas de Inversiones Ramaja Limitada y Distribuidora y Comercializadora Llacolén S.A.” .

El negocio con Llacolén, por $8.750 millones, es el más grande firmado por el gobierno hasta ahora en la pandemia y permitió distribuir 250 mil cajas a la capital en tiempo récord.

El cierre de la cuenta bancaria llevó a Llacolén a apelar en la Corte de Apelaciones de Concepción, ante lo cual el banco reveló las razones para terminar la relación comercial. En su escrito adujo la aplicación de sus políticas de compliance (cumplimiento normativo) establecidas para cumplir con el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo derivado de ley 19.913 y del Modelo de Prevención de Delitos atingente a la Ley Nº 20.393.

Debido a la confidencial que impone la ley, ni el banco ni la Unidad de Análisis Financiero (UAF) han confirmado hasta ahora si se envió un reporte de operación sospechosa y si esto provocó el inicio de alguna investigación a los Scuncio.

Esta tarde, La Tercera PM publicó un artículo donde agregó algunos antecedentes sobre el negocio con Venezuela y los movimientos de Scuncio en el banco. Así, detalla que entre 2017 y 2019 Scuncio hizo 36 depósitos en efectivo en la cuenta por $360 millones y que en el mismo periodo, Ramaja envió casi US$60 millones en cajas de alimentos a Venezuela, lo que Alberto Scuncio describe como envíos esporádicos.

“Es pura y exclusivamente trabajo. Nosotros hemos exportado alimento a privados en su momento y hace más de un año y medio que no enviamos nada. Pero son negocios que salen puntualmente”, señala.

Luego especifica que el negocio no es con el gobierno de Nicolás Maduro y cuestiona duramente las publicaciones de prensa. “Enviamos cajas a Venezuela, pero no al Estado, sino que a privados. A la gente le gusta poner y poner. Igual que pusieron por ahí lavados de activos y me pregunto dónde. Me parece que es una estupidez. Lo que pasa es que no te puedes poner a contestar a todo el mundo. ¿Para qué te vas a poner a tirar piedras a los gatos? Aparte, los libros están todos en Chile y no tengo ninguna empresa en otro lado. Está todo a la vista”, planteó.

Interior defiende millonario contrato

En el mismo artículo, el Ministerio del Interior figura defendiendo la contratación efectuada por el intendente Felipe Guevara a Llacolén. Ni el gobierno, a través de la Intendencia, ni la empresa han querido hablar con El Desconcierto.

“Al momento de contratar no existía ningún impedimento en el sistema de compras públicas para hacerlo. Es importante señalar además que este proveedor cumplió en tiempo y forma con la entrega de la compra realizada”, señalaron a La Tercera.

Sin embargo, Llacolén también incumplió lo establecido por el articulo 34 de la Ley de Presupuesto 2020 y la dirección de Compras Públicas en cuanto a que al 27 de abril de este año debía tener actualizada la información de las personas naturales propietarias del proveedor. Lo que no cumplió.

En efecto, al momento de firmar el contrato el 20 de mayo pasado con la Intendencia aún figuraban como socios activos los dos fundadores del año 2001: Christian Gonzalo Romero Romero y Mariela Fernanda Tetti.

Esto solo habría sido corregido por el hijo de Alberto Scuncio, Martín, el 20 de mayo con una declaración jurada, la cual no obstante fue cargada a MercadoPublico.cl recién el 15 de junio.

Sin embargo, los antecedentes no aclaran completamente las dudas del proceso, pues fue la propia Intendencia que en la resolución 797 del mismo 20 de mayo indicó que Llacolén estaba habilitada en el registro de proveedor.

Y fue la propia dirección de Compras Públicas la que señaló que, entre los requisitos para contratar con el Estado, está el figurar habilitado en el Registro de Proveedores. Esto, pese a que en una segunda instancia aseguró que si un proceso en particular no lo requiere éste no es un impedimento.

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