Se reactiva la estrategia: Gobierno se alista para expulsar a 479 migrantes

Luego que varios países latinoamericanos decidieran cerrar completamente sus fronteras para combatir el COVID-19, este lunes el gobierno confirmó que comenzará a reactivar los procesos de expulsión de extranjeros que hayan cometido «faltas administrativas» (no disponer de la documentación adecuada) o, derechamente, delitos.

Una facultad que recae en el Poder Judicial desde el año 2012, y que durante 2019 significó la expulsión de 2.227 personas del país.

Hasta junio de este año, 519 personas han sido notificadas de que tienen que hacer abandono del país, aunque en la práctica, sólo 11 personas pudieron hacerlo.

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Por esto, 479 procesos de expulsión se encuentran pendientes, y esos serían los que el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, debe tramitar durante estos días, tras recibir la orden darle curso a su salida, en una reunión que sostuvo con el Presidente Sebastián Piñera.

«Se ha hecho necesario volver a hacer las gestiones necesarias para retomar el proceso de expulsión de aquellos extranjeros que han incumplido gravemente nuestra normativa o, incluso, en el caso de las (expulsiones) judiciales, han cometido delitos en nuestro país», sostuvo al respecto el subsecretario.

Gobierno acudirá a Corte Suprema

En paralelo, y en un intento por mantener fuera de nuestras fronteras a los migrantes que dejarán el país como parte del «Plan Humanitario de Retorno», el Ejecutivo anunció que acudirá a la Corte Suprema para intentar revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que le ordenó no condicionar el viaje de los migrantes a la firma de un documento donde se comprometen a no retornar a Chile durante nueve años.

Una práctica que el gobierno ya había utilizado en 2018, cuando en el marco del «Plan Humanitario de Regreso» o «Plan Retorno», el Ejecutivo envió a cientos de migrantes, principalmente haitianos, de vuelta a sus países de origen, con la condición de no volver, también en un plazo de nueve años.

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Pues en esta ocasión surgieron complicaciones porque en fallo unánime, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago estableció que “el Ministerio del Interior, Departamento de Extranjería y Migración no podrá exigir a los recurrentes en el marco del Plan Humanitario de Retorno, la suscripción de una declaración jurada de compromiso de no retornar a Chile dentro de nueve años”.

«La exigencia de asumir un compromiso de no retornar al país dentro de nueve años, no se ajusta a ninguna norma legal, tampoco lo es, contraprestación como lo entiende la autoridad, olvidando precisamente su adjetivo de ‘humanitario’. En los hechos se trata de 26 personas que se encuentran en una precaria situación, incluso viviendo en la calle por lo que la exigencia que se les hace, en esas condiciones, difícilmente puede considerarse como ‘voluntaria’«, explicó la Corte en su resolución.

Este fallo respondió a un recurso de amparo en contra del gobierno y que fue presentado por la Coordinadora de Migrantes en representación de un grupo de 26 ciudadanos colombianos. En la acción judicial se alegaba que era ilegal que se les impusiera como condición, para acogerse a este procedimiento de repatriación, que firmaran una declaración jurada en que se comprometieran a no volver a Chile.