| Agencia Uno
La acción judicial fue presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), y la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud R.M. (FEDEPRUS), y en ella se denuncian los delitos de cuasidelito de homicidio, negociaciones incompatibles y tráfico de influencias, denegación de auxilio, negativa o retardo de protección o servicios, y denegación de servicios.
Este jueves, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), y la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud R.M. (FEDEPRUS), contra el Presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
Entre los argumentos de la querella, se sostiene que las autoridades mencionadas cometieron una negligencia grave, referida al «descuido consciente y voluntario de sus deberes de garantizar la protección del derecho a la vida y a la salud de los habitantes de la nación, que se refleja en las medidas adoptadas por el Presidente de la República y el ex Ministro de Salud en el territorio de Chile, que han tenido como resultado el fallecimiento de 10.159 personas a causa o producto del contagio de COVID-19, de acuerdo al 31° Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud», explica el texto.
En ese sentido, las entidades querellantes explican que «existe coincidencia que a partir de los llamados que realizó el gobierno a las políticas de “nueva normalidad”, la curva de contagios en nuestro país se tornó incontrolable y el colapso de la red asistencial, fue catastrófico».
Además, se denuncia y se entregan antecedentes sobre la falta de transparencia en la entrega de información sobre personas contagiadas y fallecidas, como también las medidas de lo que denominan «una falsa cuarentena que permite a los empresarios contar con miles de trabajadores asistiendo a faenas o en la venta de productos que no son esenciales».
En la querella, presentada por el abogado Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, José Peréz, presidente de la ANEF y Lina Córdova Mangili, presidenta de FEDEPRUS R.M., concluyen y sostienen que «el gobierno, a través de la actuación de los querellados, no ha dado cumplimiento a los principios sobre la transparencia, y el derecho de acceso a la información pública que rige las bases generales de la Administración del Estado, y su actuar, no acata lo prescrito por la Convención Americana de Derechos Humanos, ni se ajusta a lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referente a la obligación estatal de asegurar el derecho de acceso a la información pública, en el marco de la emergencia generada por el COVID-19».
La querella fue interpuesta por los ilícitos de cuasidelito de homicidio (Art.391 N°2), negociaciones incompatibles y tráfico de influencias (Art. 240), revelación de secretos públicos o entrega de papeles (Art. 246), denegación de auxilio (Art. 253), negativa o retardo de protección o servicios (Art.256), y denegación de servicios (Art.257).
Asimismo, se denuncian los problemas que han venido ocurriendo con la entrega de medicamentos para pacientes VIH, el fallecimiento de cuatro funcionarios de salud, presuntamente por la falta de elementos de protección personal, y diversas situaciones específicas que van dando cuenta del panorama estructural que justifica la querella.
