Foto: Agencia Uno /
La decisión del Ejecutivo de implementar la participación ciudadana de forma digital para retomar la evaluación de proyectos suspendidos alerta a la sociedad civil y a los trabajadores del propio SEIA, debido a las limitaciones que esta medida supone para comunidades donde el internet, muchas veces, escasea.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), es el servicio público encargado de administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En ese marco, él SEA tiene la obligación de fomentar, facilitar y asegurar la Participación Ciudadana (PAC) en la evaluación de proyectos de inversión, los cuales pueden generar graves consecuencias en las comunidades y ecosistemas donde se instalan si no son bien evaluados.
Los proyectos que ingresan al SEIA suelen involucrar la explotación de recursos naturales y ubicarse en zonas rurales, apartadas, cerca de comunidades indígenas o pueblos pequeños donde el acceso a internet, muchas veces, escasea. Donde, además, en un contexto de pandemia, tanto las poblaciones locales como los servicios regionales encargados de evaluar los proyectos, tienen las manos ocupadas con temas de subsistencia.
Por esto, sorprendió incluso a funcionarios del propio Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el anuncio de la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt de comenzar con pilotos para implementar un método de participación ciudadana telemática y así avanzar en los proyectos sometidos a evaluación, que se habían suspendido justamente por la imposibilidad de involucrar a las comunidades en tiempos de pandemia. Y aunque la propuesta es complementar la metodología actual en vez de reemplazarla, queda la duda de cómo va a implementarse esto cuando la participación presencial no puede practicarse sin riesgo de contagio.
Participación irremplazable
La propuesta tomó por sorpresa a varios trabajadores del propio SEA, quienes habían manifestado su preocupación por esta posibilidad. “El contexto actual ya impacta en la evaluación de los proyectos que no están suspendidos (que son la mayoría), porque estamos evaluando a partir de la información que nos entrega el titular del proyecto y lo que dice el papel, sin poder cotejar en terreno esa información”, alerta Francisco Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente y funcionario del SEA.
Sobre la participación ciudadana remota, el dirigente agrega que “los funcionarios que trabajan en terreno han manifestado que es irremplazable el trabajo que se hace con las comunidades, como los puerta a puerta, los encuentros con la contraparte para responder preguntas. Para llegar a esos lugares de forma remota, hay que llegar con recursos, con planificación. Sino, van a poder participar sólo los que tienen acceso y si esto se implementa no estarán garantizados los derechos fundamentales de las personas a decidir”.
Desde la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (Anfusea), también manifestaron preocupación por la iniciativa. “Como trabajadores postulamos al máximo estándar de participación ciudadana, y con la situación actual creemos que no es viable realizar la participación ciudadana de forma telemática. Nosotros conocemos las comunidades y empatizamos profundamente con lo que viven nuestros compatriotas en esta situación sanitaria”, declaró la presidenta de la asociación, Andrea Espinoza.
Transformación digital e incentivo a la inversión
En entrevista con el Diario Financiero, la ministra sostiene que la implementación de métodos telemáticos de participación va en la línea de la ley de transformación digital del estado, por lo que no es necesaria una modificación legal para llevar a cabo esta iniciativa. Esta visión es cuestionada por la coordinadora en Política y Regulación en Chile Sustentable, Pamela Poo, quien afirma que “en tiempos normales es correcto discutir la participación telemática como complemento, pero a través de un proyecto de ley, con debate. La modernización del SEIA se viene discutiendo desde el año pasado sin avance en el Congreso”.
La propuesta también generó preocupación en el ámbito legislativo. “Me parece que esto es un tema delicado y pido que se haga por ley y no con un reglamento que nadie conoce”, solicitó el senador Guido Girardi durante una de las últimas comisiones de Medio Ambiente del Senado, donde manifestó la intención de presentar un proyecto de ley para “que la participación ciudadana que hoy es totalmente decorativa y simbólica tenga alguna materialidad. Ojalá el ejecutivo se sume, para garantizar la equidad y accesibilidad en la participación”, sostuvo.
En la misma línea, Fernando Cabrera cuestionó la verdadera intención detrás de la iniciativa. “No ha habido en todo este tiempo una inyección de recursos para esto. Lo hacen ahora sin planificación porque quieren apurar los proyectos de inversión”, afirma. La propuesta de la ministra se da al tiempo en que se discute una agenda de reactivación económica, donde justamente se habla de una agilización regulatoria y de plazos para los proyectos de inversión. También existe un proyecto de ley presentado por Alejandro Guiller, donde se establece la participación ciudadana en el SEIA por vías electrónicas, para retomar la evaluación de proyectos.
A pesar de la preocupación por los efectos del COVID–19 en la economía, los proyectos ingresados al SEIA este año se duplicaron con respecto al primer semestre del año pasado, liderando el sector de energías renovables. “En un momento tan difícil como el que estamos viviendo en el país, algunos datos son bastante sorprendentes”, afirmó en su momento la ministra Schmidt ante los medios. Cabe destacar que los proyectos suspendidos por sus procesos de participación ciudadana son un 12% del total de proyectos en evaluación, y corresponden a los que ingresan por Estudio de Impacto Ambiental, que son los que pueden tener un mayor impacto.
Se acentúa el desbalance
Propuestas que puedan ir en detrimento de las comunidades que se enfrentan a proyectos con impacto ambiental, aumentan la preocupación por un problema que viene arrastrando hace años el SEIA. “El sistema tiene una asimetría gigantesca con cómo se trata al titular del proyecto en cuanto a plazos y facilidades, en relación a cómo se trata a la comunidad. El estado le termina arreglando de forma gratuita los proyectos a los privados, mientras que las y los vecinos tienen que buscar su propia forma de financiar la asesoría técnica que requieren”, explica Pamela Poo.
Paradójicamente, una de las principales demoras en el proceso de evaluación se da porque los privados suelen presentar informes débiles o incompletos, que luego se tienen que ir mejorando a través del sistema. “Hoy en día no hay un incentivo para los privados de presentar buenos informes. Por el contrario, hay un incentivo para presentar informes incompletos, para que el sistema no se dé cuenta de todo y pasen ciertas cosas sin evaluar”, analiza Ezio Costa, Director Ejecutivo de la ONG FIMA.
Desde la sociedad civil, existe una propuesta para agilizar el proceso desde el punto de vista de los titulares: “Hemos propuesto que la evaluación ambiental se haga por consultoras independientes pagadas por el privado pero contratadas por el estado. De esta manera, se le daría una garantía de independencia a las comunidades, podría disminuir la conflictividad y judicialización de los proyectos, se podría construir una línea de base estatal y a la larga la evaluación se podría sacar más rápido y con mejores proyectos”, evalúa Costa.
