A nueve meses del estallido social, las voces de la movilización acusan retraso en investigaciones de la fiscalía

De 1.962 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra agentes del Estado por hechos ocurridos desde el 18 de octubre a la fecha, solo una está en etapa de acusación.

Las últimas cifras oficiales brindadas por la Fiscalía Nacional -tomadas hasta el 31 de marzo- informan que fueron 8.827 las víctimas de violencia institucional, entre las que se encuentran 1362 Niños, Niñas y Adolescentes.

Hoy, a nueve meses del estallido social, ¿cuántos de esos agentes involucrados en delitos como mutilaciones, torturas, violaciones y muerte fueron condenados?

Ningún condenado hasta el momento.

Desde la Fiscalía Nacional explican que “aún las investigaciones no han sido cerradas, que son causas complejas y, fundamentalmente, que durante la pandemia tuvimos que abocarnos a los delitos contra la salud pública”.

“Hay que priorizar, no puede ser que no haya fiscales especiales para delitos ocurridos durante el estallido, que es lo que indica el derecho internacional”, dice la abogada especialista en Derechos Humanos Karinna Fernández, quien señala que “además, hoy en día tienes en la calle a los mismos carabineros que perpetraron los delitos, a los mismos jefes y a las mismas autoridades. El sistema penal está sobrecargado, y los uniformados que están investigando y haciendo oficios son los mismos que tienen que ser investigados”.

Jorge Abbott, fiscal nacional | AGENCIA UNO

 Números de la impunidad

“De las 1.926 acciones judiciales- que representan el doble de las presentadas por este organismo durante los últimos 10 años-, tenemos 21 causas en las que fueron formalizados 60 carabineros, 3 militares y un miembro de la Marina. Y una sola causa que está en etapa de acusación, por el delito de torturas, a punto de juicio oral”, dice Carlos Bellei, vocero del INDH, quien marca tres de los problemas que, a su criterio, demoran las causas:

-Las investigaciones internas de Carabineros, que en su mayoría no han sido terminadas.

-La lentitud en las pericias a las víctimas, un problema estructural del Servicio Médico Legal (SML) que se ha agravado por la pandemia y que tiene repercusiones importantes porque las pruebas se debilitan.

-Los delitos son investigados por la brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), que no tiene presencia nacional: solo se concentra en algunas zonas del país, y por ende su capacidad de conducir las investigaciones más especializadas se ve deteriorada.

“La investigación de Alex está paralizada, lo mismo con muchos casos del estallido social. A mí me tenían que tomar una segunda declaración, pero está suspendida. La pandemia paralizó todo y de eso se están aprovechando para estancar las investigaciones”, dice Natalia Pérez, viuda de Alex Núñez, quien murió el 21 de octubre tras recibir una golpiza de Carabineros.

Para Cristian Cruz, abogado de Alex Núñez y especialista en Derechos Humanos, se “están utilizando las herramientas del derecho para silenciar, intimidar, acallar. Hay fiscales que aún no han llamado a las víctimas a declarar. Hay fiscales que trabajan, que hacen la pega, pero otros no, se demoran meses para todo. Espero que no ocurra lo que pasó con el Poder Judicial en el año 2013, cuando se cumplieron 40 años del golpe de estado y al mirar para atrás reconoce que no estuvo a la altura de la circunstancia. No quiero que pasen 30 o 40 años y el Ministerio Público diga que no estuvo a la altura. Hay que aprender del pasado. Pero aprender para no repetir. No puede ser que uno le diga al fiscal que la víctima recibió lesiones y que tiene que ser llevada al Servicio Médico Legal para que cumpla con el Protocolo de Estambul. Eso es el ABC. Uno no puede decirles a los fiscales el ABC”.

El abogado de la familia Núñez recuerda que al INDH se le impidió ingresar a la Posta Central donde se encontraba Alex. “La señora se percata y les cuenta la historia. Carabineros lo golpea, lo deja abandonado. No solo están los que golpean, sino también los que ven, y que están viendo un delito y no hacen nada. Si bien hay un pacto de silencio, con una investigación seria y acuciosa, los responsables deberían sentarse en el banquillo de los acusados. Pero también es evidente que la pandemia ha servido como una herramienta para la impunidad”.

General Director de Carabineros, Mario Rozas | Agencia Uno

El 18 de octubre, al salir del GAM, donde tenía una función que ese día se suspendió, la actriz María Grandjean recibió el impacto de un proyectil en la cara.

“Dejé de escuchar un mes, no pude masticar en semanas. No pude hablar ni comer, aún me duelen los huesos. Y recién haces pocos días me llamó la PDI para decirme que me van a llamar otro día para tomarme declaración. Me piden disculpas, que hay un montón de casos y que ellos son muy pocos. A los dos días me llama el psicólogo de fiscalía para saber cómo estoy, más de ocho meses después. ‘Disculpe el atraso’, me dijo. Siento que hay una intencionalidad en todo esto. Un carabinero me apuntó a la cara y hoy yo tengo que pedirle permiso a los Carabineros para ir a comprar. Es súper traumante. Cuando eres víctima de violaciones a los Derechos Humanos pasas a ser parte del grupo de víctimas. En este caso, las del 18 de octubre. Lo que a mí me pasó no hace más que sumarse a un cuerpo más que es violado por el Estado de Chile sistemáticamente desde el 73. Uno pasa a formar parte de todo el grupo de las víctimas. Se te hace muy presente, físicamente presente esa impunidad, es insoportable”.

“Es verdad, el sistema no da para dar protección y asistencia a las víctimas”, admiten desde la fiscalía, donde explican que “durante el estallido hubo un fuerte trabajo de acompañamiento y búsqueda de víctimas, porque empezamos a detectar que se estaba cometiendo violencia institucional y nosotros no nos estábamos enterando. Vimos que las trabas eran que las propias víctimas tenían que informar a través de la policía y no lo iban a hacer. Por eso se empezó a recorrer hospitales y centros de urgencia buscando víctimas y tomando declaraciones directamente. Al día de hoy no hay un registro cabal de cantidad de personas con medidas de protección. La desconfianza de la ciudadanía es súper legítima”.

Defensa corporativa y contraofensiva

“Hay una intención de Carabineros de diluir y buscar ganar legitimidad por esto de la pandemia. Que la gente se olvide, que crea que fue una exageración o solo algunos excesos, y no prácticas masivas. No sólo no asumir responsabilidades sino incluso pasar a una contraofensiva, como lo muestra la denuncia contra Las Tesis. Me preocupa que pasen a ser acusadores, en vez de dar respuestas por sus acciones”, dice Salvador Millaleo, profesor de Derecho de la Universidad de Chile.

Millaleo, quien además es consejero del INDH, retoma un tema que nunca llegó a profundizarse: la reforma de Carabineros. “Esos proyectos no avanzan o son deficientes, y con esta misma policía en las calles, si ocurre un nuevo estallido social, será un desastre”.

Plaza de La Dignidad – 25 de octubre | AGENCIA UNO

 Los datos del futuro

Hace menos de un mes fue publicado el “Informe de detenciones realizadas por Carabineros en el estallido social chileno″, un trabajo de investigación de Javiera Campos y Luciano Sáez, cuyo objetivo es “conocer los datos de la represión” y evitar que se eliminen o se quemen, como ya ocurrió, incluso en democracia, con los archivos de la DINA y CNI, gracias a la modificación de la Ley 18.771 que aún sigue vigente.

Las cifras, publicadas en un documento, que incluye gráficos y una base de datos de acceso libre, fueron obtenidos a través de una solicitud de información pública a Carabineros de Chile.

Según esta institución, que se negó a brindar las identidades y tampoco especificó comuna, región ni lugar de detención, entre el 18 de octubre y el 18 de diciembre de 2019 se realizaron 18.686 detenciones, de las cuales 11.389 fueron constatadas en comisarías por el INDH.

Los colectivos Desclasificación Popular y Cartografía de la Represión, a cargo de la publicación del material, presentaron un reclamo en el Consejo para la Transparencia por el ocultamiento de la información: Carabineros tampoco precisó si los detenidos estuvieron en comisarías, retenes, subcomisarías o PDI.

Otro dato que muestra la información recolectada es que la mayoría de las detenciones (más del 63 por ciento) va del rango de 12 a 30 años, con un alarmante número de detenciones de menores de edad.

La Defensoría de la Niñez recibió más de 800 denuncias donde Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) daban cuenta de haber sido víctimas de vulneraciones a sus derechos fundamentales por parte de fuerzas policiales. En 147 de esos casos no existía investigación penal, por lo que el organismo presentó las denuncias, además de otras nueve querellas criminales. De todas ellas, solo en una existe una imputación.

“Una de las preocupaciones es con qué celeridad y qué profundidad se están desarrollando las investigaciones por parte del Ministerio Público. En un porcentaje superior al 90 por ciento las denuncias que recibimos por parte de NNA dan cuenta de que fueron víctimas de estos hechos por parte de funcionarios de Carabineros de Chile y, desde esa perspectiva, necesitamos que estos hechos no queden impunes y que dicha institución entregue todos los antecedentes que permitan individualizar de manera efectiva a aquellos funcionarios involucrados”, dice Patty Muñoz García, Defensora de la Niñez, quien además se refiere a otro tipo de abusos y vulneraciones del derecho a la privacidad de NNA por parte de Carabineros:

“Hemos presentado diferentes acciones constitucionales, por ejemplo, un recurso de amparo preventivo que fue acogido por la Corte, debido a que en la región de Aysén dicha institución estaba obteniendo información de adolescentes para fines que exceden sus atribuciones”.

“El actuar de las fuerzas policiales claramente tenía como intención amedrentar, castigar a quienes se manifestaban, en especial a los jóvenes, para así inhibir que otras personas se manifiesten”, dice Roberto Morales, vocero de Amnistía Internacional Chile, quien alerta sobre dos otros dos elementos que generan preocupación:

“Una, es la poca resolución, las investigaciones muy lentas, los sumarios internos de Carabineros que no terminan nunca. Mecanismos que parecieran buscar instalar un escenario de impunidad. En nuestro informe pedíamos que las investigaciones no solo sean para los funcionarios que habían cometido delitos, sino también a la cadenas de mando y las autoridades políticas, porque Carabineros y el Ejército cuando estuvo en la calle, depende del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Y por otro lado se reafirma el castigo excesivo, con prisión preventivas larguísimas, a jóvenes que deberían haber sido juzgados y sancionados si correspondía o dejados en libertad. Muchos de esos jóvenes, habiendo empezado la pandemia, estaban detenidos en cárceles comunes, con los riesgos que esto representa en tiempos de pandemia y por causas que, en el peor de los casos, su sentencia no significaría cumplir la condena en cárcel”.

La otra vara de la justicia

Rubén Rivas tiene 32 años y es antropólogo. El 30 de octubre fue detenido en la comuna de Pedro Aguirre Cerda junto a otras dos personas. Los trasladaron a la comisaría 51.

“A ese lugar llegó un agente de civil encapuchado, sin identificación. Nos reconoce como militantes del (Movimiento Juvenil) Lautaro y nos amenaza. Nombra a familiares y amigos nuestros. Nos dice que vamos a ir a la cárcel y que nos van a seguir de por vida, que siempre vamos a estar en la mira de ellos. Se nos acusa de haber levantado barricadas en la vía del tren. El Tribunal de Garantía dictó nuestra prisión preventiva, sin considerar que no tenemos antecedentes legales y que las únicas pruebas eran el porte de dos encendedores y los testimonios de policías acusados de violaciones de derechos humanos, porque en esa comisaría un estudiante de medicina fue abusado sexualmente. La Fiscalía tomó en cuenta como prueba que nosotros éramos parte de una ‘pandilla marxista leninista’”.

El caso de Rivas es una constante que denuncian diferentes organismos de derechos humanos: la prisión preventiva como castigo anticipado, el Ministerio del Interior como querellante y acusación por Ley de Seguridad del Estado, que prevé penas de 10 e incluso 20 años de prisión. Justamente este tipo de causas son las que, desde la Fiscalía, anuncian que más están avanzando, aunque desestiman “la presión por parte del Gobierno” y consideran las querellas del Ministerio del Interior “más como una cuestión mediática”.

“La normativa que se aplica en Chile en caso de manifestaciones tiene un carácter muy contrainsurgente, castiga la disidencia política más allá de los actos. Se aplica mucho la Ley de Seguridad del Estado, que surge en el año 58 después de una rebelión importante en la que también partió por el transporte y sacaron a los militares. Es una ley muy política, muy cuestionada que se hizo para aplacar, porque castiga hechos que están basados en ideas”, explica Nicolás Toro, abogado de la Coordinadora de Prisioneras y Prisioneros Políticos 18 de octubre. Varios de sus defendidos también están o estuvieron en prisión preventiva.

“Son la mayoría de los prisioneros políticos los que están afectados por la Ley de control de armas, otra ley que garantiza un trato desigual. Lo cual debería ser al revés. Ya que para el derecho internacional los delitos de los funcionarios son de carácter imprescriptible. Alguien que tortura está firmando, y alguien acusado de portar una molotov ya está en prisión preventiva, por más que no se haya demostrado. Gente castigada en prisión preventiva sólo porque se dice que era de la primera línea. Ni siquiera hay pruebas. Gente que participó en una barricada y le aplicaron la prisión preventiva. Una persona que cometió un daño muy menor en el Metro también está en prisión preventiva. Hay un acuerdo de los poderes del Estado de mantener a la gente adentro. Y el caso más emblemático es el del magistrado Daniel Urrutia, quie falló a favor de la primera línea. Lo sancionaron por establecer las garantías mínimas para las personas que fueron sujetas a las prisión preventiva. Ni siquiera se sabía qué hacían esas personas en la calle. Las detuvieron por el hecho de que solo parecían de la primera línea. No se comprobó nada de ellos, ni siquiera por tirar una piedra”.

“No tendría que haber estado ni un solo día y ya fueron cinco meses entrando y saliendo a la cárcel”, dice Rubén Rivas, quien incluso fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad, “por un oficio que sacó Gendarmería, diciendo que éramos antisistémicos y que podríamos provocar conductas disruptivas para el resto de la población penal”. Allí tenía un régimen de encierro de 21 horas al día en su celda. “Y en plena pandemia se sigue haciendo el peloteo, cuando te trasladan a otro penal, sin tu consentimiento. Y así los contagios aumentaron. En muchas cárceles no hay agua”.

“Esa desproporcionalidad tiene una finalidad política para que nadie se anime a rebelarse. Contrasta con el trato que han recibido los policías, es evidente. Cuando nos detuvieron nos hicieron una pericia en las manos y dimos que no teníamos nada. A más de ocho meses, Carabineros aún no presenta esa prueba. Y esta situación pasa en casi todos los casos de la revuelta. Si te hacen una pericia y el resultado es negativo para ti, al tiro la presentan, pero si no, la ocultan. Lo que se busca es que la personas estén por más tiempo con arresto domiciliario, el mayor tiempo amarrado a una situación procesal”, denuncia Rivas.

El nuevo Estado de Excepción

“Los datos oficiales sobre detenciones a partir del 18 de octubre son, en general, muy contradictorios, según cada organismo», dice Gloria Elgueta, licenciada en Filosofía y codirectora de Londres 38. «Los informados por el INDH, que son los más conocidos, son extraordinariamente parciales y no dan cuenta del fenómeno represivo en su globalidad. El INDH ha validado una visión más reducida de un problema que es más masivo. Ellos siempre han advertido que esas cifras corresponden a las detenciones que llevan constatadas, pero finalmente lo que queda es ese número. Pero a partir del inicio de la pandemia, el Ministerio del Interior comenzó a entregar otros datos, y lo más grave es que a partir de esa fecha en que uno podría presumir que la represión y las detenciones masivas habían disminuido, en verdad lo que se ve es un aumento de las detenciones. A partir del 18 de marzo, y hasta mediados de junio, oficialmente el Ministerio reconoce más de 27.000 detenciones. Sin contar a las personas que han sido detenidas por el toque de queda. En ese ítem, se informan más de 40.000 personas. Estas cifras son superiores incluso a las informadas por el propio Ministerio del Interior, para el periodo comprendido entre el 18 de octubre y el 18 de marzo”.

Para Elgueta, “estos datos, que probablemente también son parciales y no son exhaustivos, evidencian la profundización del estado de excepción. Se expresa en una serie de iniciativas legislativas, administrativas y políticas de parte del gobierno que van en ese sentido. Una de las más recientes es la decisión de militarizar aún más la zona de la Araucaria, el Wallmapu, porque ya existía una virtual militarización a través de las fuerzas especiales de Carabineros, pero ahora con tropas de las Fuerzas Armadas, lo que revela una decisión, un cambio, una profundización. Y esta es la nueva normalidad a la que nos quieren conducir pensando en un nuevo estallido social, como les gusta definirlo, o un nuevo proceso de movilización ampliado, producto de la crisis, no solo sanitaria sino también social y económica que se está produciendo y que se va a agudizar en los próximos meses”.