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Se demorarían más de 5 años en descargar la evidencia: El dilema kafkiano que podría terminar con sobreseimientos claves en el caso Huracán

Por: Carlos Jara y Claudio Pizarro / Publicado: 18.07.2020
Se demorarían más de 5 años en descargar la evidencia: El dilema kafkiano que podría terminar con sobreseimientos claves en el caso Huracán Patricio Marín, Alex Smith, Gonzalo Blu /
Los abogados defensores de los imputados Gonzalo Blu, Patricio Marín, y Alex Smith, denunciaron que al requerir las evidencias, en el contexto de la preparación del juicio oral por el denominado "Caso Huracán", la Fiscalía solo les dio acceso a una nube, con 91 terabytes de información. Eso, implicaría que se demorarían más de 5 años en descargar dicha información, y algo más de dos años en copiarla de un dispositivo a otro. Por esto, la defensa exige que se suspenda la preparación hasta que la información sea entregada apropiadamente, lo que de alargarse por dos o tres años más, podría terminar en prescripción de los delitos perseguidos.

Casi dos años han pasado desde que se destapó el «Caso Huracán», la operación de carabineros que intentó involucrar con pruebas implantadas en sus teléfonos a un grupo de comuneros mapuche, supuestamente involucrados en atentados incendiarios en el sur del país, entre ellos líderes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y Weichan Auka Mapu.

Tiempo similar que han permanecido como imputados  el ex general inspector de Carabineros, Gonzalo Blu, el ex jefe de operaciones de la extinta Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros, Patricio Marín, y el ex asesor informático de la institución policial, Alex Smith, a la espera de que se de inicio el juicio oral donde se resolverá el fondo del caso, por el que la fiscalía pide penas de hasta 25 años para los dos primeros, y de 21 años para Smith.

La defensa de los acusados por asociación ilícita -entre otros delitos- presentó un recurso ante el Juzgado de Garantía de Temuco, en el que solicitan que se suspenda la preparación del juicio oral, alegando que la evidencia que trae la Fiscalía al caso, no se les ha hecho llegar de forma correcta. Lo más grave, es que esto podría costarle a la Fiscalía meses, o incluso años de retraso, lo que podría llevar a que los delitos que se persiguen, terminen finalmente prescribiendo. Esto porque la defensa sostiene que la Fiscalía les debe entregar 91 terabytes (91.815 gigabytes) de información (o evidencia) que han recolectado para fundamentar su acusación, a la cual la defensa tiene derecho no sólo a acceder, como parte de las etapas previas al juicio, si no también a tenerlas para poder analizarlas.

Sin embargo, según explica el documento que se le hizo llegar al juzgado de Garantía Temuco y al que tuvo acceso El Desconcierto, esta información no ha sido entregada a la defensa, sino que solo fue subida a una nube (de hecho alegan que ni siquiera ha sido subida completamente), desde la que descargarla implicaría un período de más de cinco años.

«En el evento de que el Ministerio Público suba los 91 terabytes a la nube, para poderlos bajar a los computadores y sistemas de almacenamiento de las defensas, dada la velocidad media de descarga de internet que existe en Chile para la red Movistar, de oficinas y residencias, que es de 15 a 25 megabytes por segundo, menos un periodo de latencia y ausencia de flujo que hace disminuir la velocidad de descarga promedio (obtenido de www.neperf.com), se necesitan 15.531 horas, lo que dividido en horas hombre en una jornada de 8 horas de días hábiles, da como resultado la cantidad 1941 días hábiles por cada defensa«, explica el documento que el abogado Javier Jara, defensa de Patricio Marín, presentó ante el juzgado.

Asimismo, el copiar dicha información directamente, sin descargarla, implicaría una cantidad de horas igualmente inabordable, según explica el documento elaborado en base a un informe de la PDI enviado a la Fiscalía Regional de Aysén a principios de mayo. «La cantidad de información que debe entregar el Ministerio Público, es 91 terabytes, lo que es igual a 91.815 gigabytes. Ello demora en ser copiado en discos duros a las defensas un espacio temporal de 6.075 horas, lo que según el informe aludido, dividido en horas hombre en una jornada de 8 horas de días hábiles da como resultado la cantidad 759 días hábiles, a una velocidad de copiado de 300 megabytes por segundo, conectando un disco duro a un PC de escritorio con las características de velocidad que requiere para dicho proceso, copiado que ostensiblemente más rápido que bajar los archivos de internet», sostiene el texto. 

Según explicó Juan Pablo Jaramillo, el abogado de Alex Smith a El Desconcierto, el recurso busca  que se suspenda la preparación del juicio oral «hasta que la defensa pueda acceder a la información», añadiendo que «si esa suspensión dura más de 4 o 5 meses, se va a tener que pedir el sobreseimiento temporal de la causa«, lo que a su vez, podría terminar en la prescripción de los delitos perseguidos (falsificación de instrumento público, asociación ilícita, uso malicioso de instrumento público, obstrucción a la investigación, todos los que prescribirían en un plazo aproximado de 5 años según el legista).

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«Va a costarle por lo menos a la Fiscalía un año de tiempo, por lo bajo, son algo así como dos años, y el juicio ya lleva dos años de duración. Entonces, eso va a significar que va a empezar un sobreseimiento temporal, y eso implica que la prescripción de los delitos va a seguir corriendo, y al final se va a alegar la prescripción de los delitos«, relató Jaramillo, respecto de la estrategia judicial que pretenden seguir ante este inesperado problema.

Este tema debe ser resuelto el próximo miércoles 22 por el Juzgado de Garantía de Temuco, el cual podrá determinar que efectivamente la información no ha sido entregada -como alega la defensa- o por el contrario, que la información sí ha sido entregada de manera satisfactoria. De ocurrir lo primero, podría llegar a darse que los delitos prescribieran antes de que la información fuera procesada, o incluso, el juzgado podría llegar a determinar el sobreseimiento definitivo, al interpretar que la Fiscalía no ha presentado bases suficientes para sus acusaciones. En caso de que ocurriese lo contrario, y el juzgado determinase que la información ya fue entregada, se procedería con el juicio oral.

No obstante, si ocurriera esto último, «de todas maneras nosotros iríamos con un recurso de inaplicabilidad al TC, porque la ley es clara, el fiscal tiene que entregar las pruebas a las partes, no dejarlas a su disposición, sino que entregarlas», insistió Jaramillo.

En la misma línea, el abogado Javier Jara, defensor del ex mayor Patricio Marín, explicó que «colocarlas en una nube, es dar acceso. Lo que nosotros requerimos es la copia, que se nos entregue la información directamente. Una cosa es tener acceso, otra cosa es la entrega».

Ambos abogados explicaron además que este tipo de problemas no son para nada comunes, y que de hecho no existe otro ejemplo de una situación de este tipo. «Sin contar los 91 teras en esta causa hay como 99 tomos, y creo que la que tiene más tomos es la del mismo fraude de Carabineros, que tiene como 70 tomos. Pero la cantidad de documentos que ha bajado Fiscalía y que no sabemos si son pertinente o no,  es lo que se debería discutir en la preparación del juicio oral, es inconmensurable«, señaló el defensor de Alex Smith.

«En el caso Catrillanca, la Fiscalía ha sido sumamente transparente al pasar la información, allí todos sabemos lo que hay en el juicio. En este caso es todo lo contrario», alegó por su parte el defensor del ex mayor Patricio Marín.

«Si el tribunal determina que Ministerio Público no cumplió, el tribunal debe decretar el sobreseimiento temporal. Incluso más, podría proceder incluso el sobreseimiento definitivo yo creo, porque falta tanto de las pruebas, que podría decirse que el Ministerio Público no cumplió con las cargas en su acusación, por eso procedería el sobreseimiento definitivo incluso, aunque eso es discutible. Lo que es claro, es el sobreseimiento temporal. Y eso implica que cuando el Ministerio Público cumpla con la entrega, recién se podrá reabrir el proceso«, explicó finalmente Javier Jara, respecto de las implicancias de esta situación.

El Desconcierto intentó contactarse con el fiscal a cargo del caso, el persecutor Carlos Palma, de la Fiscalía de Aysén, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

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