Hipótesis de trabajo para un cambio societal

A la crisis política de la coalición de gobierno provocada por su derrota en torno al 10%, se suman las crisis económica y sanitaria provocadas por la ineficiente gestión gubernamental para responder oportunamente al hambre y las necesidades cotidianas de la gente.

La situación de muchas familias es crítica, lo que potencia la posibilidad de un estallido como el del 18 de octubre, masificándose el cuestionamiento a la legitimidad del gobierno y del sistema neoliberal que representa. Hoy más que nunca está en juego el poder del 10% más rico, que percibe más del 50% de todos los ingresos.

La acumulación de abusos y arbitrariedades generadas por este poder han inducido un cambio en la conducta de la población, desde una pasividad consumidora previa al estallido a una que se transforma en agente de cambio. El abuso y el trato indigno de autoridades hacia la gente, el clasismo despreciativo de lo popular, las “zonas de sacrificio”, el agua privatizada, los efectos del cambio climático, los 30 pesos del metro, la corrupción, las colusiones, la desprotección del consumidor, la violación a los derechos humanos, han sido realidades en un Chile neoliberal que se agravaron con el empobrecimiento de las clases populares y medias durante la pandemia.

Esta violencia institucional puede exacerbarse represivamente con nuevos armamentos antidisturbios, con una Ley de Seguridad y fortalecimiento de la ANI, pero las manifestaciones en contra del abuso continuarán. La llamada clase política busca soluciones y, aunque todavía se encuentra desvinculada del movimiento social, ha ido integrando reformas constitucionales que posibilitan ganar el plebiscito del 25 de octubre para diseñar una nueva Constitución.

La “clase política”, ajena por años a las condiciones de vida de la ciudadanía, ha recibido el impacto de las movilizaciones en contra del anacrónico sistema dominante, que tiene en crisis permanente a la coalición gobernante. Y lentamente va retomando su rol de representación respondiendo a las demandas de las mayorías.

La dinámica propia de los movimientos sociales se complementa ahora con la reacción de los partidos, que paulatinamente van sumándose a la transformación de las bases de sustentación del poder neoliberal. Comienza recién a superarse el dominio de una ideología neoliberal que degrada la política, pues la entiende como otra actividad regida por las leyes del mercado, donde “los políticos” tienen sus “clientes” y sus “utilidades” o “beneficios” y, para mantenerse en el “mercado” perpetuándose en esa favorable posición, necesitan “invertir” recursos en sus campañas, lo que ya sabemos los deja en posición de corromperse frente a los poderes fácticos.

Estas conductas han contribuido al desprestigio de la política y a la pérdida de su sentido orientado al bien común. Sin embargo, en situaciones de crisis como la actual se dan condiciones para el cambio; se da la oportunidad de dignificar la política, entendida como una actividad necesaria para el desarrollo de la sociedad. Una nueva política que genere un nuevo tipo de interacción entre movimientos sociales y partidos políticos, que potencie la transformación societal.

Enfrentar unidos el proceso constituyente, la realización del plebiscito y ponerse de acuerdo en los contenidos mínimos de una nueva Constitución, son condiciones necesarias para recuperar la relación entre movimientos sociales y partidos políticos antineoliberales. Cada una de las fuerzas por separado no serán suficientes para conseguir el cambio del modelo neoliberal.

Un pacto de unidad entre estos actores es un requisito para realizar el cambio. Sin embargo, esto no se dará por reacción espontánea. Se necesitan voluntad y acciones unitarias que le den una proyección nacional a las demandas de los movimientos sociales, una vez que tanto estos como los partidos se abran a un diálogo horizontal. Ello implica superar la instrumentalización partidaria que se ha hecho de las organizaciones populares y recuperar la legitimidad de los partidos como uno de los instrumentos del pueblo para cambiar el poder establecido.

Se trata de lograr acuerdos participativos entre ambas organizaciones para lograr una necesaria correlación de fuerzas a través de pactos unitarios, sobre la base de mínimos programáticos, para responder hoy a la demanda de una nueva Constitución y a las necesidades del país propias del siglo XXI.

La unidad social y política para responder a los desafíos del siglo XXI cuenta con una serie de orientaciones que permiten lograr los mínimos consensos programáticos necesarios para cambiar el neoliberalismo.

El principio que orienta estos lineamientos se sintetiza en la integración del país a un proyecto global de equidad y amigable con el medioambiente. Hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU, los que se entienden como un todo inseparable para la superación de “la pobreza, el hambre, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia”. Condición para ello es “un crecimiento económico sostenible, inclusivo y equitativo, que cree mayores oportunidades para todos, reduzca las desigualdades, eleve los niveles básicos de vida, propicie el desarrollo social equitativo y la inclusión, y promueva la gestión integrada y sostenible de los recursos y ecosistemas naturales”. La política de género, los derechos a la salud, previsión, educación, al agua, en el contexto de una nueva sociedad, son requisitos para un nuevo desarrollo societal en Chile.

Se trata de cambiar un modo de producción y consumo caracterizado por un mercado desregulado que promueve la maximización de la ganancia a costa del bien común y apoyado en un Estado subsidiario. Una orientación más para el cambio podría ser el logro de acuerdos nacionales de gestión tripartita, que abran compuertas a una nueva relación entre Estado, empresas y trabajadores para implementar políticas de desarrollo sostenible. La “economía verde”, los “empleos verdes” acompañados de un “trabajo decente” (OIT) o la economía “circular” o “colaborativa” son hipótesis de trabajo que responden a los intereses de diferentes grupos sociales y que pueden constituir proyectos comunes para el desarrollo de una nueva sociedad sostenible y equitativa.

Los beneficios sociales y ecológicos de tales propuestas se logran con el cumplimiento de las metas ODS, así como con las propuestas establecidas por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), orientadas a enfrentar el calentamiento global y sus trágicas consecuencias para la vida en el planeta.

También se entiende como requisito el cambio del rol del Estado. De uno subsidiario neoliberal a un Estado regulador del mercado que debe ser “competente, con procedimientos efectivos, públicos, transparentes e imparciales” (Acuerdo de Escazú, 2018), al servicio de las personas y capaz de garantizar la equidad y la protección de nuestro hábitat.

Un Estado que asume una nueva forma de relacionarse con la sociedad civil, buscando la realización del principio de gobernanza por sobre el de gobernabilidad, facilitando la participación ciudadana y la toma de decisiones vinculantes en conjunto con la sociedad organizada, para resolver problemas en el ámbito donde se originan y habitan las personas. Los acuerdos mínimos programáticos son orientaciones en la consecución de este Estado que fomenta y respeta la coexistencia proactiva, principalmente entre los partidos y los movimientos sociales.

Los cambios que se inicien con los pactos de unidad tienen como primer objetivo el triunfo del “Apruebo” en el plebiscito del 25 de octubre. Mientras tanto, se debería retomar lo avanzado en las múltiples instancias de participación y cabildos ciudadanos nacidos luego del 18 de octubre pasado, y reactivar y promover la creación de nuevas instancias de participación orientadas al desarrollo participativo de los contenidos de una nueva Constitución.

Los partidos políticos deben ser parte y sumarse con fuerza a este proceso.

Por este camino se hará factible incorporar las mayorías ciudadanas en la Convención Constituyente, así como asegurar los contenidos democráticos de la nueva Constitución. Estos contenidos constitucionales deberían ser coherentes con un programa consensuado entre las fuerzas sociales y políticas afines a un cambio societal.