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El Desconcierto
Opinión

Post pandemia y nueva democracia

Por: Irina Karamanos y Francisca Perales / Publicado: 29.07.2020
Post pandemia y nueva democracia /
Es clave que el próximo ciclo electoral refleje los anclajes que han dejado todas las movilizaciones de la última década (particularmente los del estallido social de octubre) que se traducen en la necesidad de redistribuir el poder y ampliar la democracia en todos los ámbitos de la vida.

Nos encontramos en un momento crítico.

La pandemia ha mostrado estos últimos meses la cara más radical de la profunda desigualdad que genera el modelo neoliberal chileno. La fallida estrategia sanitaria del gobierno, y la ausencia de medidas que garanticen requisitos mínimos para mantener el confinamiento, nos muestran nuevamente el circuito cerrado entre desigualdad e institucionalidad.

Ha quedado en abierta contradicción la protección del mercado financiero versus la salud y las condiciones de vida digna de la población. Esto nos obliga a mirar con mayor detención cómo las políticas sociales focalizadas han contribuido a erosionar el bienestar de una sociedad.

Un modelo económico basado en la concentración de poder, riqueza y posibilidades efectivas de unos pocos, produce una sociedad profundamente segmentada en términos socioeconómicos, regionales y culturales; parece ser un factor central para la perpetuación del neoliberalismo en Chile. La desigualdad en ingresos y en acceso a servicios, la fragilidad de los beneficios sociales para enfrentar la precarización y el crecimiento del empleo informal, han sido parte de esta relación circular con las políticas de focalización de un Estado con rol subsidiario.

Observando el momento actual, es imperativo pensar en dos niveles de acción. Por una parte, identificar qué medidas desestructuran los circuitos de reproducción de la desigualdad desde la institucionalidad actual, que pueden implementarse de manera inmediata para afrontar la pandemia. Y por el otro, definir cuáles son las orientaciones de políticas sociales que proyectaremos hacia la post-pandemia y el nuevo ciclo político que abre el proceso constituyente.

Cabe notar que, de todas las formas en potencia, la que se impone tiende a condicionar y mantenerse a costa de la posibilidad de emergencia de otras formas. Sin embargo, desde octubre del año pasado se ha desplazado dicha dominancia previa, abriendo paso a la reconfiguración de posibilidades que existen en el presente y haciendo palpable un nuevo futuro en potencia que posibilita y a la vez requiere de imaginación política.

En ese marco, desde marzo a la fecha como Convergencia Social y Frente Amplio hemos presentado una serie de medidas que buscan sobrepasar los límites de la focalización que encuadra rígidamente el sentido neoliberal de las políticas públicas, para avanzar en un sentido de universalización que atienda el sinnúmero de precariedades e incertidumbres sociales preexistentes, pero, sobre todo, las que está dejando la pandemia.

Ejemplo de ello son: que se impidiera retirar utilidades en empresas acogidas a la Ley de Protección del Empleo; el establecimiento de condiciones para la participación de las/os trabajadores y del Estado en grandes empresas que soliciten recursos económicos para su salvataje; una Renta Básica de Emergencia por sobre la línea de la pobreza; y, ahora último, la incorporación de un Fondo Colectivo Solidario en el proyecto del retiro del 10% para evitar que el retorno del dinero sea mediante capitalización individual y termine fortaleciendo a las AFP. Todas ellas fueron rechazadas por el Ejecutivo o por parlamentarios del oficialismo, usando la inconstitucionalidad como argumento para denostarlas o vetarlas.

Respecto al proyecto de retiro de fondos previsionales cabe hacernos algunas preguntas. ¿Se habría discutido el proyecto si es que el gobierno hubiera propuesto algo distinto al endeudamiento a través de créditos? ¿No era mejor una renta básica que avanzara hacia la universalidad como parte de un plan económico para sostener las condiciones de las familias en crisis?

El segundo nivel se debe basar en la necesidad de construir alternativas que superen las lógicas asistenciales y clientelares que sustentan el ejercicio de la institucionalidad actual, lo que implica trastocar el diseño y ejecución de las políticas sociales focalizadas basadas en la subsidiariedad. Lo que a nuestro juicio involucra, además, fijar como objetivo pensar cómo se conforma una democracia participativa y descentralizada, que incorpore a la ciudadanía en los procesos de toma de decisión sobre los bienes comunes.

El agotamiento de los márgenes actuales de la democracia chilena se encuentra vinculado a un progresivo intento de despolitización del tejido social-comunitario provocado por un sector hegemónico que mantuvo al margen a la sociedad y al Estado mediante una Constitución que blinda al modelo neoliberal. Por tanto, una democracia participativa significa un nuevo marco institucional que garantice el carácter vinculante y deliberante de las comunidades y la ciudadanía sobre los asuntos públicos y el desarrollo social, económico, cultural y político del país en sus diferentes territorios.

Como señala Roberto Gargarella, gran parte del desarrollo democrático se juega en la “sala de máquinas” de la Constitución.

Para esto es clave que el próximo ciclo electoral refleje los anclajes que han dejado todas las movilizaciones de la última década (particularmente los del estallido social de octubre) que se traducen en la necesidad de redistribuir el poder y ampliar la democracia en todos los ámbitos de la vida.

Irina Karamanos y Francisca Perales
Irina Karamanos y Francisca Perales son militantes de Convergencia Social. Irina es de su Comité Central. Francisca es su vicepresidenta.
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