Recuperar el agua como un derecho es preservar la vida, todas las vidas

El 28 de julio del año 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante la resolución 64/292, reconoció el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano.

El agua potable y el saneamiento son indispensables para garantizar la supervivencia de las comunidades. Sin embargo, el agua cada vez es más escasa en el mundo, como sostiene el Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2019, titulado “No dejar a nadie atrás”: “El uso del agua ha venido aumentando un 1% anual en todo el mundo desde los años 80 del siglo pasado, impulsado por una combinación de aumento de la población, desarrollo socioeconómico y cambio en los modelos de consumo. La demanda mundial de agua se espera que siga aumentando a un ritmo parecido hasta 2050, lo que representa un incremento del 20 al 30% por encima del nivel actual de uso del agua, debido principalmente al aumento de la demanda en los sectores industrial y doméstico. Más de 2.000 millones de personas viven en países que sufren una fuerte escasez de agua, y aproximadamente 4.000 millones de personas padecen una grave escasez de agua durante al menos un mes al año. Los niveles de escasez seguirán aumentando a medida que crezca la demanda de agua y se intensifiquen los efectos del cambio climático”.

En agosto del año 2019, el Instituto de Recursos Mundiales entregó un reporte actualizado sobre los países con mayores índices de estrés hídrico en el mundo, situando a Chile en el lugar número 18, obteniendo de paso la categoría de Alto Riesgo, lo que en términos prácticos significa que la demanda de agua es superior a la cantidad disponible.

En Chile, los conflictos por el acceso al agua son de larga data. En el año 1980, se consagra constitucionalmente la propiedad privada del agua (Constitución de 1980, artículo 19, numeral 24) y, a renglón seguido, se realiza la formulación del Código de Aguas del año 1981, que define a las aguas como un bien público pero también como un bien económico. Además, se concede la prerrogativa al Estado de ser quien entrega los derechos de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a los particulares. Particulares que, amparados en las garantías constitucionales del artículo 19 numeral 24, pueden concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua. El Código de Aguas se encargó de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra, dando origen al mercado de las aguas y, finalmente, creó dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas: los derechos consuntivos  (concentradas básicamente en el sector irrigado y agrícola y también en el sector minero) y los no consuntivos  (derechos que se destinan preferentemente a la generación de Hidroelectricidad, y cuya propiedad pertenece al grupo ENEL, AES GENER y COLBÚN).

Desde Arica/Parinacota hasta Magallanes, las comunidades se enfrentan por agua con la industria extractiva minera, agroexportadora, con la industria forestal y con las hidroeléctricas. Lo hacen de forma completamente asimétrica, en términos de fuerzas y medios, porque las instituciones del Estado (poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y quienes lo han administrado, han priorizado el negocio del agua, favorecido a sus propietarios, y perseguido a quienes defienden un derecho humano esencial.

Entre los años 1998-2004, durante los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de Ricardo Lagos, se privatizaron las principales empresas sanitarias del país a través de ventas de propiedad (EMOS, ESVAL, ESSBIO, ESSEL y ESSAL), con todo incluido: derechos de agua, pasivos, activos, infraestructura, y también mediante una segunda modalidad, es decir, transferencia de contratos de explotación por 30 años (Aguas del Altiplano, Aguas Antofagasta, Aguas Chañar, Aguas del Valle, Nuevo Sur, Aguas Araucanía, Aguas Patagonia y Aguas Magallanes).

A pesar de la existencia de estas dos modalidades, tres grupos transnacionales controlan el 89,2% del total de “clientes” de agua potable del país: el Grupo Suez (42,4%), los Profesores de Ontario (35,9%) y el grupo Marubeni (10,9%). En Chile pagamos las tarifas más altas de América Latina por consumir agua, y las sanitarias -en manos extranjeras- se encargan de pagar los favores a quienes con sus votos y complicidad facilitaron el negocio del agua potable. El ex intendente de la región de la Araucanía, Luis Mayol, ocupa un sillón en el directorio de Aguas Andinas, Mauricio Rojas, el breve Ministro de Cultura es director suplente en la misma sanitaria y Guillermo Pickering, ex subsecretario de los gobiernos de la Concertación, preside la empresa sanitaria ESSAL, la misma que contaminó el principal cuerpo de agua de la ciudad de Osorno en julio del 2019,  provocando una crisis ambiental cuyos efectos aún perduran.

Chile tiene privatizadas sus fuentes de agua y su gestión, una situación “particular” a nivel planetario. Hasta julio del 2020, existían 138 comunas con decretos de escasez hídrica vigentes, correspondientes al  39,9% del país, alrededor de 1.057.404 mujeres y hombres que viven en la ruralidad.

Priorizar el negocio del agua en un escenario de pandemia planetaria provocada por el COVID-19, sólo es posible en Chile, paraíso del neoliberalismo. Lo sucedido en la Región de Valparaíso es reflejo de este sinsentido. El día 8 de abril, con la pandemia desatada, el secretario Regional Ministerial de Salud anunció el Decreto 456, que aumentaba la dotación de agua, vía camiones aljibes, pasando de 50 litros a 100 litros por persona en toda la región (app. 108 mil personas dependiendo de esta modalidad de suministro de agua). Ocho días después, emite un segundo decreto, el 458, que deja sin efecto el anterior. Con esta resolución, quedan los 50 litros de agua por persona iniciales, bajo el argumento de que la Organización Mundial de la Salud sostiene que con ese volumen es “suficiente” para satisfacer la demanda de agua para consumo, para funciones fisiológicas y también para higienizarse las manos de manera frecuente, que es una de las recomendaciones para  protegerse del COVID-19.

Organizaciones como MODATIMA y la Defensoría de la Niñez recurrieron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para insistir en el aumento de la dotación de aguas vía aljibes. La respuesta del tribunal fue la siguiente: “Atendiendo el mérito de los antecedentes, estimando esta corte que la administración y racionamiento del recurso hídrico es parte de la gestión gubernamental, escapando a la competencia de los tribunales de justicia la determinación de tales políticas, se declara inadmisible el recurso de protección…”.

Durante los días recién pasados, ha llovido en la zona central, siendo la naturaleza la encargada de reparar años de saqueo del agua, años de privaciones. Hemos visto al Ministro de Agricultura bajo la lluvia alegrarse por tan buenas nuevas, cuando su compromiso con el negocio del agua es innegable y de común conocimiento. Si Chile firmó la resolución que declaró el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano, o se abstuvo, es una pregunta válida y su respuesta oficial aún está pendiente.

Haya firmado o no haya firmado, en Chile se continúa violando sistemáticamente el derecho humano al agua. Su privatización es fuente de riqueza para algunos y desigualdad para la mayoría. Cuando hubo que organizarse para salir a entregar agua, en medio de una pandemia, hombres y mujeres con rostros surcados por la rudeza de vivir en comunidades sin agua, confirmaron la justicia, necesidad y urgencia de esta batalla, y reafirmaron que recuperarla democráticamente es un imperativo ético y moral. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, nada más, pero nada menos.