Magistrada Chevesich y el crimen de Ámbar: «La gran deuda del sistema penal es la ejecución de las penas»

La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se refirió al homicidio de Ámbar Cornejo, y expresó la disposición del Poder Judicial para generar todos los cambios posibles que perfeccionen las libertades condicionales.

Chevesich afirmó que “a mí y a todos los integrantes del Poder Judicial nos duele profundamente la muerte de una adolescente y estamos conscientes de la crítica que se nos formula por haberse otorgado la libertad condicional a una persona (Hugo Bustamante) a quien se le imputa participación directa en ese hecho, que la obtuvo en el año 2016 tras cumplir 11 años de una pena impuesta por un doble homicidio que cometió».

La magistrada aseguró que “la gran deuda del sistema penal chileno es lo concerniente a la ejecución de las penas, es decir lo relativo a la implementación de un sistema de seguimiento eficiente y eficaz de los condenados, mediante la labor de delegados que los acompañen en todo su proceso de reinserción social y la existencia y jueces y juezas de ejecución que puedan adoptar decisiones entorno a aquello”.

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En la misma línea, aseguró que “el Poder Judicial siempre ha estado disponible para introducir modificaciones y perfeccionar la normativa que regla su quehacer. En el caso concreto, para establecer mejores estándares para otorgar la libertad condicional que permitan un efectivo seguimiento de los procesos y el desarrollo y aplicación de las políticas de reinserción social”.

“La comisión de libertad condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en abril de 2016 otorgó la libertad condicional a varios internos que figuraban en una nómina que al efecto elaboró Gendarmería de Chile en base a criterios objetivos y de conforme a la legalidad vigente a esa época”, argumentó.

En este sentido, la jueza agregó que “la referida comisión ejerció una facultad reglada, con ello ponderó los antecedentes que le fueron proporcionados y por su parte Gendarmería de Chile informó en los aspectos que le concierne”.

No obstante, aclaró que “el decreto ley 321, que regla la libertad condicional, data de 1925 y no experimentó grandes modificaciones sino hasta el año 2019, cuando el procedimiento se hizo más estricto y objetivo. Por lo tanto el régimen legal actual  no es el mismo que estaba vigente en el año 2016 ”.