Salar de Aatacama / Foto: Agencia Uno /
Hoy las comunidades exigen fin a los abusos, poner la vida al centro de las decisiones país, impulsar una reactivación basada en el fortalecimiento de las economías locales, menos dependiente, más soberana, y decididamente garante del cuidado y la preservación de la naturaleza que aún nos queda. Sin embrago, el denominado acuerdo COVID, impulsa soterradamente una agenda pro inversión que establece como única posibilidad de reactivación profundizar el extractivismo, la depredación de los territorios y la fragilización de nuestra democracia.
La fórmula usada desde los 90 de atraer inversiones regalando nuestra riqueza, contaminando y generando territorios en sacrificio, ya demostró su agotamiento. Las comunidades hoy exigen fin a los abusos, poner la vida al centro de las decisiones país, impulsar una reactivación basada en el fortalecimiento de las economías locales, menos dependiente, más soberana, y decididamente garante del cuidado y la preservación de la naturaleza que aún nos queda.
Sin embargo, nada de esto está siendo internalizado por la política pública. Según queda demostrado en un reciente estudio publicado por Camila Zarate y el equipo OLCA, el bullado acuerdo COVID, impulsa soterradamente una agenda pro inversión que establece como única posibilidad de reactivación profundizar el extractivismo, la depredación de los territorios y la fragilización de nuestra democracia.
En el documento se analizan las “recomendaciones” que en definitiva son medidas vinculantes, siendo 6 de 12 tendientes a viabilizar la aprobación de proyectos resistidos por las comunidades locales. Además, se consigna que el Fondo Covid, constituido vía endeudamiento estatal, beneficiará en un 30% a las familias y en un 70% al gran empresariado, y no precisamente a los sectores económicos que han debido paralizar sus faenas, sino a aquellos que no han dejado de funcionar y rentabilizar pese a los gritos de auxilio de las comunas donde operan, pues sus habitantes no pueden controlar la expansión del virus con tanta población flotante. Como si esto fuera poco, se introdujeron también exenciones tributarias, especialmente favorables a la minería por la intensidad y volumen de las inversiones, lo que en situación de crisis no tiene ninguna lógica, más que seguir legalizando la escandalosa evasión de impuestos que las transnacionales extractivas han naturalizado en Chile.
Otra cuestión que llama la atención, es que las recomendaciones establecidas en el Acuerdo Covid, se nutrieron en buena parte de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), engendro creado en el 2015 y mandatado en 2018 para identificar e eliminar las «burocracias» existentes en la aprobación de proyectos que dañan el ambiente. Esto ocurre pese a la desoída demanda de las y los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de paralizar el ingreso de proyectos, los que se han triplicado en contextos de pandemia. Las “recomendaciones” suponen modificaciones institucionales, la mayoría por iniciativa del ejecutivo, sin necesidad de pasar por el Congreso, y obedecen a una agenda diseñada en el primer gobierno de Piñera y perfeccionada en el segundo, en una hoja de ruta que se mantuvo inalterable pese al estallido y a la pandemia, aunque, no obstante, aprovechó la desesperación, el confinamiento y el espasmo social de esta última, para imponerse.
Y es que nadie en su sano juicio va a aprobar iniciativas como dejar que las empresas que operan proyectos que pueden dañar al medio ambiente, inicien faenas de “buena fe” y luego, cuando la autoridad pueda, vaya a fiscalizarlos. O que quienes fiscalicen y evalúen los emprendimientos puedan ser consultores externos pagados por el titular del proyecto que debe ser fiscalizado; o que el proyecto ingresado por pertinencia baste que cuenten con la firma de un profesional experto para que puedan llevarse a cabo; o que los Permisos Ambientales de proyectos aumenten su tiempo para la caducidad de cinco a ocho años. Sin embargo, estas y otras medidas similares fueron las posibilitadas al interior del aparato público, mediante el acuerdo COVID.
Es muy interesante eso sí este actuar mañoso y a hurtadillas de la ciudadanía, porque evidencia que el Chile que el gobierno no quiere ver, desea realmente una cosa distinta al extractivismo y a la depredación. En los 90, cuando empezaron las maniobras de atraer inversiones a costa del patrimonio común, muy pocas voces se levantaron en alerta, había que recuperar al país a toda costa. Ahora, cuando todo da cuenta de que la crisis será dura, similar a la de los 80, no queremos más soluciones competitivas, individualistas, centralistas y devastadoras de la vida, sino poner todas nuestras energías en volver a construir el tejido social desgarrado, volver a activar las economías locales, la soberanía alimentaria y el sentido común.
