Día del Minero en pandemia: el costo humano en pro del aumento productivo

Si bien el 2009 se instauró legalmente el 10 de agosto como el Día del Minero en nuestro país, dicha conmemoración está vinculada con la celebración de San Lorenzo, patrono de los mineros, lo que no es casualidad, pues desde mediados del siglo XIX y dada la precariedad y el riesgo en las labores de este sector, los trabajadores buscaban amparo en la fe popular, encomendándose al santo católico.

Recién entrado el siglo XX, los mineros en Chile pudieron acceder a políticas laborales y de protección social que, como en todo ámbito, han avanzado lentamente hasta hoy, más cuando el modelo ha puesto en el centro la producción a cualquier costo.

En 2019 la minería aportó un 9,4% al Producto Interno Bruto (PIB) y en la última década entregó cerca de US$ 100.000 millones al fisco. Dichas cifras, tan relevantes para la economía nacional, constituyen una pesada mochila para los trabajadores, sus familias y las zonas productoras, lo que ha quedado refrendado en el contexto de pandemia, donde se ha privilegiado la producción por sobre las vidas.

Aun con la incidencia de la crisis provocada por el coronavirus, en la Región de Antofagasta, por ejemplo, las grandes corporaciones que explotan el metal rojo aumentaron su producción durante el primer semestre de este año, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que en su Informe de Tendencias del Mercado da cuenta que la producción nacional de cobre mina acumuló a junio del presente año un alza de 2,6%. Estos números azules han sido –literalmente– a costa de sangre, sudor y lágrimas. Al 20 de julio, sólo Codelco registraba más de 3.400 trabajadores contagiados, entre propios y contratistas. En tanto, las muertes en la estatal a dicha fecha alcanzaban a 9 trabajadores.

Lo anterior se explica porque la minería no ha dejado de producir dada la categorización de “sector esencial” que se estableció por la presión del Consejo Minero. Y, entretanto, el gobierno ha estado ausente –también aquí– para regular el funcionamiento de la minería en contexto de pandemia, dejando a criterio de las propias corporaciones la implementación de medidas para enfrentar la crisis sanitaria en sus faenas. Han debido ser los trabajadores organizados, y las mesas sociales que se han levantado en los territorios, quienes han obligado a las empresas a adoptar resguardos. En paralelo y ante la falta de iniciativa del Ejecutivo, en el Congreso los diputados Catalina Pérez (RD), Raúl Soto (PPD), Marcela Hernando (PR), Pablo Vidal (RD), Juan Luis Castro (PS) y Esteban Velásquez (FRVS) presentaron un proyecto para que la minería entre en cuarentena, funcionando con servicios mínimos por 14 días, iniciativa que está en tramitación.

A la displicencia del gobierno, los mineros han debido salir a confrontar a los defensores y principales usufructuarios del modelo que cada cierto tiempo sacan de sus mangas sus viejos anhelos para volver a impulsar planes de precarización y privatización, ahora bajo el argumento de la urgencia por aumentar la productividad para reactivar la economía. Hace unos días desde la bancada UDI dieron a conocer una serie de propuestas económicas y políticas para enfrentar, a su modo, la crisis y en ellas se contenía la posibilidad de privatizar Codelco. Desde todas las organizaciones sindicales se levantaron las alarmas y el rechazo fue categórico.

Otro hecho al que hay que ponerle ojo dice relación con la sigilosa propuesta del oficialismo denominada “Política Nacional Minera 2050” (PNM 2050), un plan que dice buscar contribuir a posicionar a la industria minera como motor para la recuperación económica. Poco ha develado el gobierno sobre sus alcances, mientras se acrecienta la inquietud de que pueda tratarse de un diseño que pretenda sobre todo proteger las inversiones, flexibilizando las regulaciones laborales y medioambientales.

En este contexto, por más que los mineros se encomienden al “Lolo”, como se le conoce popularmente a San Lorenzo, hará falta que desde los territorios mantengamos nuestras banderas en alto, como lo hemos hecho para que el modelo de los abusos transite a su fin, abriendo el proceso constituyente.

De ese modo, podemos avanzar hacia un nuevo modelo respetuoso de las dimensiones laborales, sociales y ambientales, donde las políticas económicas recuperen un rol de desarrollo público, poniendo en el centro a las y los trabajadores y las comunidades.