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El gobierno dio suma urgencia al proyecto que amplía el límite de inversión de los fondos de pensiones en activos alternativos y permite que los ahorros de los trabajadores financien emisiones de deuda inscritas en forma automática ante el regulador. En el Senado, autoridades y representantes de la industria reconocieron que la primera medida permitirá dar financiamiento a “pequeñas y medianas empresas” que no accedieron al Fogape porque facturan más de US$45 millones anuales. La segunda medida va directo a las grandes empresas y permite acelerar la emisión de nueva deuda para pasar el chaparrón.
Una nueva polémica se avizora en los próximos días para el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, cuando inicie la tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que aumenta el límite máximo para invertir en activos alternativos (AA) y flexibiliza las condiciones para que los fondos de pensiones inviertan en deuda de grandes empresas inscritas en forma automática ante el regulador.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara Alta en julio pasado, contando en la Comisión de Hacienda con los votos de los senadores de oposición Ricardo Lagos Weber (PPD), Jorge Pizarro (DC) y Felipe Harboe (PPD), en el caso del aumento del límite de inversión en AA; mientras que la inscripción automática contó con el apoyo de toda la oposición, incluyendo a Carlos Montes (PS). Esto se discutía mientras en paralelo se debatía públicamente el retiro del 10% de los fondos de pensiones.
El pasado miércoles debía iniciarse el debate, pero la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara fue suspendida. Esta semana, sin embargo, debiese iniciar la revisión del proyecto por diputados, aunque algunos partidos de oposición ya anunciaron su rechazo debido al alto riesgo en que incurrirían los ahorros de trabajadores si se invierten en empresas con dificultades financieras.
Y es que ni el Ministerio de Hacienda ni la Superintendencia de Pensiones (SP) fueron claros ante el Senado sobre el destino final que tendrían los fondos de pensiones de transformarse en ley la amplitud del límite de inversión en AA y el resto de flexibilizaciones dispuesta en el proyecto. Tampoco dilucidaron en qué condiciones financieras se encuentran las empresas que podrían ser sujeto de la inversión de las AFP, aunque el transcurrir del debate dejó algunas luces.
La iniciativa permite al Banco Central (BC) elevar de 15% a 20% el límite de inversión de los fondos de pensiones en activos alternativos. Según indicó en la Comisión de Hacienda del Senado el presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, Guillermo Tagle, esto podría liberar US$10.000 millones de los fondos, equivalente a la mitad de lo que se espera retiren los afiliados de las AFP con el 10%.
El proyecto también dispone medidas relacionadas con las compañías de seguro. Sin embargo, el centro del debate estuvo en los fondos de pensiones. El gobierno fue consultado en el Senado sobre qué empresas podrían recibir los dineros de los trabajadores, y las dudas cundieron. Se espera que esas dudas surjan nuevamente esta semana, cuando se retome la discusión en la Comisión de Hacienda presidida por el diputado Daniel Núñez.
En el listado de activos alternativos destacan las acciones de Sociedades Anónimas cerradas, que no son mayormente fiscalizadas. También figura el financiamiento de deuda de empresas nacionales, a través de dos vías: créditos sindicados (donde participa un conjunto de acreedores, entre ellos, bancos y aseguradoras); y Fondos de Inversión Privados (FIP), donde los fondos de las AFP actúan como aportantes (‘ponen la plata’ pero no gestionan el fondo). La inversión en créditos sindicados podría aumentar con este cambio legal, dijo la coordinadora de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, Catherine Tornel.
A nivel nacional, los AA incluyen bienes raíces para renta (arriendo) o leasing (con opción de compra) no habitacional y negocios inmobiliarios con mutuos hipotecarios. Esto financia los edificios para oficinas desarrollados por grandes inmobiliarias en la zona oriente, en el centro y algunos polos industriales, donde participan las compañías de seguro. Esta inversión no es común para las AFP, pero se está incentivando que participe más. Lo mismo ocurre con empresas que construyen y arriendan strip center.
Lo curioso es que hasta ahora la inversión en AA por parte de las AFP se ha concentrado en el extranjero. Según la autoridad, parecen ser la gallina de los huevos de oro, con rentabilidades cercanas al 17% anual en algunos casos, lo que supera el rendimiento de una inversión tradicional. Aunque, también crece el riesgo y la seguridad social queda a merced de la capacidad de pago de empresas que financieramente no lo están pasando bien.
Los fondos de pensiones invierten en AA desde 2010, pero éstos fueron definitivamente impulsados en 2017 en un proyecto liderado por el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que permitió al Banco Central ir subiendo los topes de inversión en AA. El objetivo: concurrir a un Fondo de Infraestructura destinado a obras en el país.
No obstante, en estos años poco de lo prometido se cumplió. Según el Banco Central, a marzo de 2020 el 4,8% de los fondos de pensiones fue destinado a AA (unos US$8.000 millones). Dos tercios de la inversión en AA se fue al exterior a financiar deuda y acciones privadas vía fondos de inversión.
En su presentación ante el Senado, el presidente del BC, Mario Marcel, reveló que en abril pasado ya habían elevado el límite hasta 13% en el Fondo A y en forma descendente a los otros fondos.
El senador Carlos Montes (PS) rechazó el alza del límite, pues a su juicio el Banco Central no parecía interesado en elevarlo y por eso criticó la insistencia del gobierno en la iniciativa. Esto llevó a un extenso debate en la Comisión de Hacienda, donde el gobierno y quienes le secundaron en las presentaciones revelaron algunos datos que ayudan a dimensionar el objetivo de la iniciativa.
Tagle, el presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales (entidad dependiente de Hacienda, con integrantes del mundo privado), estimó que de los US$10.000 millones que podrían ser invertidos en activos alternativos con el aumento de los límites, solo entre 10% y 20% de esos recursos quedarían en Chile. Es decir, hasta US$2.000 millones.
Tagle conoce el mercado financiero. Su hermano, Arturo, era gerente general del Banco de Chile, del grupo Luksic y Citibank, cuando el gobierno de Piñera lo llamó para presidir BancoEstado. Sin embargo, debió dejar el cargo para cederlo a Sebastián Sichel el 4 de junio pasado. Ex timonel del foro empresarial Icare, actualmente preside Credicorp Capital (ex IM Trust), una empresa que también capta fondos de pensiones para invertir en AA.
Con todo, el presidente del Banco Central aclaró que la ampliación del límite para los activos alternativos no se relaciona con financiamiento a grandes empresas. El mayor límite sí podría ser usado para financiar a medianas y pequeñas empresas a través de Fondos de Inversión.
Tagle dio más ideas de dónde invertir. “Podría pensarse, como ejemplo, el caso de clínicas o centros de salud -que actualmente no reciben ingresos que no sean por COVID-19, pero que es fácil anticipar que pasada la pandemia se podrán recuperar rápidamente”, planteó el banquero de inversión.
De acuerdo a su opinión, las empresas que podrían ser financiadas son las que no accedieron al Fogape anunciado por el gobierno. Esto, debido a que sus ventas anuales superan el millón de UF, unos US$37 millones, y que accederán a tasas mensuales de 1,2% a 1,7%.
El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, explicó que mediante activos alternativos se puede “canalizar recursos de los fondos de pensiones a empresas pequeñas y medianas a través de fondos de inversión, y puede que ahora se avance a una inversión más directa”, sin especificar de qué sectores son las empresas medianas y pequeñas donde irían los recursos.
El senador Carlos Bianchi (IND) critica la falta de información del gobierno y las dudas que les generó el proyecto, el que en este punto él rechazó. “El gobierno no entrega información. El ministro Briones viene con mucha prepotencia, hablan con muy pocos, lo único que hizo para el Acuerdo Nacional fue entenderse con la Comisión de Hacienda del Senado. Yo voté en contra porque me parece que exponer a mayor riesgo cinco puntos porcentuales más de los fondos de pensiones, en un momento como el actual, no me parece. Menos mientras no tengan responsabilidad las AFP”, afirmó.
Senadores que conversaron con funcionarios de gobierno indicaron a El Desconcierto que en algún momento se aludió en privado a empresas del retail de segundo orden como algunas de las sociedades donde podrían invertir las AFP en próximas emisiones de deuda, aunque desde Hacienda no ratifican esa versión.
Sin embargo, fuentes del sector confirmaron que la situación de varias retailer es muy compleja y viene complicada desde el 18 de octubre de 2019. Las principales empresas de retail de tamaño medio son Hites, La Polar, AD Retail (ABC Din), Tricot y Corona.
El diputado Daniel Núñez anunció que no se dejará presionar para obtener una tramitación express en la Comisión de Hacienda que preside, luego de que el gobierno anunciara la suma urgencia, que da 10 días para tramitar en la Cámara.
Cuando Marcel, el presidente del BC, dijo en el Senado que la regulación sobre activos alternativos no tenía que ver con grandes empresas, añadió que para los grandes grupos las medidas son las flexibilizaciones para emitir nuevo endeudamiento y así las AFP pongan más recursos en el mercado, buscando también mejores rentabilidades.
Esa es la segunda medida que incluyó el gobierno en lo relativo a fondos de pensiones: permitirles a las AFP invertir en emisiones de bonos (deuda) que realicen empresas inscritas en la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) sin requerir inscripción para el instrumento (el mismo bono, o deuda, que se emite).
En el fondo, lo que se propone es que se les permita a grandes empresas emitir más deuda ante los problemas que hoy enfrentan, para que dicha deuda sea comprada por los fondos de pensiones. Como lo anterior evidencia que son empresas en problemas financieros, lo que podría derivar en el no pago de una de esas deudas, los senadores Jorge Pizarro y Carlos Montes los calificaron como posibles bonos basura, que tiene altas posibilidades de incumplir su pago.
En el debate el gobierno cedió y se autorizó la inscripción automática de los bonos (más que la ‘no inscripción’ original), pero con la presentación en ese momento de una clasificación de riesgo, sin postergar este informe hasta la colocación de la deuda, como planteaba en el origen el gobierno.
Las AFP ya invierten en estas grandes empresas por lo que el proyecto no necesita aumentar límites; de hecho, casi el 20% de la propiedad y deuda de las principales compañías de la Bolsa local son fondos de pensiones, a través de las AFP y de rentas vitalicias de aseguradoras.
Pizarro y Montes preguntaron por LATAM Airlines y Enjoy, ambas con procesos judiciales de reorganización para evitar la quiebra y las dos polémicas, pues sus dueños tienen vínculos históricos con el Presidente Piñera. “Lo relativo a activos alternativos en caso alguno tiene relación con salvataje a grandes empresas”, dijo el ministro Briones el 1 de julio pasado en la comisión.
A propósito de eso, hace algunos días en el programa Mentiras Verdaderas de La Red, el economista Patricio Arrau defendió la posibilidad de que las AFP pudieran llegar a poner plata para nueva deuda de la empresa controlada por la familia Cueto, íntima del mandatario.
Explicó que la inversión que mantenían las AFP en acciones de LATAM hoy no vale nada por el desplome que vivió la acción con la pandemia, por lo que debieran invertir en más deuda para luego convertirla en acciones y así mantenerse en la propiedad. Sin embargo, las AFP, al parecer, ya decidieron salirse. Al cierre de diciembre de 2019 tenían 23,4% de la propiedad de LATAM. Al cierre de junio pasado, en tanto, apenas marcan 4,43% y un valor de US$37,85 millones; lejos de los US$1.436 millones que llegó a valorizarse al cierre del año pasado.
Enjoy está en una situación financiera similar, aunque requiere lograr financiamiento antes de que termine el mes. Sin embargo, las AFP no son ni socios ni acreedores por lo que no han participado del proceso.
Según Tagle, fuera de estas dos empresas no hay más grandes en ese estado. El presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortéz, estuvo en la misma línea, asegurando que tiene balances de todas las grandes empresas y por ahora solo requieren financiamiento (deuda).
Dijo que más bien su preocupación era la solvencia para cumplir sus deudas con la banca, pero como existen renegociaciones en curso “la información no está completa”.
En medio del debate, el ministro Briones intentó resumir los objetivos de financiamiento a empresas con la iniciativa. Por un lado, dijo que el proyecto busca dar financiamiento a empresas «que tienen el tamaño para emitir», aludiendo a grandes empresas. Sin embargo, añadió que «se está dando acceso a un segundo grupo de empresas que cuenta con un alto apalancamiento (endeudamiento), y para ellas se presta mejor un instrumento en que parte del riesgo se divida y puedan hacer que los bonos sean convertibles en acciones y acceder a una tasa de interés más baja».
Briones no especificó qué empresas son ni reveló qué estudio realizó el gobierno de este grupo de compañías, aumentando la incertidumbre sobre el destino de los fondos.
¿Cuántas grandes empresas emitirán bonos express para las AFP y en qué condiciones financieras se encuentran para pagarlos? Esa es la pregunta clave que puede afectar los fondos de pensiones y que aún nadie ha sabido responder. Ni siquiera el gobierno.
