El rol de los organismos colaboradores de Sename nuevamente saltó a la palestra con el femicidio de Ámbar. Estos son organismos ligados a los tribunales de familia que emiten informes clave en causas tan delicadas como vulneración de la infancia y adolescencia, cuidados personales, entre otros. Dentro de ese ámbito, abogadas expertas en causas sobre violencia hacia las mujeres han detectado que estos informes generalmente disocian entre la violencia cometida hacia ellas por sus ex parejas y padres de sus hijos y el proceso de tuición que están resolviendo. Con esto, generan una categoría de “habilidades parentales” que no las favorecen porque ellas buscan separarse de sus agresores. Un procedimiento que ha llevado a las expertas a analizar los sesgos de género presentes en este circuito que, aseguran, llama a las mujeres a autosilenciar su violencia para obtener el cuidado de sus hijos.
Hace tres años M* se separó de su pareja luego de denunciarlo en múltiples oportunidades por agresiones y violencia. Tenían en común dos hijas pequeñas y ella un hijo de 17 años que vivía en la misma casa. La relación derivó en un clima de peleas constantes y en un flujo de amenazas para ella. Al tiempo, su ex pareja denunció al hijo de M de abuso sexual contra una de las niñas. Así comenzaría un largo proceso judicial. Con el tiempo ella supo de un audio donde su ex pareja desmentía lo anterior y fue una prueba que presentó al tribunal. Las cosas dieron un giro a su favor y la causa finalmente se cerró. M asegura que fue una manera de intervenir para quitarle la tuición de las hijas.
La historia, sin embargo, no terminó ahí. Ambos padres fueron citados a sesiones en Sename para evaluar sus “habilidades parentales”. Los profesionales del organismo determinaron que sus hijas debían asistir a dos programas producto del clima de violencia que habían generado como pareja y que había repercutido en las menores.
Lo peor noticia para M vendría después. Al finalizar las sesiones, el programa de Diagnóstico Ambulatorio (DAM) de La Pintana, que estuvo encargada de evaluarla, terminó por sugerir que las hijas quedaran al cuidado del padre, situación que luego fue recogida por el tribunal de Familia.
—Decían que estaban dañadas por ambos padres, pero más por mí porque no era una buena mamá porque no les ponía límites a mis hijas. Eso lo recuerdo muy bien. No sé, ese informe está malo porque nadie puede dar una resolución o un informe en cuatro citaciones de 45 minutos cada una, no fue más que eso, y basándose en esos días. Uno de esos días, cuando nos fuimos, las niñas se querían ir a despedir del papá mientras lo estaban interviniendo y yo las dejé porque me parecía lógico si no lo iban a ver en 15 días más. No sé, yo también imagino que fue por eso—, explica.
Hasta ahora es el padre el que está cuidando a las hijas, el mismo que está acusado por ella de agresión y violencia. Por otro lado, M presentó otra acción judicial por los informes que, a su juicio, no fueron reflejo de lo que ocurría en su situación, algo que todavía sigue adelante y podría revertir la tuición. Pero esto va delineando algo mucho más complejo que va de la mano de la justicia y los criterios que se van tomando cuando una mujer es víctima de violencia y, a la vez, enfrenta estos procesos en paralelo.
Este proceso comienza con los informes que emiten las instituciones asociados a Sename encargadas de evaluar e intervenir que son clave para los tribunales de familia. Algunos de ellos son las Oficina de Protección de Derechos (ODP), Programa de Atención Focalizada (PPF) y DAM. Los más utilizados son estos últimos, como el caso relatado. Se trata de organismos especializados para detectar si un niño o niña está sufriendo, por ejemplo, abuso sexual, maltrato dentro de la familia, si tiene cambios conductuales por abandono u otras vulneraciones.
Este circuito tiene varias etapas: en principio, son los tribunales de familia los que autorizan para que intervengan y realicen diagnósticos ambulatorios, a través de sus profesionales, en general, trabajadores sociales y psicólogos. Para su elaboración hay metodologías fundamentalmente con enfoque de derechos humanos. En estos meses por la emergencia se han hecho entrevistas vía zoom, pero la modalidad regular son entrevistas personales con la madre y el padre y los hijos en común. Finalmente, emiten un informe que sirve a la justicia para dictar sentencias.
Y aquí, lo relevante: la decisión sobre las “habilidades parentales” se desprenden de estos informes. Es decir, es la prueba para definir el cuidado personal para el cual un progenitor es más idóneo que el otro calificando sus habilidades en disminuidas, medias y óptimas.
Pero eso ha ido develando otras consecuencias. De hecho, los estudios jurídicos que llevan permanentemente estas causas aseguran que se ha convertido en una de las mayores herramientas de victimización secundaria o maltrato sexista hacia las mujeres madres, asegura Daniela López, abogada del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres.
En su experiencia, ha detectado que al emitir estos informes se hace uso y abuso de estereotipos de género, en particular el de la “mala madre” cuando son, a la vez, mujeres víctimas de violencia. Esto queda en segundo plano en estos diagnósticos, y es algo que ve normalizado. “Suele ocurrir que las mujeres cuentan genuinamente su historia, dicen que no es que le quieran negar el hijo al padre, o que no quieran seguir asistiendo a las terapias, lo que pasa es que fue agredida por años”, explica y aclara que los antecedentes que se conocen en el Poder Judicial, muestran que el 80% aproximado de las víctimas de violencia de género no denuncia agresiones.
Recuerda, por ejemplo, casos en que los informes señalan que las madres han interferido en la dinámica y relación con el padre, cuando ellas también han sido víctimas de algún tipo de agresión u hostigamiento. Otro caso particular que menciona un informe donde se alude que una mujer busca mantener el cuidado de los hijos para “obtener beneficio económico”, a través del pago de la pensión alimenticia. Por esto, de hecho, presentaron un reclamo ante el organismo colaborador en contra del PPF Peñalolen 2.
“Eso devela todo tipo de estereotipos, intentar tratar a la madre de ‘loca’, con patología o que lucra con sus hijos. Cualquier persona que vive en Chile sabe que las pensiones de alimentos son una miseria y es no tener idea de cuánto cuesta la crianza”, manifiesta López, quien aclara que muchas veces se asimila la maternidad precarizada por desigualdad económica o la maternidad en pobreza a negligencia materna.
Esto se suma, agrega, a que las mujeres creen que al separarse o divorciarse se acabará la violencia porque pueden poner distancia con el maltratador y que pondrán estar “a salvo”. Sin embargo, explica que en la relación con un agresor, el divorcio o separación si existen hijas o hijos menores de edad, da comienzo al mayor calvario para la mujer. «Él estará dispuesto a utilizar todos los instrumentos a su alcance para continuar maltratándola», enfatiza.
Susan Sepúlveda es jueza de familia y confirma que, en principio, este diagnóstico siempre suele tener sesgos. El error, apunta, es la disociación entre la mujer víctima de violencia, donde el aparataje judicial opera para resguardarla en su calidad de víctima, de la mujer madre donde el mismo sistema suele instalarse de una manera más castigadora que protectora.
El informe, al subvalorar la violencia hacia la mujer, señala que tiene las habilidades parentales descendidas porque “pone los intereses personales de la mujer por sobre los de madre o que no entiende que [el hijo] debe relacionarse con el padre”. Esta última es la frase más utilizada. “Dicen que, aunque sea agresor, eso no importa porque puede ser igual un buen padre. Así generan una disociación falsa y súper perversa porque los hijos también vieron esa violencia, cuando ven cómo se comportan sus figuras paternas las replican no es que exista una ‘muralla ficticia’ donde no se den cuenta que el papá le pegara a la mamá”, agrega López.
Aquí pueden pasar dos cosas que son parte de un “círculo vicioso”, advierte Sepúlveda: que no se logre desentrañar la situación de victimización que puede estar pasando a una mujer al leer el informe y, por lo tanto, se replica el sesgo. O, que esos factores deben estar incorporados a la hora de evaluar para que yo no produzca mayor vulneración en la resolución o en la recomendación que se haga a un programa. Es un ‘círculo’ que, sin embargo, se produce por la falta de un sistema integral de protección a las víctimas. “Finalmente, se deja todo a cargo de la víctima, denunciar, auto protegerse y, además, de abastecerse económicamente. En ese círculo no hay un aporte del aparato estatal a la mujer como víctima”, explica.
Si bien no hay cifras del número de informes que terminan con este tipo de resoluciones en los tribunales, la abogada de AML asegura que son la mayoría. “Por ejemplo, nosotras estamos haciendo un curso, con el Instituto de Estudios Judiciales y otras instituciones, sobre perspectiva de género e infancia donde estamos integrando este enfoque de género en el derecho, señalando que no se puede disociar de la protección de la infancia. Pero en Chile estamos muy retrasados”, explica.
Alicia Herrera es abogada de la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres, explica que muchas al saber lo largo de los procesos, se silencian y siguen aguantando porque saben que entrarán a un sistema que no sólo la juzgará sino que tampoco le otorgará herramientas para salir adelante. “Eso va generando depresiones, crisis de pánico, muchas veces hasta los abogados no sabemos cómo actuar, ya que una palabra mal dicha puede producir un caos. Y es entendible porque la sensación de injusticia, es la peor de todas en el ser humano. Esto es una cadena”, asegura.
Cuando el diagnóstico te dice que ‘pones tus intereses como mujer antes que los de madre’, es un llamando del sistema a silenciar tu violencia, plantea. Esto, como el sistema utiliza los estándares de habilidades parentales, las que resultan con óptimas condiciones son las que muchas veces terminan acallando todo lo que han vivido como víctimas. “Es quedarse en el rol absoluto y sacrificial de la maternidad”, apunta también López.
Es como un “vía crucis” para las mujeres, asegura. Una situación que genera victimización secundaria: las mujeres terminan más dañada después de haber recurrido a la justicia buscando una forma de frenar la violencia que a la que está sometida y proteger a tus hijos. Ese camino judicial provoca daño en las mujeres, muchos cuestionamientos, y si comenzaron denunciando violencia muchas terminan con el cartel de “mala madre”. Lo que ambas abogadas consideran violencia institucional. Explican que muchos hombres al no estar en tratamientos psicológicos, terminan cometiendo femicidios. “Es algo muy grave. Pero para estas mamás es morir en vida y un infierno constante”, acota Herrera.
Aquí también hay profundos efectos para los niños porque están en medio de una relación con dinámicas de violencia. López hace mención al caso de Ámbar, asesinada por la pareja de su madre, Hugo Bustamante que también tenía antecedentes sobre un doble homicidio, a una mujer y a su hijo. «La madre de Ámbar quizás es víctima transgeneracional de violencia de género, quizás ella también ha vivido una historia de abandono y abuso, sin perjuicio de que ello no la exculpa de responsabilidades en delitos y vulneraciones, otorga una perspectiva estructural de la negligencia del estado chileno en esta materia», señala.
Lamentablemente, dicen, los estereotipos se van repitiendo en el proceso: “Hay directoras de dispositivos de DPS que me han dicho ‘el por lo menos está aquí’, ‘el sí quiere ver a sus hijos’ o ‘él perfectamente se pudo haber mandado a cambiar’. Tienen tan normalizado que los hombres se pueden desligar de la crianza o de la manutención de los hijos, porque la paternidad no tiene ningún estándar de cuestionamiento, con tal que esté ahí, aunque sea un agresor, aunque nunca haya cuidado o haya criado. En cambio, la mujer es la que recibe todo el cuestionamiento social e institucional sobre la base a este estereotipo de mala madre”, reflexiona.
Susan Sepúlveda, finalmente, plantea los desafíos: la necesidad de comprender cómo ocurren estas circunstancias, los efectos psicológicos que tienen para las mujeres y niños, que deben ser necesariamente incorporados dentro en los diagnósticos. Es la manera de terminar con el círculo de quien entrega la información y quien dicta justicia.
