| Juan Ignacio Latorre / Agencia Uno
El parlamentario frenteamplista, autor de varias indicaciones que han abierto la polémica en torno a la iniciativa, asegura que sus propuestas apuntan a «disminuir la tasa de irregularidad», lo que, a su vez –dice–, provocará «una reducción de los abusos, la explotación, la trata de personas y el aprovechamiento de las personas que están en situación de más vulnerabilidad».
La votación del proyecto de Ley de Migraciones que, previsiblemente, este miércoles tendrá lugar en el Senado ha abierto, nuevamente, el debate sobre las políticas migratorias del país. El proyecto, al que el Ejecutivo puso urgencia durante los primeros meses de la pandemia, fue enviado a la Cámara durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y se retomó en 2019. Sin embargo, hasta ahora no había avanzado en su tramitación.
La discusión parlamentaria se centra en dos polémicas indicaciones –no son las únicas– que han activado las alertas del oficialismo: la llamada «visa de turismo laboral», que podría solicitar todo extranjero que llegue a la frontera o aeropuerto en búsqueda de una oportunidad de trabajo; y la regulación transitoria para los migrantes que lo soliciten en los 90 días a partir de la aprobación de la norma. El debate está servido en medio de las críticas del oficialismo (y parte de la oposición), que considera que las propuestas provocarán un «efecto llamada» por considerarlas demasiado flexibles.
En conversación con El Desconcierto, el senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre (RD), miembro de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta y uno de los autores de las indicaciones, asegura que sus enmiendas apuntan a «disminuir la tasa de irregularidad», lo que, a su vez –dice–, provocará «una reducción de los abusos, la explotación, la trata de personas y el aprovechamiento de las personas que están en situación de más vulnerabilidad». Tras la votación en Sala, el proyecto retornará a la Cámara, para su tercer trámite, en el que tendrán que aprobarse las modificaciones del Senado o, en caso contrario, se convocará una comisión mixta. Ya se ha especulado sobre un eventual veto o recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) en caso de que las enmiendas se aprobaran.
-El gobierno decidió ponerle urgencia al proyecto de migraciones con el argumento que, después de la pandemia, las cifras de personas migrantes que llegan a Chile aumentarán. ¿Coincide con esa afirmación?
-Es un supuesto errado. Me lo comentó Gonzalo Blumel antes de dejar el cargo, cuando estábamos tramitando el proyecto de ley en la comisión de Derechos Humanos. El gobierno no quería hacerle grandes cambios a lo que ya se había aprobado en la comisión de Gobierno, porque quería contar luego con el instrumento legislativo. Su argumento era que el Chile postpandemia iba a ser un país con una muy buena reactivación económica, receptor de grandes oleadas de migrantes y que los demás países de América Latina iban a quedar muy mal, por lo tanto, la legislación migratoria necesitaba actualizarse. Lo he conversado con académicos que investigan temas migratorios y organizaciones de la sociedad civil y cuestionan este supuesto, porque los países receptores de flujos migratorios expansivos cuentan con un ciclo de estabilidad social, política y económica que los hacen atractivos para las personas que salen de países con dificultades económicas o contextos de violencia. Desde el estallido social, nada indica que la reactivación en Chile vaya a ser muchísimo mejor que en otros países latinoamericanos. Como lo hacen otros gobiernos de derecha en el mundo, en Chile el gobierno acentúa la discriminación y el racismo para desviar la atención de otras crisis que tiene su coalición.
-Algunos discursos que se han escuchado de autoridades de gobierno se han referido al ámbito laboral, citando unos estudios del Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM) que indican que aumentó el empleo de migrantes sin educación superior mientras que bajó en los chilenos del mismo segmento. Hay otros estudios que demuestran que los migrantes hacen el trabajo que no quieren hacer las personas de los países de acogida y que impulsan, así, la economía nacional.
-Todo el diseño comunicacional de parte de Extranjería, va en el sentido contrario a la evidencia de estudios del mundo académico realizados en los últimos años, los cuales dan cuenta de que la población migrante va ocupando el trabajo que la población laboral activa chilena no está dispuesta a realizar; y que, además, están dispuestos a hacerlo por menos salario que el de la población chilena. Además, cuando en un país aumenta el desempleo, también aumenta el desempleo en la población migrante, por lo tanto, quienes llegaron a Chile y tenían empleo o estaban insertos en la economía informal y ahora quedaron interrumpidos y sin fuente de ingreso, van a volver a su país de origen o buscarán otro destino.
Marcha por un proceso extraordinario de regularización migratoria / Agencia Uno
-Sobre el fondo del proyecto, hay un par de indicaciones que son las más polémicas: la llamada “visa de turismo laboral”, y la regulación transitoria de 90 días, que permitiría que los extranjeros que se encuentren en situación irregular, en tres meses a partir de la aprobación de la ley, puedan solicitar una visa temporaria sin ser sancionados. El oficialismo asegura que eso producirá un “efecto llamada” de migrantes a Chile. ¿Qué opina?
-La población migrante, cuando decide migrar a un país, no anda comparando leyes de un país a otro. No es que Chile vaya a dar una súper señal para que la gente venga, ni tampoco significa que la gente no quiera venir al país si las indicaciones no se aprueban. Los criterios por los que se elige un país tienen que ver con la estabilidad económica, social y política, las fuentes de trabajo, posibilidades de estudiar, etc. En EE.UU. por más políticas restrictivas que existan, la gente sigue llegando igual porque tiene la esperanza de encontrar oportunidades laborales y, muchas veces, escapar de situaciones de violencia y conflicto de sus países de origen. Una buena política migratoria tiene que facilitar el tránsito de una población migratoria irregular a otra de regular.
-¿En qué sentido?
-Tienen que quedar establecidos por ley (sin depender del gobierno o del funcionario de turno) los deberes, los derechos y los requisitos por los cuales las personas pueden postular y solicitar una regularización migratoria, independientemente de cómo se ha ingresado al país (como turista, o por paso no habilitado). El objetivo es disminuir la tasa de migración irregular porque eso es positivo tanto para Chile como para los propios migrantes, pues permite que las políticas sean más inclusivas, de cohesión social, de disminución de los abusos, de la explotación, de la trata de personas y del aprovechamiento de las personas que están en situación de más vulnerabilidad. Además, permite que el país pueda contar con mayores herramientas para devolver a sus países de origen a las personas que están en situación irregular y no cumplan con los requisitos para quedarse. En cambio, si son muchas, como ocurre en EE.UU., es imposible que el Estado se haga cargo de devolver a esas personas o las persiga. A Chile le conviene tener una población migrante formalizada, empadronada, regularizada, que paga impuestos y con contrato de trabajo.
-Los detractores de estas propuestas alegan que con indicaciones como las que proponen se deja a las personas migrantes en condiciones de «inseguridad» porque las personas que llegan al país viven en malas condiciones y son víctimas de abuso laboral.
-Se trata de hacerse cargo de una realidad que existe. Las personas ingresan con una visa de turismo con un plazo que vence; consiguen algún trabajo informal, se van quedando y entonces, ¿qué haces? Si no les das ninguna posibilidad, cumpliendo determinados requisitos tangibles y objetivos –por ley– eso se va engrosando y no tienes capacidad de dar respuesta a estas personas. Tampoco las puedes perseguir o expulsar. Lo que proponemos tiene incluso que ver con el objetivo del gobierno de querer una política migratoria regular y ordenada, hacernos cargo de una realidad que existe.
Foto: Agencia Uno
-¿Qué opina de la nueva institucionalidad que se quiere crear con la nueva Ley, el Consejo de Política Migratoria y el Servicio Nacional de Migraciones?
-La propuesta es un avance, pero se podría potenciar mucho más, con énfasis, sobre todo, en los derechos humanos y la diversidad, más que en el foco economicista. Hay que fortalecer la institucionalidad de Chile, que es muy precaria. Yo trabajé harto tiempo en la Universidad Alberto Hurtado, donde hay muy buenos investigadores en temas de migraciones. Una de las cosas que reclamaban siempre es que Chile no tiene buenos datos, ni buenos observatorios de los flujos migratorios. La institucionalidad tiene que tener una buena coordinación con las políticas de seguridad, a cargo del Ministerio de Interior, pero también con las políticas sociales y de derechos humanos. El consejo asesor migratorio tiene que incluir a las organizaciones tanto de chilenos preocupados de los derechos de la población migrante, como de las propias organizaciones migrantes.
-Precisamente, la comunidad migrante ha criticado que no se la ha considerado en el debate de este proyecto.
-Se ha escuchado poco a la sociedad civil. A veces, se la ha ninguneado en sus aportes y han recibido portazos y descalificaciones públicas cuando han hecho críticas. Se ha escuchado más al mundo empresarial y a las encuestas sobre las amenazas del trabajador migrante al chileno.
-¿Estamos ante una imitación del gobierno de otros estados que utilizan las políticas migratorias como arma de la batalla ideológica de los sectores más conservadores?
-En las democracias contemporáneas, la derecha aprendió a explotar este guión para instalar posverdades o ciertos marcos comunicacionales masivos a través de las redes sociales. Apelan a un sentimiento subjetivo de malestar, de temor, de vulnerabilidad, de precariedad y de alto nivel de endeudamiento de las llamadas clases medias. Hablan a las audiencias nacionales que lo están pasando mal, en una contraposición, con el migrante presentado como una amenaza. Exacerban las lógicas del nacionalismo, el proteccionismo, la discriminación y el racismo, y desvían las causas de las crisis hacia el enfrentamiento con los migrantes. No se mira el aporte de la población migrante: dinamización de la economía, pago impuestos, ayuda a generar riqueza, etc. Los migrantes aportan más de lo que reciben como contraprestación.
