Transparencia, platas y fake news: Los desafíos de los partidos en la campaña virtual del plebiscito

La primera campaña electoral sin actos masivos presenciales está a solo nueve días de empezar. El 26 de agosto, en medio del desconfinamiento, empezará el despliegue de los partidos para defender durante dos meses –hasta el 25 de octubre– tanto el Apruebo como el Rechazo, además de la Convención Constitucional o la Mixta. El Minsal y el Servel aprobaron un protocolo para reiterar la prohibición de realizar actos multitudinarios, tanto públicos como privados, por ser “incompatibles con una estrategia de distanciamiento físico y cuidado intensivo sanitario». El documento pone énfasis en “los canales virtuales” para garantizar, “de forma segura”, que la ciudadanía “pueda escuchar ideas y debatir sobre las opciones sometidas a plebiscito”. La virtualidad se situó, irremediablemente, en el centro de la campaña.

Desde hace semanas, los comandos de los partidos trabajan para adaptar sus actividades y estrategias propagandísticas a la nueva realidad que ha dejado la pandemia. “Decidimos cambiar los elementos de una campaña tradicional a unos con acento en lo digital, enfrentando el desafío de no perder la cercanía con las personas”, afirma el secretario general del PS, Andrés Santander. Los socialistas apuestan por un “puerta a puerta digital” y piezas gráficas y audiovisuales para redes sociales. “Dependiendo de las condiciones sanitarias, coordinaremos acciones de cierre de campaña”, añade el dirigente.

“Propusimos tener, al menos, un acto conjunto [de todas las fuerzas del Apruebo] y presencial al inicio de campaña (por ejemplo, un banderazo), con distancias de seguridad, otro al medio de la campaña y otro al final. En ningún caso será un concierto o acto con aglomeración”, explica el secretario general del PPD, Sebastián Vergara. La propuesta surgió en la cita que los dirigentes de todos los partidos a favor del Apruebo se dieron la semana pasada, para coordinar acciones conjuntas de cara al 25 de octubre.

“La gran desventaja es que el Apruebo tenía una fortaleza territorial muy grande, pero ahora no nos podemos desplazar por los barrios, por eso habrá que ver cómo cada militante, simpatizante, adherente se convierte en un ente informador”, apunta Manuel Gallardo, secretario ejecutivo de la campaña “Yo apruebo” de la DC. “El contacto con las personas es irremplazable, transmitir confianza necesita empatizar, escuchar, entender los anhelos de cambio de las personas, esperamos que nuestros activistas en sus barrios y con estricto apego a los protocolos sanitarios puedan enfrentar esta contingencia”, afirman desde el comando Que Chile Decida, del Frente Amplio e independientes .

Transmitir en vivo conversatorios y entrevistas, eliminar las impresiones gráficas en papel y difundir publicidad específica para redes sociales son las principales acciones que centrarán la propaganda electoral del plebiscito del 25-O. Pero la desregulación del uso de las herramientas digitales en contextos electorales tiene a los responsables de las campañas políticas en alerta. Temen que en Chile se replique lo ocurrido en las elecciones de Estados Unidos (2016) o Brasil (2018), y las cifras invitan a activar las alarmas. Sólo durante el período agosto-noviembre de 2017, ad portas de los comicios presidenciales, en Chile se detectaron 20 sitios web que crearon por lo menos 80 noticias falsas, que fueron compartidas, vistas o leídas 3.507.083 veces.

Transparencia

A medida que se van conociendo las condiciones de la votación, van trascendiendo también más detalles de las reglas que se impondrán en el nuevo terreno de juego. Hace un par de semanas, Facebook incluyó a Chile en la lista de países que tendrán que utilizar su herramienta de transparencia para publicidad política y electoral. “Quienes deseen publicar avisos de candidatos, partidos, figuras políticas o acerca de temas electorales en Facebook e Instagram, deberán pasar por un proceso de autorización, en el cual tendrán que confirmar su identidad con un documento emitido por el país donde será publicado el aviso e indicar públicamente quién es el responsable del mismo”, anunció la compañía estadounidense en un comunicado. Los usuarios sabrán, así, quién pagó un anuncio de contenido político y cuánto costó.

Sin embargo, más allá de los límites impuestos por la firma de Mark Zuckerberg, en Chile la legislación electoral para redes sociales permanece en un vacío legal. “La ley de votación y escrutinio regula los precios de la publicidad en TV o espacios radiales de medios masivos, pero en redes sociales no se define un monto”, comenta Sebastián Vergara. Según él, puede pasar que los partidos inviertan todo su dinero en una red, o que Facebook cobre tres pesos a un partido y a otro diez.

El dirigente del PPD subraya que existe una contraindicación con la Ley de Escrutinio porque si bien esta establece que solo los candidatos y partidos políticos pueden invertir en una campaña, “Facebook acepta plata de cualquier persona”, lo que hace “imposible” resguardar que el gasto del candidato se ajuste al límite máximo que tiene asignado por ley. “Facebook aceptará el dinero de todos los empresarios y eso generará una diferencia imposible de soslayar para los partidos que no tenemos el cariño del gran empresariado”, critica.

Para revertir esta situación, hace semanas que el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, ha reclamado una legilsación para que se transparente la contratación de propaganda por internet y que las redes sociales solo acepten pagos de partidos y organizaciones inscritas en el ente electoral. Por ahora no ha habido avances y, en el Congreso, las iniciativas legales sobre redes sociales y noticias falsas se retrasaron por la pandemia. Según informó Santamaría a El Desconcierto, el Servel «está trabajando un convenio o memorando de entendimiento que le permita ejercer una mayor fiscalización de la propaganda electoral en las redes». Sin embargo, para el presidente, la iniciativa de Facebook da un paso en esa dirección, porque facilita el control de quién contrata propaganda electoral y lo pagado por ella: «Permite chequear su reflejo en el balance de ingresos y gastos que debiera presentarse luego de efectuado el plebiscito», sostiene Santamaría.

Para el abogado de la ONG Derechos Digitales y académico de la Universidad Diego Portales, Pablo Viollier, el Servel tiene que “sacar punta a sus facultades” y establecer directrices que den certeza jurídica de cómo deberían operar los distintos actores de la campaña, y exigir que los partidos transparenten la inversión que harán en la propaganda en línea.

Patricio Santamaría / Agencia Uno

Fake news

La estrategia de Facebook de cara al 25-O pasa también por reforzar la detección de noticias falsas. Según explicaron los propios directivos de la compañía en una visita a Chile en febrero, el día del plebiscito se llevará a cabo un monitoreo constante de sus plataformas con equipos ubicados en Estados Unidos, Irlanda, Brasil, Argentina y México. “Nuestro papel es hacer que estas personas que quieren abusar de las plataformas para obtener algún tipo de montaje no logren hacerlo», dijo entonces Marcos Tourinho, gerente de políticas públicas y elecciones de Facebook, en aquella ocasión.

“Queremos que la información que llegue a la ciudadanía sea real, verídica y no hecha por bots o campañas pagadas que buscan desprestigiar a personas o a las opciones que defendemos en el plebiscito de octubre”, indica Manuel Gallardo. Por eso, asegura que desde la DC se limitarán a difundir la información “real” solo a través de “medios oficiales del comando” y que “si hay que desmentir algo en algún momento lo vamos a hacer”. Por su parte, Camilo Sánchez, dirigente del comando Apruebo Chile Digno y presidente de las Juventudes Comunistas, señala: “Los partidos tenemos que promover la campaña más limpia posible, si no haríamos un daño injusto a quienes son protagonistas de la lucha por una nueva Constitución”.

Viollier cuenta que las noticias falsas tienen que ver con “el modelo de negocios” de las plataformas: “Las fake news se multiplican y viajan tan rápido porque las redes sociales tienen como mecanismo de medición la interacción, el engagement; la gente interactúa más con el contenido polémico e incendiario, aunque sea para criticarlo”. Según él, este hecho se habría aprovechado para “hacer circular información falsa”.

Durante su visita, los altos cargos de Facebook, que también incluyen Instagram y WhatsApp, expusieron el mecanismo para identificar una noticia potencialmente falsa: un equipo de verificadores se encargará de introducir la información en un software que determinará si la publicación es falsa. De ser así, no la eliminará por no ir en contra de la libertad de expresión y porque, desde la red social, consideran que es importante que si una persona difundió información no verdadera sepa lo que hizo.

El experto en derechos digitales advierte que si bien se considera Facebook y Twitter como grandes fuentes de desinformación, “lo más peligroso es WhatsApp”. Y explica: “Hay una confianza con las persona que conocemos, por deferencia, y eso valida más el contenido que circula por esta red”. Además, añade, las plataformas cerradas no se fiscalizan y la información se reproduce muy fácilmente, de grupo en grupo.

Foto referencial plebiscito / Agencia Uno

Pacto Digital

Ante los nuevos desafíos que plantea la campaña por el plebiscito, han surgido varias iniciativas para evitar la difusión de noticias falsas. Desde el PPD, el senador Felipe Harboe presentó en enero un proyecto de ley para regular las fake news en campaña electoral. Si bien su iniciativa se impulsó antes de la pandemia, ha sido en los últimos meses que ha ido tomando fuerza entre los parlamentarios, aunque no ha avanzado su tramitación en el Senado. “Se establece un procedimiento de reclamación y sanción a aquellas redes sociales o plataformas que publiquen algún tipo de noticias falsas a sabiendas”, comentó el senador. Agregó que en el caso que estas noticias falsas las publique un candidato, “podría incluso establecerse la inhabilidad para poder asumir el cargo y si lo hace una autoridad puede cesar el cargo”.

Desde el PPD también promueven el llamado “Pacto Digital”, un compromiso que hicieron extensivo a todos los partidos del arco político para cumplir con tres requisitos: no generar información falsa de otro candidato u opción política; no difundir ni publicar fake news y hacer pública la inversión en redes sociales. “Queremos que sea un gran pacto de todos los partidos políticos en honor a la transparencia”, recalca Sebastián Vergara.

Como tantas otras novedades que ha dejado la pandemia, probablemente, la virtualidad electoral ha llegado para quedarse. Los partidos encuentran en ella algunas ventajas, sobre todo a nivel logístico y de alcance más masivo, pero también inconvenientes: no llega a los segmentos de población de más de 60 años y el uso propagandístico de las plataformas está aún muy desregulado. Viollier apuesta por la “educación cívica” para enseñar a diferenciar “la información de buena calidad y confiable de la desinformación”, sobre todo, si el nuevo modus operandi prevalece. El plebiscito constituyente será el primer examen crucial en esta materia, para partidos y votantes.