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Opinión

Prácticas institucionales de producción de irregularidad migratoria

Por: Constanza Herrera Vergara y Cristián Orrego Rivera / Publicado: 19.08.2020
Prácticas institucionales de producción de irregularidad migratoria Imagen referencial / Agencia Uno
Hoy, el gobierno estigmatiza la migración irregular, haciendo ver que quienes se encuentran en esta situación son responsables de su estatus, al haber infringido la normativa migratoria; pero no asume su responsabilidad en generar esta condición. Muchas de las personas que actualmente se encuentran con una situación migratoria irregular, son en realidad víctimas de una política migratoria restrictiva, ineficiente e ineficaz, que no les permite obtener los correspondientes permisos de residencia y trabajo que necesitan para permanecer en Chile.

A raíz del avance en la tramitación del Proyecto de Ley de Migración y Extranjería (Boletín N°8970-06), y la aprobación de indicaciones contrarias a los objetivos de regulación migratoria propuestos por el gobierno, se han publicado declaraciones alarmantes por parte de autoridades oficialistas que buscan instalar en la opinión pública una preocupación innecesaria y sin ningún tipo de fundamento técnico. Los mismos que amenazaban con que se iba a quemar Chile si es que se aprobaba la reforma constitucional que permite el retiro del 10% de las AFP, son los que ahora arremeten desde el inicio de la pandemia con el discurso del terror que, de aprobarse el proyecto con estas indicaciones, habría un incentivo para prácticas migratorias irregulares.

El discurso del Ejecutivo está lleno de imprecisiones que confunden a la opinión pública y estigmatizan a la población migrante. Por ejemplo, el Presidente Sebastián Piñera señala: “A inicios de nuestro Gobierno, más de 200 mil extranjeros indocumentados estaban invisibles. Personas que entraron a nuestro país como turistas, cuando su verdadera intención era quedarse a vivir en Chile”[1]. Esta afirmación hace pensar que quienes ingresan a Chile en calidad de turistas y optan por quedarse en el país, lo hacen de manera irregular, siendo que en realidad la normativa vigente permite a los turistas solicitar un permiso de residencia dentro de Chile si es que cumple con ciertos supuestos y, de hecho, esta es la forma en que se otorgan la gran mayoría de las visas de residencia contempladas en la ley. No existe ningún tipo de ilegalidad. Todo se enmarca dentro de la normativa migratoria.

Hoy, el gobierno estigmatiza la migración irregular, haciendo ver que quienes se encuentran en esta situación son responsables de su estatus, al haber infringido la normativa migratoria; pero no asume su responsabilidad en generar esta condición. Muchas de las personas que actualmente se encuentran con una situación migratoria irregular, son en realidad víctimas de una política migratoria restrictiva, ineficiente e ineficaz, que no les permite obtener los correspondientes permisos de residencia y trabajo que necesitan para permanecer en Chile.

¿De qué hablamos cuando hablamos de irregularidad? ¿Por qué es producida y reproducida por el conjunto de instituciones que forman parte de la gestión migratoria?

La situación migratoria irregular de una persona puede deberse a diferentes causas: que se haya vencido el plazo de vigencia de su permiso de turismo o residencia; haber transgredido los límites de su permiso, o trabajar sin la correspondiente autorización. Entre las infracciones a la normativa migratoria vigente, el ingreso clandestino es calificado como la más grave, ya que implica una vulneración del control fronterizo y, por lo tanto, se califica como un delito contra el Estado. Así, se pueden distinguir dos grandes tipos de infracciones migratorias: aquellas que pueden ser subsanadas mediante el pago de una multa, y la que no tiene forma de ser subsanada, ya que contempla como única medida posible, salvo contadas excepciones: la expulsión.

En la práctica, la autoridad migratoria en el gobierno central demora hasta 6 meses en notificar a la persona si es que su solicitud de visa fue acogida a trámite o no. Durante este tiempo, la persona sólo cuenta con una boleta de la oficina de Correos de Chile como comprobante de haber iniciado el trámite. Si se acoge la solicitud, se emite el comprobante de visa en trámite y con ello la autorización especial que le permitirá recién comenzar a trabajar de manera regular en el país, mientras se analiza su solicitud. Es decir, además de la precariedad de dejar a alguien sin papeles por todo ese tiempo, la autoridad pretende que la o el solicitante espere 6 meses sin realizar ningún tipo de actividad remunerada, hasta que la autoridad ingrese el trámite en su sistema.

Luego de hasta 10 meses (o más) después de ingresada a trámite la solicitud de residencia, se emite una resolución que aprueba o rechaza la visa. Si la visa es aprobada, aun se debe completar el estampado, registro y obtención de cédula de identidad, sumando 2 meses más al proceso. Es decir, recién luego de 1 año las personas que ingresaron en calidad de turistas a Chile, y que optaron por cambiar legítimamente su motivo migratorio, completan el proceso para ser residentes en el país. Todo lo cual, genera una espera marcada por la vulnerabilidad de no contar con más que un papel que acredita su situación migratoria regular.

Si la autoridad migratoria considera que la solicitud se encuentra incompleta o no cumple con los requisitos para fundamentarla, se le comunica a la persona que su solicitud no ha sido acogida, cayendo a situación migratoria irregular, ya que su permiso anterior se encuentra vencido. Según datos solicitados vía transparencia, sólo en el año 2019, el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) emitió 33.248 oficios que informan al solicitante que su permiso migratorio no fue acogido a trámite. Para salir de esta situación, la persona debe pagar una multa y hacer abandono del país o someterse otra vez a esta larga espera por un permiso que le habilite a ser un migrante regular en Chile. Hasta marzo de 2020, el cálculo de multa podía llegar a demorar 4 meses, sumando días de infracción y, por lo tanto, aumentando el monto de la sanción pecuniaria a pagar. En cuanto al dinero recaudado por concepto de multa durante el año 2019, los montos van desde $131.724.409 (enero) a $496.429.045 (noviembre), lo que deja ver los resultados que tiene la irregularidad migratoria en las arcas fiscales.

La práctica descrita genera un círculo vicioso de producción de irregularidad, que no hace más que aumentar la desigualdad entre nacionales y extranjeros, alimentando los discursos xenófobos y racistas, y precarizando las condiciones laborales y de vida para miles de personas.

El ingreso clandestino es otro de los lugares comunes visitados por los discursos del gobierno para referirse a la migración irregular, sin hacer ver que este constituye un efecto de políticas migratorias restrictivas tomadas por el actual y anterior gobierno de Sebastián Piñera. En su primer periodo se creó la visa consular para restringir la migración desde República Dominicana, y en el actual, aquella proveniente desde Haití y Venezuela. El resultado: en 2013, un año después de implementado el visto consular para los nacionales de República Dominicana, las denuncias por ingresos clandestinos de nacionales de este país aumentaron de 32 a 297; en el caso de Haití, de 19 a 644; y en el de Venezuela, de 101 a 3.333 denuncias.

Quienes ingresan clandestinamente al país solo son visibles para el Estado una vez que han sido registrados por la autoridad policial (PDI), con lo cual la autoridad migratoria procede a dictar la correspondiente expulsión del territorio nacional, quedando imposibilitados de acceder a un permiso de residencia por la vía administrativa y, por lo tanto, irregulares.

El espiral de irregularidad en la que caen las personas migrantes es provocada en gran parte por el marco institucional vigente, el cual no entrega alternativas de salida más allá de la expulsión. Generando, además, una paradoja dado que la misma institucionalidad que ampara la producción de irregularidad migratoria descrita en este texto, es la que hoy hace el llamado desesperado a combatirla mediante una nueva ley, aumentando las prohibiciones y las trabas para acceder a un permiso para permanecer en el país.

La “cero irregularidad” no existe en ningún país, por lo que son los estados los que deben hacerse cargo de la migración irregular con un sistema de política migratoria que entregue vías factibles de regularización migratoria, y no con uno que genere más marginación, trabas, vulnerabilidad y precarización. Y es que solo a través de la regularidad, el Estado va a poder entregar reconocimiento a las personas migrantes y abordar la gestión migratoria mediante políticas públicas realistas, comprensivas e integrales tendientes a garantizar los derechos propios de una democracia liberal, para todos los y las habitantes del país.

[1] Bellolio, A.; Valdez G. “Gestión de la Migración en el Siglo XXI. El caso de Chile” (2020), Subsecretaría del Interior, p.8.

*El presente texto hace parte de la iniciativa comunicacional del proyecto ANID PIA SOC180008 “Migraciones contemporáneas en Chile: desafíos para la democracia, la ciudadanía global y el acceso a los derechos para la no discriminación”.

Constanza Herrera Vergara y Cristián Orrego Rivera
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