Del torniquete a la Constitución: el salto que urge al movimiento estudiantil

El 18 de octubre pudimos ver al movimiento estudiantil y secundario retomando su rol como motor de movilización popular, haciendo que muchos y muchas más se sumaran a la lucha.

La juventud revolucionaria atreviéndose a todo lo que no se atrevieron muchas generaciones producto del shock causado por la dictadura, profundizado durante el periodo de transición. Esta vez, volveríamos a decir basta de la única manera en la que sabemos hacerlo como estudiantes, fuerte y claro, sin miedo.

Sin embargo, hoy nos encontramos en un escenario adverso, producto de la pandemia y del distanciamiento físico que hemos debido tomar para cuidarnos del Covid-19, hemos perdido nuestra principal herramienta para presionar, proponer transformaciones y expresar el malestar que genera el actuar del gobierno: la movilización en las calles.

Mientras tanto la derecha, empecinada en defender el legado de Pinochet, se acuartela en La Moneda tras el nuevo gabinete, cerrando filas en su sector para empezar una ofensiva contra el proceso constituyente y por el Rechazo a la nueva Constitución. No es casualidad la insistencia en pasar por alto el plebiscito por ser “un gasto innecesario o excesivo para el Estado” con el objetivo de delegarle la tarea de escribir una nueva carta magna al Congreso, ni que algunos se hayan dado vuelta la chaqueta con la excusa de velar por la estabilidad nacional, actuando en consecuencia recrudeciendo la represión y violencia policial. Estamos presenciando los últimos intentos del empresariado y el conservadurismo de defender la mayor herencia de la dictadura, esa que les permitió ganar sus fortunas, lucrar con nuestros derechos y decidir sobre nuestras vidas.

El movimiento estudiantil y las juventudes de nuestro pueblo no nos podemos quedar al margen. Debemos defender el proceso constituyente que abrimos como sociedad tras años de lucha y de movimiento social.

En momentos de descrédito y falta de sentido de la organización estudiantil, urge cristalizar este nuevo Chile y sus exigencias en nuestras orgánicas y horizontes políticos. Una tarea tan grande requiere análisis claros que den respuesta al malestar social y en particular de las y los estudiantes. Una salida real a la crisis del movimiento estudiantil será en función de la lucha social y no la mera discusión estatutaria u orgánica. Por tanto, vemos en el proceso constituyente una posibilidad concreta de reconstruir un movimiento estudiantil al servicio de las luchas del Chile que se reveló el 18 de octubre y que clama por una democracia participativa y que ponga en el centro los derechos sociales.

El proceso constituyente requiere que las y los estudiantes volvamos a salir a las calles –cuando la situación sanitaria lo permita y con todos los resguardos necesarios– y volcarnos al trabajo con los territorios y otros sectores de la sociedad, desde el puerta a puerta hasta el debate constitucional, cuyo objetivo sea poner a disposición nuestras disciplinas y fuerza de trabajo, politizar los espacios en que estemos insertos, hacer campaña y seguir luchando para que el piso mínimo de la nueva Constitución sean las demandas de los movimientos sociales del último tiempo, que han dejado muy claras las necesidades de las mayorías, porque el proceso constituyente no se inicia el 15 de noviembre, ni el 18 de octubre, pues son años de luchas sociales que han ido construyendo nuevos consensos en torno al país y la vida que queremos para todos y todas.

La nueva Constitución ya empezó a escribirse en cada asamblea barrial, en cada cabildo y en cada papelógrafo o cartulina que resume las discusiones y el debate dado a nivel nacional. Debemos estar en la primera línea de difusión y promoción de la participación en el proceso en nuestros territorios, exigir que el plebiscito se lleve a cabo de forma segura y que permita la mayor participación ciudadana posible, para que este 25 de octubre seamos mayoría y triunfe el Apruebo y la Convención Constitucional, pues será con representantes de la ciudadanía y los territorios que podremos abrir los cerrojos que le han puesto al modelo y fijar los horizontes para construir un país que nos permita vivir dignamente.

Sin duda, debemos aprovechar esta oportunidad para abrir debates al interior de nuestras casas de estudio, como la democratización de las instituciones de educación superior, construyendo espacios donde los distintos estamentos que forman parte de la comunidad estudiantil participen en la toma de decisiones de forma efectiva. Pensar en una democratización del acceso a la educación y también en cómo volcamos los saberes adquiridos en la academia a las necesidades del país, abriendo la disputa por el sentido de la universidad como institución creadora de conocimiento, retomando el rol público de la educación y poniendo las instituciones a la altura de este nuevo país.

Desde el nacimiento del movimiento estudiantil en Latinoamérica con el Grito de Córdoba de 1918 (en Argentina), durante plena Primera Guerra Mundial, es que hemos estado reclamando por autonomía en la toma de decisiones, tanto políticas como económicas, por gratuidad en la enseñanza, democratización del ingreso y, como si se tratase de un deja vú, por unidad latinoamericana en la lucha contra las dictaduras y el imperialismo. Demandas que permean aún en nuestros petitorios de hoy en día, en donde además se ha dejado plasmar la huella de la movilización feminista.

Como movimiento estudiantil debemos procurar por una carta fundamental que no conciba la educación en torno a la libertad de enseñanza para legitimar la ideología neoliberal, tal como lo hace la actual Constitución, sino una en donde se le garantice como un derecho social, asegure su acceso y se le entienda como lo que es: un pilar fundamental de la sociedad. Dar pie a la gratuidad universal y una educación sin fines de lucro, tal como demandaba el movimiento estudiantil el año 2011, fusionándose con las demandas feministas de 2018 en torno a una educación no sexista, que elimine la violencia y la discriminación tanto de las aulas como de la sociedad en su totalidad.

El debate debe plantear el cómo profundizamos y perfeccionamos estas exigencias, pensando en la táctica de un programa que vaya más allá de un pliego de demandas y que se dirija hacia la reformulación de nuestras mallas curriculares y los espacios universitarios en respuesta a las necesidades del país. Como estudiantes tenemos la capacidad y el deber de pensar en una universidad y en un país distinto, sin abandonar la que es, por excelencia, nuestra cancha de batalla, la lucha por la educación.

Por todo esto y mucho más, no podemos estar ausentes del debate constitucional.

Vamos por una nueva Constitución a través de una Convención Constitucional, para terminar con la impunidad, el legado de la dictadura y la transición, dando el primer paso para construir un país donde tengamos derechos y una educación realmente transformadora.