Ejecutivo reconoce falencias en implementación de programa de ayuda a víctimas de trauma ocular

A través del Ministerio de Justicia, el gobierno reconoció haber detectado falencias en la implementación del Programa Integral de Reparación Ocular impulsado desde noviembre último por la cartera de Salud para apoyar a víctimas de agentes del Estado en el contexto de las protestas por el estallido social de octubre de 2019.

De acuerdo a lo que informa Cooperativa, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cifra en 460 personas las que producto de las manifestaciones presentan lesiones oculares, entre las que se encuentran Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, que quedaron completamente ciegos, mientras otras 35 sufrieron pérdida total de uno de los ojos.

El programa opera con ocho profesionales en la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital Salvador, en Santiago, que ya ha atendido a 337 pacientes.

«Hemos podido advertir que existen falencias. Lo más interesante es poder retomar rumbos y buscar cómo consolidar y concretar el objetivo que este programa tuvo en su inicio», dijo al respecto la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

En este sentido, destacó la importancia de que «acudir en apoyo, de manera integral, a la reparación de víctimas de trauma ocular».

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La Comisión de DDHH del Senado abordó el tema, una instancia en la que el Ministerio de Salud cifró en $470 millones lo invertido en recursos humanos e insumos para ayudar a quienes se han visto afectados.

De los pacientes atendidos en la UTO en el Hospital Salvador, 74 ya fueron dados de alta, mientras que 263 personas cumplen con los requerimientos para ingresar al programa, cuatro lo rechazaron, 108 ya fueron entrevistadas y otras 1.560, ilustra la emisora, no han sido entrevistadas por información de contacto equivocada.

Pacientes solicitan mejoras del programa

La Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, intervino en la instancia parlamentaria, e ilustró respecto de los problemas alusivos a licencias médicas y medicamentos, además de las declaraciones de invalidez.

De acuerdo a lo que transparentó Natalia Aravena, vocera de la Coordinadora, en algunos casos se reconoce 15% de discapacidad, en circunstancias de que ellos piensan que esta puede ser más alta.

Adicionalmente, aseguran que las atenciones se han visto interrumpidas debido al impacto del coronavirus.

«Es importante incorporar atención online considerando el contexto de pandemia, ya que muchos han visto mermadas su atención psicológica y de terapia ocupacional, producto de la pandemia«, dijo Aravena.

A juicio de la vocera, la idea es que el programa provea «atención de salud integral por parte de todos los profesionales competentes de forma oportuna y rápida, para lo cual creemos que es necesario aumentar la cantidad de profesionales que se encuentren en el programa».

«Actualmente sólo se cuenta con un profesional por área: una psicóloga, una terapeuta ocupacional«, agregó.

«El programa actual del gobierno sólo se ejecuta en el Hospital Salvador, lo que significa que personas de región tengan que trasladarse a Santiago para ser atendidas», asegura.

En este sentido, la representante de las víctimas pide que el Estado financie el traslado y estadía de víctimas desde regiones junto a un acompañante para quienes tengan que viajar a la capital.

Desde el INDH piden una oportuna tramitación de las causas en tribunales

El INDH, por su parte, ha presentado 146 querellas por casos de traumar ocular, la mayoría por presunta acción de Carabineros, mientras siguen recopilando antecedentes sobre otros.

No obstante lo anterior, los resultados que ha habido hasta la fecha son menores, de hecho en menos del 1% de las causas hay formalizados.

«Estos días hemos visto cómo se ha avanzado con la formalización de un imputado, en el caso de Gustavo Gatica, hemos escuchado testimonios muy dramáticos también de Fabiola Campillai, pero hay cientos de otras víctimas de lesiones oculares por acciones de agentes del Estado, todos esos casos tienen que ser investigados, esclarecidos, tiene que haber justicia y reparaciones«, señaló Rodrigo Bustos, jefe jurídico de esta entidad.

En tanto, parlamentarios de la Federación Regionalista Verde Social solicitaron una entrevista con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para enterarse del avance de las causas y conocer dificultades que se han presentando en las indagatorias.