Votar en medio de la peste  

Esta semana el ministro del Interior, Víctor Pérez, comunicaba, justo a 60 días del plebiscito nacional de Chile, que era absolutamente inviable la participación de los pacientes Covid-19 en la votación del próximo 25 de octubre. La definición habría sido tomada por el ministro de Salud y, tratándose de una resolución sanitaria, todos tendríamos que acatarla.

Esta decisión del gobierno presidido por Sebastián Piñera, sólo podría ser revertida desde el Parlamento, a través de la reforma constitucional actualmente presente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado (ingresada el pasado 26 de agosto) y que permitiría el voto postal en situación de crisis sanitaria.

De ser real que el ministro de Salud (dada la personalidad del Presidente uno podría dudar al respecto) fue quien solicitara esta medida, vendría bien poner sobre la mesa algunas preguntas respecto al sitial que los derechos políticos y humanos tienen en nuestro país.

¿Puede una autoridad sanitaria tomar definiciones que sobrepasen los derechos más importantes de la modernidad? ¿Corresponde que un estado febril determine nuestra condición de ciudadanos?  

Estaría bien recordar que el derecho a voto está reconocido internacionalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El derecho a voto es uno de los derechos políticos más relevantes para las sociedades modernas y cualquier trampa u obstáculo que se ponga en su camino es inmediatamente sancionado por la comunidad internacional. Lo que es peor: cualquier intento de subterfugio en el ritual de votación en las democracias modernas quedará como una mancha imborrable para el bronce de la historia.

No cabe duda que el plebiscito del próximo 25 de octubre será el acto político y simbólico más importante para la historia reciente de nuestro país. Se trata de un plebiscito gestado desde la presión social, en un momento donde las instituciones políticas, económicas y religiosas, quedaron fuera de juego, por no haber sabido leer las subterráneas corrientes culturales del presente.  

Por lo anterior es que nuestro Parlamento tiene en sus manos una tarea titánica, similar a la de la votación en que se aprobara el retiro del 10% de las AFP. Lograr que los pacientes Covid-19 puedan votar vía postal contribuirá en el proceso de recuperación de confianzas y credibilidad de los ciudadanos hacia sus instituciones políticas.

Muy por el contrario, dejar que prime la pequeñez del gobierno, respecto a prohibir la participación de los ciudadanos que, al 25 de octubre padezcan del virus, contribuirá a encender el malestar y la desilusión del pueblo hacia la política.

Es más: esta pésima decisión seguirá socavando nuestra imagen y prestigio internacional.

Desde hace rato que a nuestro país se le compara, en su desarrollo (o deterioro) como cultura neoliberal, con Corea del Sur. En ese país, el pasado 15 de abril se desarrollaron (en medio de lo más temidos días del Covid-19 en el continente asiático) elecciones legislativas y fue el evento electoral con mayor participación en 28 años. En esas elecciones, los pacientes coreanos infectados con coronavirus pudieron optar al “voto a domicilio” por correo y también pudieron votar días antes de la votación general, en el proceso de votación temprana, con estrictas medidas sanitarias.

Le hará bien a nuestra democracia del siglo XXI verse con una participación histórica en el próximo plebiscito que, por primera vez, podría permitirnos redactar una Constitución en dinámica participativa.

Entonces, diremos con orgullo y emoción a nuestras futuras generaciones que, aún en medio de una de las pandemias más letales de la modernidad, fuimos capaces de sembrar las bases democráticas del futuro.