Nuevos parques nacionales: la realidad

Esta semana se anunció la creación de dos nuevos parques nacionales para nuestro país: Parque Nacional Río Clarillo y Parque Nacional Salar del Huasco, en la Región de Tarapacá. Algunos medios señalan que “se suman a las más de 18 millones de hectáreas protegidas en nuestro país”. Para ser precisos, la incorporación del Parque Nacional Río Clarillo no agrega territorio bajo protección especial, pues ya constituía una Reserva Nacional; es decir, ya pertenecía al Sistema Nacional del Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), creado y administrado por la CONAF. El sistema se compone actualmente por 106 unidades, distribuidas en 43 Parques Nacionales, 45 Reservas Nacionales y 18 Monumentos Naturales.

Los parques nacionales pertenecen a la categoría de mayor protección, y suman actualmente casi 14 millones de hectáreas. De estos 43 parques, sólo contamos con uno en la Región Metropolitana: este “nuevo” Parque Río Clarillo, de sólo 13.000 hectáreas.

Chile tiene alrededor del 25% de su superficie terrestre bajo alguna forma de protección. Esto incluye bosques, glaciares, lagunas, etc. Hay ecosistemas que están ampliamente protegidos (pensemos, por ejemplo, en la red de Parques de la Patagonia), mientras que otros ecosistemas muy frágiles y cruciales para la vida se encuentran escasamente representados. Pero sólo el 1,56% del territorio de la Región Metropolitana y zona central se encuentra protegido.

Este es un importante punto a dar a conocer, pues en la zona central habita más de un tercio de la población del país, que tiene alta demanda por agua, suelos para proyectos inmobiliarios, industria, alimentos, aire de calidad y otros. En estos territorios habita el «bosque esclerófilo”, que es aquel formado por especies como espinos, boldos, peumos, quillayes, litre, algunas cactáceas y otras especies. Para muchos, estos “matorrales” tienen bajo valor pues no se parecen a los bosques exuberantes del sur. Esta percepción es muy equivocada, pues son justamente estas formaciones vegetales las que permiten la conservación de los suelos y el almacenamiento de las precipitaciones, de modo que el agua infiltre lentamente y se libere poco a poco, disminuyendo el riesgo de aludes, manteniendo flora y fauna, contribuyendo a regular el clima local y un largo etcétera, en una zona con fuerte presión ambiental.

Sabiendo de esto, existen iniciativas ciudadanas que presionan por la declaración de zonas de protección para la Región Metropolitana, hace años. Por ejemplo:

1) Predio Río Colorado: se encuentra a 60 kilómetros de Santiago, por el Cajón del Río Maipo, en los valles de los ríos Colorado y Olivares. Estos terrenos fueron restituidos el año 2019 por el Ejército al Ministerio de Bienes Nacionales, y que sumados al Bien Nacional Protegido Río Olivares conforman 142.000 hectáreas. Según queremosparque.cl, “existe fuerte interés en estos territorios por el uso y explotación de recursos, constatado a través de un gran número de concesiones mineras de exploración y explotación (constituidas y en trámite) y centrales hidroeléctricas, con sus túneles y líneas de alta tensión, tanto activas como potenciales, en los valles fiscales de Colorado y Olivares”. Destacan, además, que el 50% del agua dulce que abastece a la Región Metropolitana se produce aquí.

2) El Panul: es un territorio de 533 hectáreas que, según la investigación ciudadana de la Red por la Defensa de la Cordillera, fueron traspasadas desde el Estado a la familia Navarrete Rolando por 1 millón de pesos en 1977 (equivalente a unos 17 millones de pesos actuales). Por su parte el Ministerio de Bienes Nacionales elaboró una estimación de valor de suelo del predio donde se localiza el bosque Panul, y estableció que su valor comercial en 2015 ascendía preliminarmente a cerca de 40.000 millones de pesos,  “lo que claramente inhibe cualquier posibilidad de expropiación por parte de algún organismo público” (https://metropolitana.minvu.cl/20/05/2015/aclaracion-publica-2/). La familia habría hecho una serie de transacciones de modo que el predio alcanzara ese descomunal valor. La Red por la Defensa de la Cordillera señalaba que, pese a esto, “si el Estado generara un área verde o parque, bajaría aún más el valor del predio, ya que cuando el Estado expropia debe pagar por las condiciones actuales del lugar, y no por las anteriores que permitían la urbanización. Esta política urbana es adoptada en países como EE.UU. y España”. Secundando la lucha de esta Red, un estudio efectuado por la Municipalidad de La Florida estableció que la totalidad del fundo El Panul es de alto valor ecológico.

Más allá de la necesidad de protección de áreas en la zona central y norte de nuestro país, también ha de considerarse el estado del sistema de protección actual, administrado por CONAF.

Las áreas protegidas cuentan (o deben contar) con un documento guía que establece condiciones para su gestión y adecuada protección. Estos son Planes de Manejo, que se han ido elaborando en distintos momentos, y que se han construido más o menos participativamente, considerando o no a las comunidades y territorios aledaños y, en todos los casos, con exiguos presupuestos.

Existen serios problemas asociados a esta red de Parques, Reservas y Monumentos, que tienen que ver con demasiada carga de visitantes y su impacto asociado, que genera invasión de territorio a los animales, destrucción de vegetación y ocurrencia de incendios forestales como los que hemos visto, por ejemplo, en Torres del Paine. Esto se debe a que parte muy importante del presupuesto para protección de estas áreas debe ser autogestionado. Además, existen problemas de robo de madera, introducción de ganado, extracción de tierra de hoja y frutos, caza de animales (por ejemplo, pumas en el extremo sur, que atacan a los animales domésticos), destrucción desmedida de ecosistemas en los territorios aledaños por inexistencia de zonas de transición (buffer), incompatibilidad con costumbres de poblaciones indígenas (y exclusión de estas) y un largo etcétera.

Todo esto da cuenta de que, aunque vamos avanzando, estamos lejos aún de la protección efectiva de los territorios, y no debemos encandilarnos con anuncios pomposos. Necesitamos mejor institucionalidad, recursos, representación de ecosistemas e información para convertirnos en una nación bien encaminada en la preservación de sus sistemas sostenedores de vida.