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La inseguridad de las enfermeras y técnicas paramédicas ha sido constante en las residencias sanitarias. La denuncia de violación de una de ellas en Punta Arenas visibilizó el temor que han arrastrado desde hace meses al hacer turnos nocturnos solas sin ningún tipo de resguardo. Un miedo que manifestaron reiteradamente a las autoridades de salud, a través de correos electrónicos y en conversaciones con la seremi, donde advertían la necesidad de reforzar la seguridad ante pacientes psiquiátricos que «insisten en desacatar las normas y/o que tienen tendencia a ser agresivos”. A cinco meses de que comenzaran a funcionar estos hoteles sanitarios en la región y tras esta denuncia, la autoridad regional reconoce una mala aplicación del protocolo y recién se está gestionando la contratación de más personal de salud y guardias privados.
“Esta agresión sexual se podría haber evitado”. Lo dice Daniela Marilican Toledo, técnica en enfermería de la residencia sanitaria “Casa del Profesor” de Punta Arenas. Junto con decenas de funcionarias del gremio, el pasado domingo salió a manifestarse a fuera de las oficinas de la seremi de la salud de Magallanes en contra de la violación en Punta Arenas perpetrada por dos pacientes de un hotel sanitario de la ciudad a una técnica en enfermería durante su turno de noche. Las manifestantes advirtieron que no seguirían atendiendo si no empezaban a contar con resguardo policial o militar. “Teníamos que ver si hacíamos ‘brazos caídos’, o sea, no volvíamos a trabajar mientras no nos pusieran seguridad”, cuenta Daniela.
No era la primera vez que las trabajadoras de salud de las residencias socio-sanitarias (RSS) puntarenenses exigían más seguridad y protección para el desarrollo de sus extensas jornadas laborales. Desde que se pusieron en marcha los hoteles sanitarios en la zona, habían expresado a las autoridades de salud la necesidad de reforzar la vigilancia en su interior, sobre todo en los turnos nocturnos. Daniela comenta que hicieron llegar varios correos a la autoridad de salud regional advirtiendo la falta de seguridad en los hoteles. Uno de ellos, al que ha tenido acceso El Desconcierto, fue enviado el 21 de junio al correo residencia.sanitaria@redsalud.gob.cl correspondiente a Magallanes, por las cinco enfermeras encargadas de las residencias sanitarias de la ciudad: “Los funcionarios tens permanecen el turno noche solos, al cuidado de todos los pacientes. Es una preocupación manifestada a los equipos, ya que han existido casos de usuarios con condiciones psiquiátricas que insisten en desacatar las normas y/o que tienen tendencia a ser agresivos”, alertaron las mujeres.
Sobre las posibilidades reales de dar respuesta a este tipo de situaciones, señalaron: “Sabemos que se puede dar aviso a carabineros, sin embargo, según el testimonio de los funcionarios, no se trata de una pronta respuesta y considerando que sólo existe una persona que debe dar aviso y, además, manejar la situación en el lugar, sería necesario considerar la posibilidad de aumentar la seguridad en las RSS”.
Camila Pérez fue una de las firmantes del correo electrónico. Es enfermera de la residencia sanitaria Carpa Manzano de Punta Arenas, pero suscribió ese texto como coordinadora del Hotel Navegantes en el que entonces se desempeñaba. “Teníamos un miedo compartido con otras residencias sanitarias porque hay situaciones complejas que ocurren sobre todo en los turnos de noche”, sostiene la profesional, que añade que las autoridades de salud nunca respondieron ese correo: “El tema de la seguridad nunca se abordó”, insiste.
Otra alerta se envió el 14 de mayo, esta vez a Carabineros. El director del Servicio de Salud de Magallanes, Nelson Reyes, envió un oficio a los uniformados para solicitar “mayor vigilancia policial y de FF.AA. en las RSS de la región” y alertaba que “durante su funcionamiento, no han estado exentas de situaciones que atentan contra la integridad física y mental de nuestro personal”. Reyes pedía “un aumento de patrullaje en la zona de las residencias” y “rondas preventivas de visita a los recintos idealmente dos veces al día”. Con esas medidas, pretendía que los pacientes sintieran “la presencia y vigilancia policial” y que el personal de salud percibiera “que se encuentra bajo el amparo y resguardo policial”. Para el directivo se trataba de un “pequeño gesto que reviste de una gran significancia” y entregaba “un poco más de tranquilidad, confianza y bienestar” a los trabajadores de las RSS. [Revisa aquí]
La directora de la Federación Nacional de Técnicos de la Salud regional Magallanes (Fentess), Mirna Paredes, también tiene constancia de que se habían hecho peticiones a las autoridades regionales por falta de seguridad: “No tuvieron nunca respuesta y siempre decían que no había recursos, pero aquí también falló la fiscalización”, apunta. Y añade: “No se hacían rondas de seguridad, ni redes para ir a vigilar a las residencias”.
Consultado sobre las solicitudes de las enfermeras, el seremi de Salud subrogante de la región, Eduardo Castillo, dijo desconocer este correo porque asumió como subrogante después de la renuncia de la seremi Mariela Rojas, el 23 de agosto. Aseguró que se han tomado medidas inmediatas como disponer de personal militar y contratar guardias privados que se mantendrán en turnos las 24 horas. “Claro que debimos haberlo hecho antes que ocurriera la agresión porque pudo haberse evitado”, reconoce.
El protocolo del Ministerio de Salud establece como requisito para el funcionamiento de las residencias sanitarias contar con un profesional, ya sea enfermera o kinesiólogo, «con asistencia diaria» y la «disponibilidad de apoyo de salud 24 horas» de un tens que realice “al menos dos controles diarios de temperatura, frecuencia respiratoria, pulso y presión arterial”, entre otras funciones. El documento establece también una ratio de 25 pacientes por tens. “Aquí hay un protocolo indicado por el Ministerio a nivel nacional que no se estaba cumpliendo”, reconoce el seremi de salud de la región.
A cinco meses de iniciado el funcionamiento de estos hoteles sanitarios en la zona, el servicio de salud regional ha comenzado a gestionar las contrataciones de nuevo personal y administradores para cada una de las RSS. “Con certeza vamos a tener un paramédico en todas las residencias y estamos haciendo todos los esfuerzos por tener una enfermera 24 horas. Si no encontramos porque es un bien escaso en Magallanes, vamos a poner otro profesional de salud”, señala. Y agrega: “Vamos a cambiar la visión que teníamos de la residencia más bien como un alojamiento, a una visión más sanitaria”. El seremi, de todos modos, confiesa que es una respuesta tardía.
Camila Pérez ha vivido de primera mano las fallas en el protocolo de los hoteles. Comenta que cuando comenzó a desempeñarse en Los Navegantes había solo un tens en el turno de noche, que se extiende por 12 horas –de las 8 de la noche a las 8 de la mañana– para un hotel con una capacidad de 48 pacientes. No fue hasta más adelante que se amplió el equipo y en las noches las técnicas empezaron a estar acompañadas. “La autoridad de salud no considera necesario que haya otra persona para el turno de noche, pero ellas están solas, no hay guardias ni recepcionistas”, lamenta la enfermera.
Para el dirigente nacional de Fentess, Luis Muñoz, el problema de origen es que el gobierno no contempló en sus lineamientos personal de seguridad, la implementación de botón de pánico o resguardo policial permanente desde el primer momento. Según él, el protocolo no es suficientemente explícito: “Debiese estar el profesional presente las 24 horas al igual que el tens. Si bien, el tens, queda claro, [la presencia] del profesional queda abierta”, opina. A su parecer, esta denuncia debería modificar el funcionamiento de todas las residencias del país.
Las irregularidades que hasta ahora se han detectado motivaron la apertura de sumarios administrativos y la remoción de la jefatura de las residencias sanitarias en Magallanes durante los últimos días.
Daniela Marilican y sus compañeras de la Casa del Profesor saben bien que los episodios de violencia no son aislados. “Sabíamos que podría haber sido cualquiera de nosotras”, reconoce la profesional. La técnica dice que hace un tiempo le transmitió sus temores al seremi subrogante en una conversación que sostuvieron: “Usted ni se imagina lo que es llegar a un turno de noche y tener que entrar por cada una de las habitaciones con pacientes hombres en una misma habitación y no saber si realmente si ibas a salir o no, o en qué condición”, comenta que le manifestó.
Las cámaras de vigilancia tampoco les han dado tranquilidad. Si bien todas las residencias cuentan con ellas, están instaladas en lugares muy acotados. En el hotel sanitario donde trabaja Daniela solo apuntan una a la recepción, otra a la calle, una tercera hacia el patio y otra a la cocina. Sin embargo, no las hay en los pasillos, baños ni lugares de descanso. Para ella, los riesgos están dados, incluso, por la misma infraestructura del lugar donde los profesionales están en una recepción sin seguridad o en los pisos superiores sin posibilidad de escapar frente a una emergencia. La mujer reconoce que ha habido noches en las que no se ha separado de un extintor en caso de tener que defenderse: “Piensas a cada rato por dónde corro, por dónde me meto, con mi celular al lado, qué pasa si vienen, si tengo alcohol puedo rociarlo a los ojos”, expresa.
La falta de espacios adecuados para recibir a pacientes diagnosticados con enfermedades psiquiátricas o en tratamiento por adicciones es otro de los inconvenientes. “Nunca hubo un espacio distinto [para ellos]. Tuvimos muchas veces problemas porque llegaban pacientes alcohólicos, que hacían abstinencia, y manifestamos que no eran [un perfil] para residencias, pero no se hacía nada”, explica Daniela. El seremi subrogante reconoce que no contar con módulos exclusivos para estos pacientes es una falta al protocolo sanitario, que determina como criterio excluyente a quienes presenten “problemas de salud mental que requieran el cuidado y monitoreo de un equipo sanitario permanente para su funcionamiento en la vida cotidiana” o que “la persona se encuentre en una fase de descompensación socioemocional y/o conductual”.
“Hay pacientes que, por ejemplo, viven en situación de calle y no tienen donde cumplir su cuarentena preventiva u obligatoria, pero la abstinencia de alcohol es tan grande que no podemos obligar a esa gente a que no se vaya y algunos se escapan”, comenta también Camila Pérez. Recuerda que en la residencia Los Navegantes, en junio, un paciente se descompensó por una crisis de abstinencia y le pidió a un cercano que le pasara alcohol desde el exterior del recinto en una mochila amarrada a una cuerda hecha con sábanas. Ese mismo día, se encontró con otro hombre que intentó ingresar al hotel marihuana dentro de un envase de café.
Solo después de esa oportunidad, Carabineros hizo una ronda por la residencia, pero nunca más se repitió. Algo parecido sucedió el domingo, después de darse a conocer la agresión sexual a la tens. Varios funcionarios de salud, entre ellas Camila Pérez, desalojaron al grupo de indonesios de la residencia donde se había perpetrado la violación: “Ahí tuvimos resguardo militar en todas las residencias sanitarias, con controles de Carabineros a las 23h, a las 2 de la mañana y a las 4”.
El Colegio Médico de Chile (Colmed) y su consejo regional de Punta Arenas, condenaron la agresión y criticaron la desprotección de los trabajadores de las RSS. Además, remarcaron que es obligación del empleador otorgar las condiciones de seguridad necesarias para cumplir con el trabajo encomendado.
“Esta violación es una muestra de la desprotección y de la sobrecarga laboral que se ha vivido en sector salud en la pandemia”, recalca la coordinadora de la comisión de Género del Colmed, Francisca Crispi. La doctora recuerda que el organismo está trabajando un proyecto de ley sobre acoso sexual en atenciones de salud y apunta a la “falta” de la autoridad a la hora de “asegurar condiciones seguras de trabajo, libres de acoso sexual y que entreguen condiciones mínimas”. Según ella, “el Minsal tiene que responder fortaleciendo medidas de seguridad y sin exponer a ninguna trabajadora”.
El Regional Magallanes del Colegio de Enfermeras, por su parte, también repudió el delito sexual y exigió a las autoridades nacionales y regionales que entreguen seguridad laboral a los y las funcionarias: “No corresponde que una sola funcionaria resguarde la salud de las personas contagiadas; es fundamental que esto se revierta a la brevedad”. Desde la coordinación de la comisión de Derechos Humanos del organismo, Margarita Ibarra denuncia que “hay inseguridad” y que “la residencia sanitaria es tan insegura como el hospital” porque no hay guardias.
Agencia Uno
La encuesta “Violencia de Género en la práctica Médica”, publicada en noviembre de 2019 por el Colmed, reveló que un 11% de las casi 3.000 mujeres encuestadas reconocen haber sido víctimas de violencia sexual en su trabajo en el último año.
“Hemos recibido múltiples casos que van desde acoso sexual o discriminaciones en el ámbito laboral hasta violaciones en el ámbito hospitalario”, asegura la doctora Crispi. La coordinadora de género del Colmed destaca que los perfiles de los agresores suelen corresponder a superiores de las denunciantes, pero que en el último tiempo han detectado un aumento de denuncias de mujeres en contra de sus médicos tratantes.
Margarita Ibarra destaca que “la cultura patriarcal está dentro de los servicios de salud”. La coordinadora del Colegio de Enfermeras y Enfermeros enfatiza que “la mayoría” de tens y enfermeras son mujeres, y “un gran porcentaje” de ellas tienen menos de 30 años. En la residencia Casa del Profesor, por ejemplo, trabaja solo un hombre –paramédico– y todas las demás funcionarias son mujeres enfermeras y tens. Es por eso que Ibarra considera necesario visibilizar una realidad “que se vive a diario en los servicios de salud”. Y añade: “Cualquiera se siente con el derecho de tocarte, de decirte lo que quiera y la agresión sexual viene después. Eso es un hecho y, de eso, los ministros no hablan porque pareciera que es natural que tuviese que suceder así”.
A través de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, el gobierno anunció que se querellará contra los dos ciudadanos indonesios, acusados de la violación de Punta Arenas. Además, la autoridad ha dispuesto reforzar las residencias con personal del Ejército. Para las funcionarias de salud las acciones tomadas por las autoridades llegan tarde y no reparan el daño ya causado a la mujer que fue agredida. Desde la Fentess, Mirna Paredes resume el sentir de las trabajadoras: “[Lo ocurrido] se hubiese podido subsanar antes, preverlo con las sugerencias que la misma gente hizo; se podría haber evitado, y la fiscalización viene después de un hecho terrible; que es lo más lamentable”.
