Comando Apruebo Chile Digno | Fotografía de Agencia Uno
Desde la organización de partidos de izquierda de cara al plebiscito, aseguraron que el «conflicto artificialmente creado por un grupo minoritario de transportistas» habría logrado inyectar recursos a las policías aún por sobre todos los que ya se habían destinado desde el estallido social, y que el pliego de los camioneros también potenció el reforzamiento de políticas represivas como la «Ley de Inteligencia».
«Si quedaba alguna duda sobre la connivencia y complicidad entre el gobierno y los empresarios transportistas en paro desde hace algunos días, el protocolo de acuerdo entre ambas partes conocido ayer debiera despejarlas por completo», comienza el comunicado con el que el Comando Apruebo Chile Digno – conformada por el PC, el PRO, Igualdad y la Federación Regionalista Verde, entre otros conglomerados de izquierda -, le aclaró al gobierno que no respaldará las iniciativas represivas que volvieron a tomar fuerza luego del paro de los gremios de camiones.
En esta declaración pública el bloque político se refiere a la disparidad de la aplicación de la Ley Antibarricadas, que quedó en evidencia con este episodio de movilización camionera, y a que esta protesta «sirvió básicamente para el reforzamiento de la propia agenda represiva del gobierno, hecho que quedaba convenientemente en segundo plano noticioso con el irresponsable llamado a levantar las cuarentena durante tres días en Fiestas Patrias».
«Mientras en el Wallmapu se producen violentas golpizas a presos políticos mapuche por parte de Gendarmería, traslados al penal El Manzano en Concepción de presos en huelga de hambre, pasando por alto fallos judiciales previos, y un aumento en los actos de hostigamiento a las redes de apoyo de los presos políticos mapuche, en Santiago el Ministerio del Interior le da el vamos a un acuerdo que asegura el reforzamiento del control aéreo en la Macrozona Sur, el establecimiento de una Prefectura de la PDI para el mismo territorio, la implementación de un programa especial de mantención y reposición de vehículos policiales y la inyección de recursos por un total superior a los 5.600 millones pesos para infraestructura policial», acusan.
Por último, sostienen que este «conflicto artificialmente creado por un grupo minoritario de transportistas», habría logrado inyectar recursos a las policías aún por sobre todos los que ya se habían destinado desde el estallido social, y que el pliego de los camioneros también potenció el reforzamiento de políticas represivas como la «Ley de Inteligencia».
En esta línea aseguran que no estarán disponibles para esta agenda autoritaria del gobierno en el Congreso, y tampoco aceptarán la «manipulación e irresponsabilidad mediática que busca esconder estas maniobras».
Revisa el comunicado completo aquí:
