Imagen referencial | Fotografía de Agencia Uno
Desde la ANF le recordaron a los abogados de Piñera, Mañalich, Daza y Zúñiga, que la defensa «debe ejercerse exclusivamente por la vía judicial, respecto del mérito de los antecedentes y no denostando al fiscal».
A través de un comunicado público, desde la Asociación de Fiscales se refirieron a la solicitud presentada por los abogados de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, Paula Daza y Arturo Zúñiga, ante la máxima autoridad del Ministerio Público, Jorge Abbott, con el fin de remover al persecutor Marcelo Carrasco de la investigación penal de las cuatro autoridades, acusadas de cuasidelito de homicidio y denegación de auxilio por la muerte de 62 personas en la comuna de Recoleta durante la pandemia.
Así, y sobre esta querella interpuesta por el alcalde de la comuna, Daniel Jadue, desde el Consejo General del gremio declararon «en forma unánime», que rechazan «rotundamente el accionar de la defensa de los querellados en esta causa y sus intenciones y presiones para modificar el equipo persecutor».
Así también lo señaló su presidente, Claudio Uribe:
Además, le recordaron a los legistas de Piñera y sus asesores que la defensa «debe ejercerse exclusivamente por la vía judicial, respecto del mérito de los antecedentes y no denostando al fiscal».
«Como ANF llamamos a defender los valores institucionales dados por la Constitución, como son la objetividad y la independencia de los fiscales del Ministerio Público, valores que son propios de la trayectoria del fiscal Marcelo Carrasco», señalaron en el comunicado general.
En este sentido, desde la Asociación de Fiscales hicieron un llamado a todas las autoridades del Ministerio Público a ratificar, «sin titubeos», la confianza en el trabajo de Carrasco y su equipo, «considerando sus años de dedicación a todo tipo de investigaciones en esta institución, sin ninguna alusión política ni personal, basándose en el mérito de los antecedentes técnicos y jurídicos de las investigaciones que encabeza».
«Con esto queremos reafirmar la importancia de la protección de la objetividad con la que deben trabajar los fiscales del Ministerio Público, sin dar lugar, a espacios donde los imputados puedan evaluar el trabajo que realizamos como persecutores en una causa penal», concluyeron.
