El agua como derecho: una discusión estancada

En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconocía de manera explícita que el agua potable y el saneamiento son esenciales para vivir dignamente y una condición previa para la realización de los demás derechos humanos. Hace algunos días, Léo Heller, relator especial de la ONU sobre esta materia, levantaba la urgencia de abordar esto en nuestro país, diciendo que “Chile debe dar prioridad a los derechos al agua y a la salud antes que a los intereses económicos”. En Chile, el acceso al agua para el consumo sigue sin ser reconocido en ninguna norma, y la Constitución sólo reconoce de manera explícita el derecho del dueño a garantizar que nadie lo perturbe en su propiedad.

La pandemia evidenció lo preocupante del escenario actual. Nuestra actual Constitución reconoce como casi único límite a la propiedad privada la salud pública, por lo que la discusión sobre el agua para el acceso de todos y como elemento para prevención y aseo debió estar superada. Sin embargo, en plena expansión del coronavirus ni el gobierno ni el poder judicial estuvieron por resguardar este derecho. Y en el Parlamento tampoco ha habido respuestas razonables, hasta ahora, para justificar la falta de voluntad política de avanzar en esta materia. Ni antes ni hoy.

La discusión sobre este reconocimiento en el Código de Aguas está estancada en el Congreso. Ya van nueve años de tramitación de un proyecto que, entre otras disposiciones, contiene quizás la más importante, señalando que el acceso al agua potable es un derecho humano esencial e irrenunciable y debe ser garantizado por el Estado. Hasta ahora, las trabas han sido los reparos constitucionales al proyecto de ley que, según los mismos parlamentarios, atentarían contra el derecho a la propiedad del agua y que –de aprobarse la ley– llevarán probablemente la discusión hasta el Tribunal Constitucional. 

Los proyectos de reforma constitucional que reconocían este derecho fueron rechazados en su primer trámite en enero de 2020. Más de 12 años dilataron una votación para abrir el debate constitucional de las aguas. Se requerían 29 votos a favor en el mismo Senado que aprobó el retiro del 10% de los fondos de las AFP. Pero no se presentaron a votar lxs senadorxs Allamand (hoy canciller), Harboe, Kast, Prohens, Pugh y Von Baer; y derechamente votaron en contra lxs senadorxs Aravena, Ebensperg, Van Rysselberghe, Coloma, Castro, Durana, García-Huidobro, García, Moreira, Ossandón, Sandoval y Pérez, este último hoy ministro del Interior.

Parece pertinente cuestionarnos, entonces, qué tan necesario es el reconocimiento expreso del “derecho humano al agua”. Y respondernos: es absolutamente necesario. El modelo chileno de gestión del agua le entrega su asignación en términos absolutos al mercado. Con muy pocas normas que resguardan el interés público, ni siquiera en el hiperpresidencialismo chileno el Ejecutivo tiene atribuciones suficientes para garantizar el abastecimiento para el consumo humano. Y, quizás la más poderosa de ellas, la expropiación consagrada en el Código de Aguas, implica aceptar que aquella agua que se entregó gratis por el Estado tiene hoy que ser comprada para entregarle a quienes no la tengan para su consumo, a pesar de que este porcentaje representa el 2% del agua disponible. Eso es lo que ocurre hoy: el Estado compra a través de los fondos de emergencia de la ONEMI y de los gobiernos regionales camiones aljibes para distribuir agua.

Sabemos que miles de chilenos están recibiendo agua en estas condiciones, alcanzando el 47,2% de la población rural de nuestro país. También sabemos que, en el futuro, la condición de sequía hará más escaso este elemento esencial para la vida y salud humana. Y la historia legislativa evidencia que el poder actualmente constituido en el Congreso ha preferido desoír la urgencia y convicción profunda con la que la gran mayoría de chilenas y chilenos sostienen que el agua debe ser un derecho humano y que la protección de las fuentes naturales una cuestión esencial para ello. 

El diagnóstico es claro: es urgente una nueva gestión del agua, que comience por elegir a representantes de fuerzas políticas que estén absolutamente comprometidos con la protección de la vida humana y planetaria, reconociendo para ello como esencial el tratamiento que le damos al agua en la Constitución. Porque no se trata de comunismo, estatismo, chavismo, ni de ningún otro ismo, ni menos de fanatismo: se trata de sentido común. Se trata de proteger los bienes comunes que nos permiten existir como seres vivos.