Terapias VIH multimes: ¿Un peligro para el Estado de Chile?

El pasado 3 de junio, debido a la entrega parcial e irregular de terapias para el VIH, interpuse un Recurso de Protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, demandando el cumplimiento de normas sanitarias que el Ministerio de Salud se autoimpuso, como el decreto 4 del 25 de marzo y el Ordinario 916 del 7 de abril de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, sumado a recomendaciones e indicaciones de la Organización Mundial de la Salud OMS y ONUSIDA. Dichas organizaciones solicitan la entrega de terapias VIH por varios meses, en una sola vez, a las personas seropositivas, evitando así la concurrencia mes a mes de usuarios VIH a los hospitales públicos, estrategia que busca prevenir el contagio del COVID-19 en personas seropositivas en los centros hospitalarios y durante los traslados en la locomoción pública a los mismos centros.

Esta primera acción constitucional motivó e impulsó otros recursos de protección en diversas cortes del país, como la Corte de Apelaciones de Iquique, Concepción, La Serena y San Miguel, sumando nueve recursos de protección constitucional en contra del Ministerio de Salud.  

Las autoridades político-sanitarias, desde el ministro Jaime Mañalich hasta Enrique Paris, negaron sostenidamente la existencia de incumplimientos e irregularidades en la entrega de terapias VIH en tiempos del coronavirus, hasta que, debido a la fuerza de las denuncias, sumado a una persistente campaña pública–comunicacional que hemos desarrollado las personas recurrentes, se vieron obligados a reconocer que no se estaban entregando terapias VIH multimes a todas las personas viviendo con VIH/SIDA en el país. En efecto, el pasado 13 de julio, superado por los hechos, el ministro Paris asumió el error e incumplimiento en la entrega de terapias VIH durante conferencia de prensa en el Palacio de La Moneda, señalando un doloroso y tardío “es verdad, en algunos hospitales se entregan terapias solo por un mes”, comprometiéndose a “corregir” la situación y anunciando que el Ministerio de Salud respondería “como corresponde” a los tribunales de justicia.

¿Corresponde el auxilio del Consejo de Defensa del Estado?

Junto a la porfiada e inicial negación pública de los hechos, el Ministerio de Salud ha usado todo su poder comunicacional e institucional para desacreditar las acciones legales, incluso faltando a la verdad en los informes oficiales que han enviado a las Cortes de Apelaciones, hasta solicitar colaboración, auxilio e intervención de los abogados del Consejo de Defensa del Estado, tratando a las personas viviendo con VIH recurrentes como un “peligro” para el Estado de Chile. Así, mientras el ministro Paris reconoce acongojado la falta e incumplimiento, expresando “compromiso personal con el programa VIH” y poco claro sentido de la urgencia, ordena a los abogados del Ministerio de Salud y del Consejo de Defensa del Estado, desconocer y limitar las garantías del derecho constitucionales de las personas viviendo con VIH que hemos recurrido de protección a los tribunales de justicia.

El nefasto informe del Ministerio de Salud

Fechado el 23 de junio, la Subsecretaria de Salud Pública, comandada por la doctora Paula Daza, respondió a mi recurso de protección contradiciendo las “comprometidas” palabras del ministro Paris. El informe del Ministerio de Salud a la Corte de Apelaciones de Santiago no solo desconoce las legítimas atribuciones del Poder Judicial en el ámbito del derecho e independencia jurídica e institucional, sino que cuestiona las acciones constitucionales de protección de las personas por estar en un contexto de excepción constitucional debido a la pandemia del COVID19, dado a entender que en este tiempo quedaría suspendido el Estado de Derecho en nuestro país, incluyendo el derecho a la vida de ciudadanos y ciudadanas. Grave, muy grave.

Del mismo modo, el informe del Ministerio de Salud falta abiertamente a la verdad cuando señala que la farmacia del Hospital San José ha funcionado «normalmente». Es de conocimiento público que esa farmacia estuvo varias semanas cerrada, declarada en «cuarentena» por contagio de COVID-19 entre sus profesionales, traspasando sus funciones profesionales de químicos farmacéuticos a personal de matronería del programa VIH del Hospital San José, hecho reconocido por la misma jefa del Programa VIH. Efectivamente, el pasado 20 de mayo, estos profesionales, vulnerando medidas de confidencialidad y resguardo de la identidad de los usuarios VIH, llamándonos a todos con nuestros nombres a viva voz en los pasillos públicos del hospital, entregó terapias solo por un mes, porque “no disponemos de stock para entregar por dos o tres meses”, explicaron, contraviniendo indicaciones propias del mismo Ministerio de Salud y recomendaciones de ONUSIDA.

Esa mañana del 20 de mayo, conversando e indagando, molesto pero respetuosamente con la doctora Ester Santander, Jefa de Programa de VIH del Hospital San José, me señaló e informó en mi calidad de usuario y periodista comunitario en VIH/SIDA que “en este hospital, la cantidad de pacientes que están contagiados son muchos. Eso se traduce en que nosotros estamos sobrepasados, todos los funcionarios hemos tenido contacto con pacientes con COVID19, incluso tenemos médicos del programa contagiados. La farmacia del hospital, ubicada en un espacio chico, se cerró. Era imposible que no se contagiaran los funcionarios. Se contagió la Jefa de Farmacia y otros funcionarios. Existen seis químicos positivos al COVID. Hacemos lo que podemos».

En este marco, angustiante y carente de garantías de resguardo sanitario para las personas que vivimos con VIH/SIDA, la falsa e inverosímil respuesta de las autoridades del Ministerio de Salud vulnera nuestros derecho a la salud psíquica y física, porque la versión de los hechos entregada a los tribunales adultera la verdad, faltando a la probidad, fustigándome –incluso- por acudir a la justicia en circunstancias que este tema, la entrega de tratamientos para el VIH en el marco de la ley, sería, señala, solo atribuciones de las autoridades sanitarias y no de los tribunales de justicia. Del mismo modo, el Ministerio de Salud me culpa de solicitar terapias por más de un mes, como recomienda ONUSIDA, provocando una situación “desigualdad” con otros enfermos crónicos. Es inaudito e intolerable que el Ministerio de Salud cuestione las acciones legales que demandan el derecho a la vida, cuando debiese ser el propio Ministerio de Sa lud –liderado por el ministro Enrique Paris- el principal promotor de esta elemental garantía constitucional.

La respuesta del Ministerio de Salud no da cuenta de las demandas, denuncias, ni observaciones que hemos realizado las personas viviendo con VIH que nos atendemos en el sistema público de salud. Se trata de demandas relativas a la entrega parcelada e incompleta de terapias VIH. Es un dato público que el Hospital San José entregó terapias a varias personas solo por 10 días, haciéndolas concurrir hasta por tres veces durante un mismo mes, como ocurrió con Sebastián Neira, paciente con movilidad reducida de la comuna de Quilicura. El Hospital San José y el mismo Ministerio de Salud fueron oportunamente informados de esta grave denuncia pública, pero poco y nada hicieron para buscar una rápida y eficiente solución. Luego de esa denuncia sin respuestas, solo quedaba recurrir a los tribunales de justicia.

El informe del Ministerio de Salud en mi recurso de protección y en las acciones legales de mis otros compañeros, han sido atentatorios a la dignidad y la tranquilidad de las personas viviendo con VIH/SIDA. Recibir y leer esos informes, alojados en la página web del Poder Judicial, representan otra injusticia más porque no consideran las angustias ni las problemáticas vitales de las personas enfermas crónicas, acrecentando la vulnerabilidad e inseguridad psíquica de quienes observamos la falta de garantías a la salud y la vida en nuestro país.  Es violento e ingrato tener que recurrir a los tribunales de justicia para hacer valer el derecho a la vida frente a quienes debieran ser garantía de tal derecho. Hasta la fecha, ni el Ministerio de Salud, ni mucho menos el ministro Enrique Paris, se han allanado a buscar una solución directa con las personas seropositivas recurrentes. ¿Las personas viviendo con VIH/SIDA no tenemos espacio en su agitada agenda? ¿Solo tienen valor las organizaciones VIH obedientes que reciben millonarios recursos fiscales sin cuestionar las erráticas políticas públicas en VIH/SIDA del Ministerio de Salud?

La complicidad de muchos frente a la poca comprensión de los jueces

Desde que se presentó el primer recurso de protección el 3 de junio, diversas personas viviendo con VIH/SIDA, reconocidos activistas como Felipe Díaz-Olave, de Iquique, Luis Zambrano y Marco Ruiz de Santiago, sumaron sus propias acciones judiciales en los tribunales de justicia, aportando experiencia social y compromiso comunitario a la causa por los Derechos Humanos de las personas viviendo con VIH. Estas urgentes luchas y sus protagonistas, si bien hemos sufrido tropiezos en los tribunales debido a la falta de cercanía y comprensión de los jueces a la realidad de las personas viviendo con VIH/SIDA, rechazando recursos sin discutir el fondo, hemos logramos diversos e importantes respaldos públicos como la adhesión del Colegio Médico, Colegio de Enfermeras, Colegio de Matronas, Comisión Chilena de Derechos Humanos, Redes de Orientación en Salud Social RED OSS, Fundación Margen, ACCIONGAY, MUMS, Chile Diverso, Diverso Positivo, Sida Maule, Agrupación por la Vida, Francisco Saavedra, Karen Doggenweiler, Emilia Sheineder, Irací Hassler, Virginia Palma, Karol Cariola, Maya Fernández Allende, Claudia Mix, Hugo Gutiérrez, Cristian Cuevas Zambrano, Óscar Contardo, Valeria Stuardo, Marco Enríquez – Ominami, Daniel Alcaíno, María Jimena Pereira, Moyenei Valdés, Roxana Miranda, Nicole Costa, Claudia Amigo, Gloria Pinto, Tamara Casado, Andrés Capetillo, Óscar Huenchunao, Catalina Carrillo, Valeria Bustos y la activista VIH global, represente de personas VIH en ONUSIDA, Violeta Ross, junto al compromiso y promoción pública del programa «Siempre Viva en Vivo» de Radio Universidad de Chile.

Septiembre en la Corte de Apelaciones

Este jueves 10 de septiembre, después de más de dos meses de espera por la programación de los alegatos, Rodrigo Román, emblemático abogado de la Defensoría Popular, defenderá mi derecho a la vida en la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, esperando que los traspiés sufridos en los otros recursos de protección sean revertidos en esta sala que -al inicio de nuestra demanda- aceptó una orden de innovar, ordenando al Hospital San José entregarme terapia para el VIH por tres meses, mientras se estudiaba la vista de la causa. Justo ahora en este mes de septiembre, cuando debo retirar nuevamente terapia, acontecerá el esperado alegato en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Tenemos esperanzas, nunca las hemos perdido. Anidamos razones para seguir batallando, porque esta lucha es de todos y para todos. Somos personas con derechos. No somos un peligro para el Estado de Chile. Nos organizamos y luchamos por el derecho a la vida. Una pequeña luz de justicia anima nuestras demandas por terapias VIH que persistirán e insistirán aunque tropecemos una y otra vez en los tribunales. Ojalá el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, especialmente el ministro Enrique Paris Mancilla, estén a la altura de las circunstancias sociales, políticas e históricas, garantizando la salud de todas las personas que vivimos -y luchamos- con VIH/SIDA en Chile.