El necesario debate sobre el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)

“El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) es la última parte del diseño de nuestra institucionalidad ambiental: una agencia para cuidar la naturaleza que dependa de un ministerio no-productivista y sectorial. Es por eso que la OCDE le ha pedido a Chile crear este servicio y por lo tanto debe sopesarse respecto de lo que hay hoy. En ese sentido, el SBAP es un avance gigantesco para el cuidado de nuestro patrimonio.», resume la senadora Isabel Allende sobre la creación de este servicio que dejaría en manos del Ministerio de Medio Ambiente el cuidado de las áreas protegidas, hoy a cargo de Conaf.

Justamente son trabajadores de Conaf y representantes de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) quienes sostienen que el proyecto tiene falencias estructurales y “letra chica” difíciles de remediar en el proceso legislativo.

Por otra parte, organizaciones, científicos y abogados ambientales creen que el SBAP presenta nuevas herramientas para defender la biodiversidad y que muchas de las indicaciones que se le han hecho al proyecto de ley responden a los cuestionamientos levantados.

“Soy de la idea de que hay que continuar tramitando este proyecto y que los debates se den a la luz pública. Queda mucho por avanzar y todavía tiene que pasar por la Comisión de Agricultura. Le hemos hecho cientos de indicaciones al proyecto por lo que la oportunidad de mejoras no es menor”, sostiene Pamela Poo, coordinadora en política y regulación de la fundación Chile Sustentable.

Además de la preocupación por el futuro laboral de quienes trabajan en Conaf, y de las funciones que quedarán para este servicio, las dudas sobre el proyecto se relacionan a los posibles espacios que dejaría para actividades extractivas en áreas protegidas y la regulación para las concesiones a privados en estos espacios.

Áreas protegidas y concesiones

El tema que ha generado más incomodidad en relación al proyecto es el de las concesiones a privados. “Este proyecto establece un sistema de concesiones donde se puede concesionar áreas completas para turismo, educación y ciencia, a 30 años para cualquier persona jurídica que no persiga fines de lucro, como una fundación, corporación, ONG, etc. donde los privados van a poder hacer obras que tendrán un impacto en el área”, afirma Ricardo Heinsohn, presidente del Sindicato Nacional de Profesionales de Conaf (SINAPROF).

Al respecto, el jefe de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Juan José Donoso, señala que el proyecto de ley no privatiza áreas protegidas, sino que regula las concesiones, aclarando que la administración de estas áreas corresponde al SBAP y es indelegable. Además, establece reglas para las concesiones “agregando fuertes resguardos hoy inexistentes”. Entre ellos, las concesiones deberán ajustarse al plan de manejo del área y no podrán atentar contra el objetivo de conservación, definido según la categoría de conservación de dicha área. Se establece también fiscalización por parte de los guardaparques, multas desde 500 a 10.000 UTM para quienes incumplan y causales de extinción de la concesión.

En ojos de Pamela Poo, “al día de hoy también se entregan concesiones dentro de los parques y con este proyecto queda más regulado cómo se entregan”. Además, señala que es en esta sección del proyecto donde se han ingresado más indicaciones para fortalecerlo y regular la infraestructura que se pueda construir dentro de estas áreas.

En cuanto al tema de las sanciones para aquellos concesionarios que incumplan, la doctora en ciencias de la ONG FIMA, Fernanda Salinas, opina que se podría revisar el punto. “Atentar contra bienes comunes y naturales es grave y en este país no hay cultura de sancionar por el respeto a la naturaleza. Puedes acabar con un bosque milenario y pagar un monto mucho menor al retorno económico que vas a tener con la actividad que realices luego en ese lugar. Se necesitan desincentivos más profundos”, afirma.

Un país de concesiones

Incluso la periodista Alejandra Matus se vio envuelta en el debate sobre el proyecto, tras sostener que más allá de la necesidad o no de un SBAP, “la pregunta es si queremos seguir haciendo política pública en base a concesiones (…) y entregar a privados la protección de bienes esenciales para el país”. En opinión de la periodista, y también del gremio de Conaf, el proyecto podría esperar a después de culminado el proceso constituyente para discutirse y aprobarse.

“Yo no soy una enamorada de las concesiones, y Chile es un país que ha vivido a concesiones. Pero es una discusión transversal que se tiene que dar en el proceso constituyente sobre el peso que le da el país a la concesión a privados, y a lo que maneja el estado. No es una discusión que tengamos por qué cargarle a este proyecto, y en vez de esperar a que salga una nueva constitución para volver a presentar esto que ya ha estado varios años frenado en el Congreso, se puede avanzar en la discusión y luego ajustar la institucionalidad a los cambios constitucionales”, responde Pamela Poo.

¿Se podrán vender áreas protegidas?

“Las concesiones se van a poder vender a terceros y esa transferencia no contempla plazos, ni siquiera el límite de 30 años para la concesión original” sostiene Ricardo Heinsohn. En efecto, el proyecto de ley dicta que los concesionarios pueden transferir la concesión, agregando que “el servicio aprobará la transferencia, previa certificación de que la transferencia es total y el adquiriente cumpla con todos los requisitos y condiciones exigidos al primer concesionario”.

Hoy en día existen más de 50 concesiones activas en áreas protegidas y tendrían menos regulaciones de las que entrega este proyecto, que establece que la transferencia de concesiones debe hacerse con previa autorización del servicio, y que una vez terminada la concesión “todo lo edificado y plantado por el concesionario en el inmueble fiscal y todas las mejoras que le hubiere efectuado pasarán a dominio del Fisco, sin indemnización alguna”.

Actividad extractiva en áreas protegidas

Al hablar de áreas protegidas, es difícil imaginarse un parque que incluya una minera o una concesión salmonera. Sin embargo, estas actividades hoy están permitidas en varias de estas áreas. “Con el SBAP, los concesionarios podrán realizar faenas mineras, acuícolas, de centrales hidroeléctricas e inmobiliarias pues el proyecto no las prohíbe”, sostiene Heinsohn, en referencia al artículo 93 del proyecto que establece que las concesiones sectoriales se regirán bajo sus leyes respectivas.

“Esto hoy está permitido, pero no está regulado completamente, lo que deja espacios a la interpretación y eso es un avance de este proyecto. El artículo 93, que ha sido criticado por ´mantener´ el sistema de concesiones de explotación de recursos, establece que dichas concesiones sólo podrán otorgarse previo informe favorable del Servicio, que deberá velar por que se ajuste a los objetivos de la categoría en particular, a sus objetos de protección, y a su plan de manejo”, resume Juan José Donoso. Así, en algunas categorías, como la de parques nacionales, queda prohibido explotar recursos naturales con fines comerciales, mientras que en otras dependerá del plan de manejo.

Aunque se trata de una novedad en cuanto a las herramientas para impedir estas actividades en áreas protegidas, algunos involucrados en el debate consideraron que se podía hacer más, prohibiendo la explotación de recursos naturales con fines económicos en todas las categorías de conservación, para lo cual se han agregado indicaciones al proyecto. Por otro lado, existe el resquemor de que con una indicación así, el proyecto enfrente más oposición del sector productivo más adelante en el proceso.

Bosque nativo dentro y fuera de áreas protegidas

Una de las mayores preocupaciones planteadas por el gremio de Conaf, es que el proyecto quita a la corporación “funciones esenciales como las relacionadas con bosque nativo, tanto fuera como dentro de las áreas protegidas, sin mencionar el traspaso de ningún profesional técnico de Conaf, expertos en estos temas, dejando desprotegida esta labor”, declara Heinsohn. El proyecto, que contempla traspaso de guardaparques de la corporación, no menciona traspaso directo de otros profesionales.

Al respecto, desde el MMA señalan que “la Conaf va a seguir a cargo de los planes de manejo en bosque nativo. El SBAP va a poder fiscalizar la aplicación de la ley de bosque nativo en áreas protegidas, y bajo convenios de encomendamiento de acciones en sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y degradados. Existe una indicación para aclarar que cuando el Servicio fiscalice fuera de las áreas protegidas, deba coordinarse con el servicio respectivo a través de un encomendamiento de acciones”.

En relación a esto, desde organizaciones ambientales destacan la labor que ha hecho Conaf con el acotado presupuesto que tiene, pero señalan también las falencias que ha tenido a la hora de proteger el bosque nativo. Más allá de los planes de manejo entregados por Conaf durante 10 años que fueron declarados ilegales, “lamentablemente hay un problema profundo de Conaf que requiere una formación acorde a los tiempos, porque mantienen una manera de entender el manejo forestal priorizando el uso productivo de la tierra para fines madereros, para lo cual se ha preferido especies exóticas de rápido crecimiento y prácticas que terminan atentando contra el bosque nativo, lo que tiene un grave impacto justamente en la biodiversidad. Por eso mismo es necesaria una institucionalidad que esté explícitamente llamada a proteger la biodiversidad”, reflexiona Fernanda Salinas.

Traspaso de empleados

Sobre los expertos en manejo de bosque nativo de Conaf, Alejandro Sánchez, asesor legislativo de Isabel Allende, explica que aunque no se establece un traspaso, “lo que va a pasar es que se van a abrir esos cupos y van a poder presentarse a concurso público para asegurar el ingreso de personal calificado al SBAP, al que expertos de Conaf, así como trabajadores del Ministerio de Medio Ambiente que se dedican a funciones similares, también podrán postular”.

Trabajadores de Conaf no son los únicos que han presentado sus resguardos en relación a los cambios laborales que significará la creación de este servicio. En los últimos días, trabajadores del MMA publicaron un comunicado denominado “Sbap con nosotros”, solicitando a la ministra que se establezca en el proyecto el traspaso de empleados que se han dedicado a labores que deberá hacer el SBAP, como planes de conservación y restauración de especies exóticas invasoras.

Estos son solo algunos de los puntos que han causado debate en relación al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Se trata de un proyecto extenso que propone un cambio en relación a cómo la institucionalidad ambiental se enfrenta a la protección de la biodiversidad, en las áreas del país que todavía conservan su riqueza. Es un tema de interés público, y por tanto, queda a la vista la necesidad de contar con más información clara y accesible con respecto a este proyecto.

https://www.eldesconcierto.cl/2020/08/25/el-proyecto-ecoinmobiliario-que-amenaza-la-conservacion-en-el-parque-radal-siete-tazas/