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Opinión | Constitución ecológica para un país responsable con su futuro

Por: Tomás González / Ingeniero en Recursos Naturales Renovables / Publicado: 15.09.2020
Opinión | Constitución ecológica para un país responsable con su futuro Hidroeléctrica Los Maquis /
La nueva Constitución debiese tomar como objetivo lograr un sistema resiliente, sostenible y robusto en que la naturaleza sea valorada jurídicamente. La idea de consagrar la naturaleza como sujetos de derecho, y no como un bien, proviene de la comprensión de nuestra especie como una más entre muchísimas otras que habitan el planeta, donde cada ser tiene derecho a vivir y ser respetado.

Habitamos una tierra finita, que no da más con el modelo económico de sobreexplotación de los recursos naturales donde se siguen repitiendo frases auto-suicidas como “el agua de los ríos se pierde en el mar”.

Las mega intervenciones (ej. embalses, hidroeléctricas, monocultivos forestales y mineras) no son una solución a futuro, sino que agravan el problema y consagran el mismo modelo extractivista que sigue manteniendo a Chile como uno de los países más desiguales del mundo y que atenta incluso contra el derecho colectivo de muchas comunidades locales y de pueblos originarios.

En Chile, los sistemas de poder que lo administran lamentablemente han exacerbado la privatización de los bienes comunes (suelo, agua y mar) lo que juega en contra de la salvaguarda colectiva de la naturaleza, ya que se enfoca en el beneficio individual, por sobre el bien común.

Esta realidad genera un desapego colectivo sobre el territorio, a diferencia de lo que ocurre en otros países y culturas, donde han podido lograr que los bienes comunes sean cuidados por todas y todos.

En Chile, lo que es común se siente como si no fuera de nadie y menos se protege. Ejemplo de ello son los ríos que están bajo protección de Bienes Nacionales del Estado y que están degradados o amenazados en todo el país.

Hoy, especialmente en Chile, estamos sumidos en la cultura del dinero y del negocio en que la regulación del territorio esta dado en gran medida por el mercado, y no por un ordenamiento territorial que atienda las necesidades de los ecosistemas para sobrevivir. Gana a corto plazo el que saca el mayor provecho de la naturaleza y del sistema normativo.

Esto supone una irracionalidad cómoda que no visualiza las consecuencias, ya que se toma el camino más fácil para generar riqueza a costa de la salud, pobreza y degradación de la naturaleza a largo plazo.

Lo anterior ha propiciado, además, una gran concentración de la riqueza, a la desigualdad, al monopolio, la corrupción, la ambición e incluso imposibilita que los decidores y las instituciones actúen de manera coordinada debido a una legislación compartimentada y extra redundante que no permite una gestión real de los ecosistemas y sus comunidades humanas y de otros seres.

Asimismo, desde el 18 de octubre con el estallido social y en marzo con el COVID-19, lo que conocíamos como “normalidad” quizás nunca vuelva a ser la misma. Ante esta incertidumbre y necesidad imperiosa de adaptación a los nuevos tiempos (emergencia climática, mega-sequía, crisis sociales y ecológicas) es que se necesita una constitución capaz de responder ante lo incierto y que resuelva los problemas desde su raíz.

Avanzar hacia un futuro responsable

Con la urgencia del cambio climático y los compromisos que nuestro país ha asumido en el respeto por los pueblos originarios y el medio ambiente, los mecanismos jurídicos ligados a los derechos de la naturaleza se han comenzado a posicionar en las discusiones ambientales con bastante fuerza.

Si bien, la ejecución de estas normativas está aún por verse, está claro que el establecimiento del bienestar de los ecosistemas para la humanidad – presente y futura-, y los otros organismos vivos, debe ser una prioridad en nuestra constitución.

La naturaleza y las comunidades humanas son un todo. Somos parte del sistema de vida a pesar de que nos estemos destruyendo, al igual que un parásito. Pero no es nuestra naturaleza el destruir, eso lo venimos haciendo hace unos pocos miles de años cuando nos alienamos de los ecosistemas y comenzamos a modificarlos de manera irresponsable para nuestro beneficio.

Sin embargo, ya existen miles de experiencias a nivel planetario donde el humano puede ser un elemento positivo para los ecosistemas y la vida de todo un territorio. Ejemplo de ello son los territorios y áreas conservados por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCAS), las eco aldeas rurales y urbanas, los huertos urbanos, los espacios naturales protegidos gestionados de forma eficaz y también los pueblos y ciudades en transición (moneda y productos locales, trueque y autosuficiencia).

Sudamérica y Chile tienen un potencial gigante para avanzar hacia un futuro responsable y sostenible. En nuestros países “en desarrollo” aún hay pueblos originarios de los que podemos aprender muchísimo en el camino de adaptación a la tan necesaria nueva realidad de los sistemas socio-ecosistémicos.

Una nueva Constitución ecológica

Para la nueva constitución es imprescindible una visión que incorpore al ser humano en el funcionamiento de la naturaleza y a la resiliencia eco-cultural, dónde la planificación conjunta para la vida autosuficiente tenga como circunstancia a los ecosistemas y la naturaleza humana.

Es decir, entender los ecosistemas para poder adaptarse y frenar el impacto del humano sobre la biosfera para permitir la recuperación.

La idea de los derechos fundamentales de la naturaleza proviene de la comprensión de nuestra especie como una más entre muchísimas otras que habitan el planeta, donde cada ser tiene derecho a vivir y ser respetado. Ello contrasta con lo que ocurre hoy con nuestro sistema jurídico, el cual trata a los seres vivos como objetos o bienes de mercado, mientras que a las corporaciones (que son una forma de propiedad), se les trata como sujetos de la ley con personalidad jurídica y derechos.

Estos seres no son sólo aquellos que tradicionalmente hemos definido como “vivos”, sino que también se incluyen montañas, glaciares, ríos, lagos y bosques, elementos del paisaje y el territorio que son considerados seres sintientes y sagrados por diversas culturas.

Esta idea no es nueva, pues desde hace siglos que gran cantidad de pueblos originarios y comunidades locales alrededor del mundo han pedido un reconocimiento distinto de la naturaleza, desde que los reinos europeos comenzaron a entrar en contacto con ellos y explotar las riquezas naturales de sus territorios.

Sin embargo, recién hace unos 10 años que esta idea ha cobrado fuerza y carácter legal. Ejemplo de ello es el río Whanganui -el tercero más grande de Nueva Zelanda- el cual, desde marzo de 2017, tiene los mismos derechos y deberes que una persona, y sus intereses son representados por un miembro de la tribu maorí Whanganui y un delegado del Estado quienes son sus guardianes. Algo similar ha sucedido en el río Atrato en Colombia y el río Klamath y lago Erie en USA, así como en países como Ecuador y Bolivia.

El reconocimiento de los derechos de la naturaleza puede ayudar a la conservación y justicia socio-ambiental en Chile y avanzar en las acciones más prioritarias para una vida armónica e integral del hombre en la naturaleza.

La nueva constitución ecológica podría enfocarse aún más en las formas en que nuestra sociedad se relaciona entre humanos, otras especies y su ambiente. Esta nueva carta magna debiese tomar como objetivo el lograr un sistema resiliente, sostenible y robusto en que la naturaleza sea valorada y gestionada desde diversos ámbitos en el sentido del bienestar de hombre y su entorno.

Este cambio es inconcebible en un marco institucional actual y ahí la oportunidad del cambio constitucional. Este cambio es posible y ya se está dando en muchas comunidades, organizaciones e instituciones no formales.

Entre algunas de las acciones donde se podría poner énfasis en la nueva constitución es en la importancia del ordenamiento territorial para un manejo integrado de cuencas (ej. definir los limites regionales por cuencas), la restauración ecológica, la agricultura regenerativa y el desarrollo y la autosuficiencia local.

Este proceso constituyente debe dar el paso para un camino adaptativo y entender que la naturaleza tiene derechos. Se puede partir descentralizando el territorio desde lo local, descolonizarnos, aprender de las comunidades que viven ancestralmente de la tierra y volver a valorar y conectar con el medio ambiente.


Tomás González / Ingeniero en Recursos Naturales Renovables, integrante de la Coordinadora No Alto Maipo, la Red por los Ríos Libres y la Coalición #SomosMaipo

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