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Opinión

Constitución hecha en democracia, democracia hecha Constitución

Por: Constanza Lizana / Publicado: 17.09.2020
Constitución hecha en democracia, democracia hecha Constitución /
A poco más de un mes del plebiscito, nos encontramos en un escenario en donde el triunfo del Apruebo es un hecho indiscutido, pero también desdibujado, en el que incluso pinochetistas de tomo y lomo hoy “Aprueban” cambiar la Constitución, poniendo todas sus fichas en lograr una representación suficiente en la Convención Constitucional, lo que, dadas las características del acuerdo (respecto de la forma en que serán elegidos sus integrantes), parece altamente probable. Para decirlo en términos sencillos: en el acuerdo “cada lote aseguró su participación”.

Ya es un lugar común cuestionar el origen de la Constitución vigente, vinculándola temporalmente con la dictadura. En efecto, se trata de una Constitución hecha en dictadura, pero al mismo tiempo (y es lo que pretendo plantear como problema) se trata de una dictadura hecha Constitución, lo cual ha significado la exclusión y clausura constitucional de cualquier proyecto de cambio social en nuestro país. En consecuencia, lo que hoy está en disputa no es sólo una nueva Constitución hecha en democracia, sino que derechamente una democracia hecha Constitución, y un proceso constitucional o constituyente que permita la irrupción y despliegue de proyectos y procesos de transformación democrática en Chile.

Las revueltas del 18 de octubre abrieron un nuevo ciclo político en Chile, expresando, por un lado, el largo descontento con las condiciones de vida bajo el neoliberalismo (No son 30 pesos: son 30 años) y, por el otro, una voluntad de transformación que se vio reflejada en la convocatoria social más extensa y profunda de las últimas décadas. Esta voluntad enfrentó y venció uno de los principales fantasmas de la vida social y política del Chile neoliberal: el miedo.

Frente a la envergadura de la movilización, la primera respuesta del régimen fue la vía militar. Imágenes de las soldados copando ciudades y confrontando a civiles golpearon como un rayo la memoria de quienes sobrevivieron a la dictadura. La transición chilena siempre se sostuvo en la amenaza militar, de ahí que desde el poder se esperaba que la presencia militar lograra, a través de la memoria del miedo, desbaratar la protesta. Pero, muy por el contrario, las comunidades y pueblos respondieron ampliando y profundizando la movilización. De forma inédita, se desarrollaron paralizaciones de sectores productivos claves como el sector portuario; al mismo tiempo, las revueltas pusieron en marcha nuevos dispositivos de acción política fuertemente solidarios y territoriales, como estrategias para vencer el miedo y enfrentar al régimen (Nos costó tanto encontrarnos, que ya no nos soltaremos).

Derrotada la maniobra militar para disolver la protesta, se produjo la histórica jornada de paro nacional del 12 de noviembre, la cual evidenció una sociedad movilizada, que desbordaba con claridad la idea de una movilización contra el gobierno y se expresaba como movilización contra el régimen y el modelo neoliberal. Pueblos y comunidades confrontan al poder constituido, organizándose y proyectándose como poder constituyente, instalando con nitidez la demanda por un cambio profundo que se expresa en la forma de Asamblea Constituyente: el miedo cambió de domicilio, fue abandonando las calles e instalándose en los pasillos del régimen.

La noche del 14 y madrugada del 15 de noviembre, en los pasillos del Congreso en Santiago, la gran mayoría de los partidos políticos construyen así el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”. Sin necesidad de dibujar dicotomías maniqueas, resulta evidente que el rol de los partidos políticos fue clave en reforzar la “primea línea” de defensa del régimen, reafirmando el intento de imponer el poder constituido en contra del carácter constituyente que adquiría la movilización social. El acuerdo del 15-N expresa el consenso básico del sistema de partidos como expresión privilegiada del poder constituido para enfrentar la iniciativa constituyente. Se trata en esencia de una respuesta autoritaria que se sostiene en la fuerza de los hechos y los hechos de la fuerza.

Sin dar respuesta a las demandas de la sociedad movilizada (nada se señaló respecto del pliego levantado en la movilización; nada respecto de las flagrantes violaciones a los derechos humanos producidas antes y el mismo momento en que el acuerdo se suscribía), la institucionalidad política procesó la movilización como una demanda exclusivamente constitucional, banalizando su potencial, desactivando la potencia transformadora de la sociedad en movimiento, dando por clausurado “vía acuerdo y decreto” el despertar de Chile. Una maniobra propia del Chile neoliberal, que con calculadora en mano impone de facto un procedimiento para operar la crisis del régimen: el plebiscito para cambiar la Constitución, que excluye explícitamente el término “Asamblea Constituyente”.

Aun así, el mes de diciembre se realizaron consultas ciudadanas en gran parte de las comunas de Chile respecto del cambio de Constitución y otras materias. En el caso de San Antonio, fuimos 20 mil personas quienes participamos, y el 97,8% respondimos estar de acuerdo con que Chile necesita una Nueva Constitución. Ante la pregunta por el mecanismo para cambiar la Constitución, el 78,7% elegimos Asamblea Constituyente, el 13,3% Convención Mixta y apenas un 8,1% Convención Constitucional. Fueron muy pocas las comunas donde se permitió a las personas escoger entre todas las alternativas, lo cual representa un evidente sesgo y limitación a la posibilidad de elegir, pero donde se permitió, la opción Asamblea Constituyente fue la primera mayoría.

A poco más de un mes del plebiscito, nos encontramos en un escenario en donde el triunfo del Apruebo es un hecho indiscutido, pero también desdibujado, en el que incluso pinochetistas de tomo y lomo hoy “Aprueban” cambiar la Constitución, poniendo todas sus fichas en lograr una representación suficiente en la Convención Constitucional, lo que, dadas las características del acuerdo (respecto de la forma en que serán elegidos sus integrantes), parece altamente probable. Para decirlo en términos sencillos: en el acuerdo “cada lote aseguró su participación”. Así el proceso constitucional (y no constituyente) permite unificar discursos en torno a que la Constitución vigente es ilegítima en tanto fue hecha en dictadura, y en consecuencia se contenta con una Constitución redactada en democracia, como telón de fondo, pero en la práctica impidiendo la Asamblea Constituyente y subordinando el cambio constitucional al poder constituido.

Ante los cuestionamientos de forma y fondo que diversos sectores comprometidos con las transformaciones sociales formulamos al acuerdo del 15-N, sus defensores (y principales beneficiados) nuevamente apelaron al miedo e intentaron volver al Chile del 17 de octubre de 2019, insistiendo en la vieja teoría del mal menor (y poco faltó para que despercudieran a Camilo Escalona diciendo que la Asamblea Constituyente era cosa de fumadores de opio).

Luego, durante el primer semestre del 2020, nos vimos enfrentados a una pandemia global que, en el caso de Chile, volvió a mostrar la violencia y desigualdad del modelo neoliberal. Pero también esta pandemia ha mostrado la centralidad y potencia que las comunidades locales, en sus territorios, han desplegado para resistir colectivamente los embates de esta crisis y hacer frente a las políticas criminales del gobierno y la pasividad de los otros poderes del Estado. Los territorios fueron el motor del 18-O, y hoy son la clave para que la ciudadanía, los pueblos y las organizaciones sociales, puedan hacer frente a la crisis económica, sanitaria y ambiental más grande los últimos 40 años.

El proceso de transformaciones sociales iniciado en octubre 2019 aún está en curso: no se agota en el plebiscito de octubre de 2020, ni se limita a los términos del acuerdo impuesto por el poder constituido, pues lo que puso de manifiesto la movilización social es que la voluntad de transformación social hoy encuentra su principal resistencia en el propio régimen del poder constituido y sus formas autoritarias de organización, y su principal impulso en las comunidades y territorios que construyen y se dotan de formas creativas de organización en base a la solidaridad y la autonomía.

Para decirlo con claridad: lo que nos jugamos es la posibilidad de construir un Nuevo Chile, y para esto requerimos de una Constitución hecha en democracia y una democracia hecha Constitución, que se ponga al servicio de los procesos de transformaciones sociales en curso, algo que sólo es posible mediante la participación protagónica y con capacidad de decisión de las comunidades y pueblos que abrieron este camino, respetando su independencia y particularidades. Esto implica proponer sin medias tintas la posibilidad de elegir entre las Convenciones Constitucional, Mixta y una Asamblea Constituyente.

A casi un mes del plebiscito, sin sesgos ni temores, vale la pena preguntarse: ¿existe mecanismo más democrático que la Asamblea Constituyente?

Considerando, entonces, que las limitaciones para avanzar en un proceso constituyente provienen justamente del Acuerdo del 15-N, ¿no vendría siendo hora de revisarlo, y que el acuerdo se ponga en sintonía con la ciudadanía? Desde sus propios intereses, la derecha viene hablando sin tapujos de algunas alternativas. Por el lado de la oposición, esta parece seguir presa del miedo a la derecha, a las elecciones y al gobierno, y sigue mirando con desdén y desconfianza a ese Chile despierto. Pareciera que la oposición parlamentaria se quedó pegada el 17 de octubre, en ese Chile en la medida de lo posible, que los pueblos y comunidades ya dejamos atrás.

Seguiremos participando activamente del proceso de transformaciones sociales en curso, sabemos que es un camino largo: sin miedo lo recorreremos y lo ensancharemos, articulándonos desde los territorios. Aprobaremos una nueva Constitución, junto a pueblos y comunidades seguiremos impulsando un proceso constituyente que nos permita cambiar Chile y avanzar por los caminos de la transformación democrática.

Constanza Lizana
Abogada. Vive en San Antonio.
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