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Opinión

La ilegitimidad de prohibir el voto a los Covid positivos

Por: Carolina Carreño / Publicado: 23.09.2020
La ilegitimidad de prohibir el voto a los Covid positivos El Plebiscito se reagendó para el 25 de octubre /
La postura del Servel nos parece del todo errada, ya que mayor discriminación sufren actualmente los pacientes Covid que estarían siendo restringidos de su derecho a sufragio y más daño producirá la medida a las personas sanas que concurran ese día a votar si no existe ningún medio de identificar a los pacientes Covid.

A menos un mes para la concreción del plebiscito por una nueva Constitución, ha salido a la luz un amplio debate en torno a la eventual problemática de concurrir a votar y los riesgos que ello pudiera conllevar debido al Covid-19, enfermedad que aún mantiene niveles importantes en nuestro país, tanto de contagiados como de fallecidos y cuya vacuna definitiva se encuentra aún lejos de ser distribuida. Entonces, el derecho-deber cívico de los pacientes con Covid-19 positivo de concurrir a las urnas el próximo 25 de octubre se estaría viendo enfrentado con el derecho a la vida (así como a la integridad física y síquica y el derecho a la salud), si al salir de casa y desplazarse a sufragar se pone en riesgo la vida de los votantes y los vocales de mesa, produciéndose una eventual colisión de derechos. Si en un caso hipotético (o quizás no tanto) ese día usted toma su carnet de identidad y concurre a su local de votación y en la entrada lo detiene un militar o un funcionario del Servel y le toma la temperatura y el resultado es que presenta fiebre, ¿lo puede enviar de vuelta a su casa, o notificar para que le hagan un examen inmediato e impedirle que vote?

La fecha del 25 de octubre ya es oficial en nuestro país: corresponde al día re-agendado para el Plebiscito Nacional que inicialmente era el 26 de abril y cuyo cambio fue motivado por la pandemia mundial del Covid-19. Pero Chile no es el único país que ha debido tomar medidas electorales ante la expansión de la pandemia. Un análisis realizado por Servicio Electoral (Servel) estableció que 34 países en el mundo tomaron medidas similares, aplazando elecciones nacionales y locales para evitar aglomeraciones de electores en los locales de votación y así contribuir con el aislamiento social, evitando, a su vez, poner en riesgo la participación electoral. El análisis determinó que 36 elecciones han sido postergadas hasta el momento a nivel mundial, y que tales decisiones fueron adoptadas con un promedio de 1.531 casos confirmados de Covid-19. Siria ha sido el único país que tomó la medida sin que influyera en ello la masividad del contagio, mientras que Irán esperó una cifra cercana a los 15 mil pacientes positivos para adoptarla.

La observación constató, además, que diversos países no tienen una fecha definida para llevar a cabo sus elecciones, ya que la pandemia ha creado una incertidumbre que hace, para ciertas naciones, impredecible fijar una normalidad política. A su vez, destacó que los que sí han decidido realizar alguno de sus comicios implementaron medidas de prevención. Israel, por ejemplo, instaló láminas de plástico en sus mesas de sufragio y obligó a usar trajes protectores a sus funcionarios electorales y votantes. En Corea del Sur, los pacientes podrán votar durante las elecciones parlamentarias del 15 de abril desde el hogar y los hospitales; además, la Comisión Electoral Nacional está preparando un código de conducta para que los ciudadanos participen en la votación como un lavado de mano antes de acudir a la mesa y se mantenga una distancia de un metro entre electores. En Estados Unidos (Maryland), el Organismo de Gestión Electoral (EMB) se planeó la votación por correo únicamente en respuesta a Covid-19. Alemania, por su parte, ofreció la votación en persona en los colegios electorales y la votación por correo, y en Nueva Zelanda el director del Organismo Electoral de ese país destacó métodos de votación alternativos y comunicó claramente el marco legal para un posible cambio en la fecha de las elecciones.

En nuestro país, el Servel confirmó a principios de septiembre que las personas con Covid positivo no podrán votar en el plebiscito, pero no ofreció otros mecanismos alternativos, pese a algunas propuestas que habían sido planteadas tanto por su director, Patricio Santa María, como también por parlamentarios de la oposición. Entre sus argumentos, el servicio señaló que no era posible a estas alturas improvisar o buscar algún mecanismo distinto al que existe hoy y que la Constitución exige que el voto sea personal, secreto y presencial. Pero destacó que se había logrado un acuerdo que con el Presidente de la República para asumir una renovación del servicio que implica precisamente establecer mecanismos de votación diferentes al mecanismo presencial considerando el voto anticipado, el voto domiciliario y el voto postal, aunque no se señaló fecha para esa renovación. Por otra parte, el Servel ha sido tenazmente opositor al voto por correo y al voto por internet, sentenciando que “en Chile, la Constitución establece que el voto es secreto, y el voto postal no lo es”, y que para instaurarlo habría que modificar la Constitución, tema que deberían tratar los poderes colegisladores.

Con todo, el Ministerio de Salud le había propuesto tiempo atrás una alternativa al Servel para que habilitara mesas segregadas sólo para los contagiados diferenciándolas del resto y establecer accesos separados, sin embargo, el servicio lo consideró impracticable por al menos tres razones. Una, sería imposible confeccionar a tiempo un padrón aparte sólo para los casos activos, que además ya llegaría tarde y desfasado a todos los locales. Dos, los contagiados quedarían automáticamente identificados, pasando a llevar su privacidad como pacientes. Y tres, eso arriesgaría incidentes o episodios de discriminación. Instalar señalética especial acarrearía el mismo problema. En tales condiciones, tanto los entendidos en el proceso como en el Servel anticipan que el 25 de octubre es bien probable que nadie sepa ahí mismo quiénes de los que están votando se encuentran contagiados.

Curiosamente, unas semanas antes de aquellas declaraciones, el Servel sí había mostrado intenciones de abrir un espacio para que personas con Covid positivo pudiesen inscribirse, renunciando al secreto que le da la ley de derechos y deberes del paciente para que el servicio pudiera identificarlos y así armar un padrón especial. Lo anterior por cuanto –en ese momento–, a  juicio de su director, la entidad tenía “como obligación buscar un sistema para que participen las personas Covid positivas”. Sus dichos se circunscriben en respuesta a las declaraciones del ministro de Salud quien –insistimos: en ese momento– a título personal había señalado que los contagiados “no deberían ir a votar” porque podría provocar “susto” y «bajar la participación”, lo que ya habían sido refutados por analistas que recalcaron que “la autoridad debe garantizar derechos, no suprimirlos”; y le recordaron que el Servel tenía en sus manos una propuesta de organizaciones como el Colmed, Chile 21 y Espacio Público que proponía el «voto anticipado por correo postal para casos y contactos aislados por Covid-19″. El ministro del Interior zanjó el tema declarando inviable la posibilidad, aunque abrió la propuesta para abril porque “ahí sí habría más tiempo para discutir un proyecto de ley que reformara la actual legislación”.

Con todo, quien fue designado como el “encargado del plebiscito” (por medio de la ley N° 21.257), ya presentó su “Protocolo Sanitario para un Plebiscito Nacional 2020 Más Seguro”, realizado en acuerdo con el Ministerio de Salud, y que contó con la opinión técnica de la Organización Panamericana de la Salud / OMS, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Sociedad Chilena de Infectología, la Sociedad Chilena de Epidemiología, la Cruz Roja de Chile y la Oficina Nacional de Emergencia. El documento, que en ninguna de sus 29 páginas se refiere a la posibilidad del voto de los pacientes con Covid positivo, entrega cada una de las medidas adoptadas para evitar el riesgo de contagio del Covid-19, detallando los elementos de protección con que contarán los vocales de las mesas receptoras de sufragios, cuyas nóminas serán dadas a conocer el 3 de octubre. Para los vocales de mesa se dispondrá de kits sanitarios con mascarillas KN95 (dos para cada vocal), escudos faciales, alcohol en gel al 70% para vocales de mesa y electores, desinfectantes a base de alcohol o cloro para limpieza de superficies y cámara secreta aplicado mediante un rociador, de conformidad al protocolo dictado por la autoridad sanitaria, toallas húmedas con alcohol al 70%, cloro o amonio cuaternario, toallas de papel o servilletas, guantes de nitrilo para el conteo de votos, junto con determinar aforos máximos por locales de votación, demarcación de distancia, señalética infográfica sobre las medidas sanitarias así como la conducta exigida para los votantes y los horarios de votación. Destaca el aumento de la cantidad de locales de votación a 2.715 a lo largo del país, un 25,9% más que en las elecciones de 2017 para asegurar el distanciamiento físico. Incluso, se han planteado nuevas medidas para asegurar que los vocales no tengan temor a participar; entre ellas, el hecho de realizarles un examen PCR antes de los comicios y otro después y de aumentar el bono que el Estado les paga por la labor realizada.

Desde el Parlamento, la presidenta de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, Joanna Pérez (DC), y la diputada de esa instancia Karin Luck (RN), manifestaron su disposición a conversar nuevas medidas sobre esta materia, pero advirtieron que si estos irrogan gasto fiscal, dependen exclusivamente del gobierno y que si se va a aumentar el aporte para los vocales tendría que pasar por acá, pero indicaron que “estamos a tiempo todavía». Advirtieron que todos esos temas fueron abordados cuando discutieron el voto obligatorio, de generar incentivos, pero el gobierno “no tiene voluntad de innovar en estas materias, porque dice que estamos muy encima. Los alcaldes sí, pero no creo que el gobierno esté en esa idea». Para el director de Chile Transparente no hay falta de tiempo, sino que falta de voluntad política: del gobierno, de la oposición y del propio Servel. Recordemos, por lo pronto, que Evópolis fue blanco de críticas cuando uno de sus representantes, Luciano Cruz-Coke, expresó que le parecía tremendo que contagiados puedan ir a votar.

Como sabemos en el artículo 19, N° 1, la Constitución asegura a todas las personas: el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de la persona. Por su parte, el derecho a sufragio se consagra, entre otros, en el artículo 10°, referido a la ciudadanía, la cual otorga los derechos de sufragio. Luego, más allá de qué dice la doctrina y la jurisprudencia acerca de la resolución de conflictos entre derechos, para el abogado constitucionalista Gastón Gómez es evidente que “nadie puede ser impedido de votar”, aunque para algunos esa claridad granítica podría entrar en debate ante otro supuesto del mismo ejemplo: que, al llegar, el votante ya tenga a cuestas un examen PCR positivo. En ese escenario, para el constitucionalista Patricio Zapata “podría haber una colisión de derechos interesantes, entre el derecho a sufragio y el del derecho de las demás personas a no exponerse a una posibilidad real, objetiva de contagio. No del miedo en genérico. No digo que no tengan que votar, sino que hay que resolverlo con tiempo”.

A simple vista, pareciera que no existe falta de recursos en esta votación. De modo que, si existe la disponibilidad de un kit completo de sanitización, infografías y el aumento de locales de votación, llama la atención que, como en los países que comentamos más arriba, no se hubieran dispuesto láminas de plástico en las mesas de sufragio o trajes protectores a los funcionarios electorales y votantes. Y, en especial, que no se acogiera la iniciativa de establecer zonas específicas para votación de pacientes Covid, máxime si fue una propuesta del propio Minsal, y que tanto éste como el Servel prohibieran las votaciones de los pacientes Covid positivos pero que a su vez no exista ninguna reglamentación, protocolo o normativa destinada a exigir la identificación a estos pacientes. Debiera entenderse entonces que el Ejecutivo está apelando a la buena fe de los votantes infectados para que no asistan a votar ese día. Es una postura arriesgada, por decir lo menos, ya que no son bajas las probabilidades de personas contagiadas que, a falta de fiscalización y motivadas por tan importante evento, concurran a votar ese día, sumado al inevitable aumento de casos que acarreará las recientemente finalizadas fiestas patrias. En ese sentido, el gobierno debería prever todas estas circunstancias y proteger la salud tanto de los votantes como de los vocales y destinar zonas y mesas específicas para sufragios de votantes con Covid-19. La postura del Servel nos parece del todo errada, ya que mayor discriminación sufren actualmente los pacientes Covid que estarían siendo restringidos de su derecho a sufragio y más daño producirá la medida a las personas sanas que concurran ese día a votar si no existe ningún medio de identificar a los pacientes Covid. Es de esperarse que aquella falta de reglamentación específica para estos casos motive la mezcla entre pacientes Covid y no Covid y un aumento muy importante de contagios.

Coincidimos con Zapata, quien advierte que “si quieres que haya una elección, si quieres que haya una alta participación, te pondrás en modo de arreglar estos problemas. Si, en cambio, estás en la estrategia de instalar sospechas, dudas y miedo, te pondrás en modo que cunda el pánico”. Las medidas del Servel y del Minsal apuntan por ahora a que la intención no es precisamente conseguir el primer objetivo. Pero creemos que aún estamos a tiempo de remediarlas, sólo falta voluntad política.

Carolina Carreño
Abogada. Directora del Depto. Jurídico y de DDHH de la Fundación Equidad.
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