Violencia de Estado pone en serios problemas al ministro de Defensa de Colombia

Los recientes abusos de la Policía y del Ejército contra civiles tienen complicado al ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. De hecho, representantes de diversos sectores políticos están pidiendo su renuncia.

El ministro que lleva diez meses en el cargo tras una carrera dedicada principalmente a la diplomacia en la que incluso fue el primer canciller del presidente Iván Duque, asumió una postura más radical que sus antecesores ante las protestas callejeras. Esta actitud es, justamente, la que lo tiene en entredicho.

Uno de sus principales críticos es el senador Jorge Robledo, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo. El parlamentario considera que Trujillo es «indigno» de ocupar el cargo y lo acusa de «mentir» y «engañar» al Senado para permitir la presencia en el país de miembros de una brigada militar estadounidense de lucha contra el narcotráfico, de tolerar excesos de militares y policías y de desobedecer sentencias judiciales.

«Necesitamos que el presidente Duque saque a Holmes Trujillo de ahí. Le están haciendo un daño inmenso al país», dijo a Efe Robledo. Y agregó «que aquí hay problemas gravísimos y así lo entiende la comunidad internacional».

Violencia policial y militar

La gota que rebasó el vaso fue la brutalidad policial que el 9 de septiembre causó la muerte en Bogotá de Javier Ordóñez, de 46 años, lo que desencadenó protestas que dejaron 13 muertos, supuestamente por disparos de uniformados.

A este fatídico episodio se suma el asesinato este jueves de Juliana Giraldo, una mujer que se movilizaba con otras tres personas en un automóvil atacado a tiros por un soldado del Ejército en el Cauca (suroeste).

Según el senador, Colombia necesita que la Policía opere de otra manera. Que «funcione como funciona en los países civilizados, donde el ciudadano y el que protesta no es un enemigo que puede ser bloqueado, sino que es un ciudadano que está con un derecho constitucional y legal que debe ejercerlo», dijo.

El ministro, que además es abogado, apeló a una artimaña para responder a una orden que le dio el martes la Corte Suprema de Justicia, al fallar una acción de tutela, para que se disculpe «por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019» en la que el bachiller Dilan Cruz murió por un disparo de escopeta de un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) en Bogotá.

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Trujillo argumentó este jueves, poco antes de expirar el plazo de 48 horas que le dio la Corte Suprema, que el 11 de septiembre había pedido perdón «por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución».

Esa declaración ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones, generándole una nueva escalada de críticas de diversos sectores que consideran que no responde a la orden que le dio la Corte Suprema, lo que constituye un desacato a la justicia en un país con separación de poderes.

Debate de moción de censura

Varios senadores de oposición pidieron un debate de moción de censura en contra del ministro por la violencia policial, cuya fecha está por definirse. Adicionalmente, denunciaron a Trujillo ante la Procuraduría (Ministerio Público) para que ordene su destitución.

El ministro se defiende asegurando que las actuaciones policiales están ceñidas a la ley y que cuando se ha recurrido a la fuerza en las protestas, ha sido para controlar acciones vandálicas.

El deber del Gobierno es garantizar ejercicio del derecho que tienen colombianos a manifestarse pacífica y democráticamente , y ejercer la autoridad legítima del Estado para garantizar dicho derecho y ejercicio cuando es amenazado por el vandalismo, la violencia y el terrorismo

— Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) September 25, 2020

Según argumenta, estas son promovidas por grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

«El deber del gobierno es garantizar (el) ejercicio del derecho que tienen (los) colombianos a manifestarse pacífica y democráticamente y ejercer la autoridad legítima del Estado para garantizar dicho derecho y ejercicio cuando es amenazado por el vandalismo, la violencia y el terrorismo», dijo en su cuenta de Twitter.

Investigaciones en curso por diversos casos de violencia en Colombia

Mientras el pulso del ministro de Defensa con parte del Congreso y de la sociedad sigue, los organismos de control tratan de establecer responsabilidades en el caso de la joven asesinada este jueves por un soldado.

La Procuraduría inició este viernes una indagación preliminar «por la muerte de la ciudadana Juliana Giraldo Díaz, durante un procedimiento realizado por unidades adscritas al Batallón de Alta Montaña No. 8 José María Vezga», informó la entidad.

Antes de ese pronunciamiento, el ministro de Defensa había asegurado que «el personal involucrado en el hecho, (…) será separado de sus funciones y ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes para las acciones que en derecho correspondan».

La Fiscalía también abrió una investigación con enfoque de género en este caso para determinar si su condición de transexual fue relevante en los hechos y que, independientemente de ello, se respete integralmente la identidad de Giraldo en la investigación.

«Los últimos acontecimientos marcados por el vil asesinato de Juliana, evidencian la necesidad de cambios drásticos en los comportamientos de algunos miembros de la fuerza pública», dijo por su parte el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El funcionario exhortó además «al Ejército nacional para que colabore con la investigación con absoluta transparencia» de manera que se pueda hacer justicia.