Contra el Registro Social de Hogares: más derechos, menos beneficios

Frente al rebrote de nuevos contagios en vísperas del plebiscito, el Estado debiese pensar cómo afrontará el rebrote de la pobreza que acompaña la cuarentena que viven las familias. La pésima gestión del gobierno respecto a la entrega de beneficios sociales tiene su falla en la repartición de estos, amparados por el Registro Social de Hogares (RSH). Tanto subsidios como bonos se amparan en este instrumento que vino a reemplazar a la ex Ficha CAS, estratificando a la población en tramos de vulnerabilidad, pero que en la práctica no refleja su verdadera realidad.

Pablo Gutiérrez explica muy bien los problemas metodológicos y prácticos del RSH y el Índice Socioeconómico de Emergencia a través de la ejemplificación de una familia que enfrenta la pandemia con 250 mil pesos mensuales y sin acceso a los beneficios del Estado. Gutiérrez declara que “existe un problema de improvisación pues para la elección del Ingreso Familiar de Emergencia se impuso una metodología nueva: el Indicador Socioeconómico de Emergencia […] sin embargo, debe probarse una metodología nueva para medir lo que se desea y, siendo racionales, no hubo tiempo para medir la efectividad del indicador” (https://ciperchile.cl/2020/07/03/los-graves-problemas-metodologicos-y-practicos-en-el-ingreso-familiar-de-emergencia/).

Pero, además de lo metodológico y práctico, ¿por qué el Registro de Hogares y similares son deficientes? Primero, porque las dimensiones de análisis de los instrumentos son mínimas. El RSH sólo contempla la sumatoria de los ingresos y características socioeconómicas de los integrantes del núcleo familiar, además de contemplar la inscripción de familiares en el Instituto de Discapacidad y problemas renales. Dimensiones bastante escuetas para medir la vulnerabilidad de la población. Aspectos como la deuda universitaria, campo y mercado laboral de profesionales, gastos de arriendo, transporte quedan invisibilizados del análisis estatal. Incluso, los gastos en salud y medicamentos por enfermedades no son contemplados para medir los gastos reales de una familia. Peor es que estos aspectos son fundamentales para entender la vulnerabilidad y la precarización de la vida en familias mayormente desfavorecidas.

Segundo, bajo el paradigma de “pobreza económica” con el cual se elabora el RSH se elimina la pobreza como concepto tras la invisibilización de los aspectos que precarizan la vida, como se mencionó anteriormente. No existen pobres: sólo un 40% más vulnerable en el país. Es decir, vivir en un campamento sin agua y baño es igual a vivir de allegado en una vivienda social. En este sentido, la vulnerabilidad es entendida como un espacio de inestabilidad socioeconómica pudiendo superarse a cualquier cambio. Un enfoque “meritocrático” muy peculiar en nuestra sociedad.

En el caso de los bonos entregados por el gobierno, los núcleos familiares deben estar, al menos, en el 60% más vulnerable según el RSH, principalmente en temas de vivienda. Calzar en este tramo es un desafío complejo que enfrentan las familias ya que argumentan que sus porcentajes no les representan y que, si no hubiese sido por la pandemia, muchas familias que están optando a la vivienda no hubiesen podido postular.

La situación es más evidente, ya que para el subsidio de arriendo impulsado por MINVU piden como requisitos pertenecer hasta el 70% más vulnerable, ahorro mínimo de 4 UF ($ 114.736) en la libreta de ahorro para la vivienda y no recibir otro beneficio habitacional del MINVU. En un contexto pandémico con suspensión de sueldos y cesantía, las cuentas de ahorro fueron las primeras en ser vaciadas, pero más preocupante aún es el estrés que sufre una familia que debe elegir entre postular a la vivienda definitiva y allegarse o postular al subsidio de arriendo para asegurar el techo y posponer la vivienda para el futuro. Sin dudas, un sistema violento.

Entonces, ¿qué hacer para medir y afrontar la pobreza y vulnerabilidad de la población y cuál sería el rol del Estado? Más, frente a un proceso de cambio de Constitución. Claramente, lo primero es cambiar el enfoque de “pobreza económica” a “multidimensionalidad de la pobreza”, ojalá con un enfoque ecocomunitario. La pandemia evidenció las fallas del instrumento, que ya eran evidentes previo al Covid. Seguir mejorando el instrumento sin alterar el enfoque significa seguir dando vueltas en círculos.

El Estado, como responsable de la medición y prevención de la pobreza y vulnerabilidad, fracasó. El RSH y sus derivados no cumplen las expectativas y los datos tampoco han sido utilizados para elaborar políticas públicas que prevengan la pobreza, sino al contrario. El Estado debe garantizar derechos sociales en la nueva constitución. Los derechos no pueden ser reemplazados por beneficios sociales.

La estrategia estatal de homogeneizar las problemáticas socioeconómicas de los territorios también fracasó. Los territorios y sus particularidades presentan sus propias problemáticas y debiesen ser los encargados de medir y enfrentar su vulnerabilidad dándole énfasis a las dimensiones que más les aquejan. En este sentido, las municipalidades en colaboración con organizaciones territoriales debiesen encargarse de construir un instrumento que les permita enfrentar sus problemáticas y avanzar hacia hábitat sustentables.

Por consiguiente, el Estado debiese analizar la multidimensionalidad de la pobreza que existe a lo largo del país. Por un lado, entregando facultades y recursos a las municipalidades para enfrentar eficaz y eficientemente las problemáticas de sus territorios. Y, por otro, generar una estratificación de problemáticas a nivel nacional para ejecutar políticas públicas para superar la pobreza y vulnerabilidad, reduciendo la extensa brecha social que segrega.

Ya es momento de soltar el Estado fuerte y centralizado que promovía Portales y que tanto se han empeñado en defender. Lo que la población pide desde el 18 de octubre del 2019 es la autonomía territorial para garantizar el buen vivir a través de la participación ciudadana y la solución a sus problemas.