El presidente del gremio, Mario Aguilar. | Fuente: Agencia Uno (archivo).
El presidente del magisterio comenta el acelerado plan de regreso a la actividad presencial en las aulas impulsado por el Ejecutivo, una estrategia frente a la que no descartan responder a través de tribunales. «Estamos analizándolo. Es una posibilidad si el gobierno insiste en poner en riesgo la salud de la población escolar, no lo podemos descartar. Ojalá que no, ojalá que el gobierno entre en sensatez», asegura transparentando la expectativa del gremio que lidera.
Durante las últimas semanas, la opinión pública ha tomado conocimiento del impuso del Ejecutivo para reabrir los colegios en plena pandemia, una situación que ha redundado en el anuncio del regreso a la actividad presencial de algunos recintos de la región Metropolitana, lo que mantiene al Colegio de Profesores, y a su presidente, Mario Aguilar, muy preocupados.
Respecto del tema, el profesional conversó con El Desconcierto, aclarando algunos aspectos sobre el panorama real en relación a las expectativas del Ejecutivo. «Esto ha sido una campaña comunicacional, más que una realidad. Por ejemplo, en (un) colegio de Pelarco el ministro de Educación fue el viernes e hizo toda una parafernalia y un show de que se reabrían los colegios», cuenta aludiendo a Raúl Figueroa.
«Ayer (martes) se abrió el colegio donde fue el ministro y de 284 alumnos, asistieron cinco. Eso es lo real, ese es el real retorno del que está hablando él y el gobierno. Es mucho más una campaña comunicacional que una realidad», agrega.
Acto seguido, Aguilar entrega detalles acerca de la cuestionada estrategia de retorno. «Los 50 colegios que han solicitado retornar en la región Metropolitana, representan menos del 1%. Son alrededor de 5.000 colegios en la región Metropolitana, cerca de 11.500 en el país. Hay ciento y tantas solicitudes en el país, hablamos del 1%», puntualiza el dirigente.
Y enfatiza en que «la gran mayoría de las comunidades escolares y de los sostenedores, el 99% tiene la sensatez de entender que no están las condiciones para un retorno a clases presenciales al colegio, que es de muy alto riesgo».
En este sentido, Aguilar apunta a que «Chile no tiene aún controlada la pandemia, estamos todavía con tasas altísimas de contagios, cerca de los 100 contagios por millón de habitantes al día. Y en los países europeos que han retornado a clases, muy cautelosamente y con muchas medidas que aquí estamos lejos aún de poder implementar, lo hicieron cuando estaban en el rango de los 20 contagios por millón de habitantes», asegura.
Adicionalmente, alude a una proyección que se ha escuchado de manera insistente en diversos ámbitos. «Todos los especialistas dicen que es altamente probable que venga una segunda ola en Chile, entre octubre y noviembre, por lo tanto nos parece de altísimo riesgo que se pudiera pensar en un retorno masivo a los colegios».
Afortunadamente, cuenta, «los apoderados, con mucha sensatez y sentido común se han percatado de que estas condiciones no existen. No confían en el gobierno. No confían en las palabras del ministro», agrega luego.
Al respecto, es claro en relevar la intención de los docentes de retornar a la actividad presencial al interior de las aulas. «Por supuesto que queremos volver. ¿Cómo no vamos a querer volver si estamos trabajando el doble o el triple? Y en condiciones muy difíciles, como es todo este trabajo de formato a distancia, pero obviamente se tiene que volver cuando estén las condiciones, cuando exista seguridad para las personas, para nuestros niños, niñas y adolescentes. De eso estamos muy lejos», advierte.
Posteriormente, pone sobre la mesa otra arista de particular importancia para garantizar un retorno a los establecimientos educacionales. «En los colegios no se han implementado las medidas, los separadores, los baños, tampoco hay presupuesto para implementar todo lo que se requiere», asegura.
Para Aguilar, de hecho, es evidente el ejercicio desde La Moneda para impulsar la reapertura de los colegios. «Ayer salió casi todo el gabinete, el ministro Briones sincerando que, en realidad, la motivación del gobierno para forzar este retorno tiene que ver con cuestiones económicas y no con preocupaciones genuinamente educacionales. Lo mismo la ministra del Trabajo (María José Zaldívar) y el ministro Bellolio», asegura.
Y alude a una operación puntual. «Aquí hay un aparataje comunicacional que responde a las presiones empresariales para forzar un retorno a clases. Pero David, que somos la parte débil, las comunidades escolares, se da cuenta de que esto es una amenaza de Goliat y, por lo tanto, nos defendemos», agrega Aguilar.
El presidente del magisterio apunta también a la actitud del Ejecutivo, acusando a este sector de cierta desidia al respecto. «Es muy lamentable esta falta de sensibilidad del gobierno, pero creo que la gente y las comunidades escolares tienen claro que no están las condiciones, en el corto plazo, para un retorno a clases», dice.
Consultado respecto de los seguros escolares y su cobertura en la eventualidad de que algún alumno se contagie de COVID-19, Aguilar apunta a que este es un «grave problema, porque efectivamente el seguro escolar no rige para los casos de niños, niñas y adolescentes estudiantes con contagio de Covid. Sólo cubre accidentes», aclara.
Para Aguilar se trata de una situación no menor. «Esto nos parece muy grave, porque obviamente al retornar a clases, el riesgo de contagio es alto y un tratamiento que no esté cubierto por algún tipo de seguro puede costar carísimo», dice.
«Están (claras) las condiciones sanitarias por las cuales no se desde volver a clases en estas circunstancias en las que aún no hay seguridad, pero además está el tema de que no hay cobertura ninguna que dé protección en el caso de algún niño, niña o estudiante se contagie», asegura luego.
En relación a los últimos hechos, que apuntan a un académico con coronavirus en un colegio de Pelarco, Aguilar dice que «trataron de bajarle el perfil, no sé si de ocultar, pero no lo estaban difundiendo. Sin embargo, la misma comunidad de Pelarco lo hizo público (…) Efectivamente, hay una profesora contagiada y eso demuestra que el riesgo que se corre es alto», comenta preocupado.
Y entrega una poco auspiciosa proyección. «Un contagio en un colegio puede entregar una propagación del virus muy importante, porque por más que se tomen medidas, evidentemente eliminar el contacto de manera absoluta es imposible. No se puede simplemente», destaca apuntando a la cotidianidad que se vive al interior de los establecimientos educacionales.
«Si un niño se cae, si tiene un accidente de cualquier tipo, obviamente hay que entrar en contacto físico con él. Y en muchas circunstancias escolares, eliminar el contacto físico es imposible de soslayar», recalca.
E insiste en que la postura del magisterio no es antojadiza y que, muy por el contrario, tiene un sustento real. «Esto es evidencia, como la situación que se generó en Coyhaique, donde tuvieron que cerrar nuevamente jardines infantiles que ya habían abierto. Todo muestra que es de alto riesgo y no se entiende el empecinamiento de gobierno», agrega.
Por último, cuando le consultamos si han considerado entablar alguna acción legal para proteger a la comunidad escolar frente a la arremetida del Ejecutivo para reabrir definitivamente los colegios, Aguilar admite que esta es una alternativa que se baraja.
«No se puede descartar, estamos analizándolo. Es una posibilidad si el gobierno insiste en poner en riesgo la salud de la población escolar, por supuesto que no lo podemos descartar. Ojalá que no, ojalá que el gobierno entre en sensatez», asegura transparentando la expectativa del gremio que lidera.
«Ojalá se dé cuenta de que no puede imponer condiciones. No pueden imponerle a la gente algo que no quiere, algo en lo que no tienen confianza, porque no tienen seguridad», es su certeza.
Paralelamente, Aguilar aclara que la presión para regresar a los establecimientos es importante. «Aunque en lo formal señalan que es voluntario, los casos de las comunas donde esto se ha ido desarrollando, muestran que tal voluntariedad es sólo nominal y que en los hechos se va generando una situación donde la gente se va viendo forzada», asegura acerca de lo que ocurre en algunos colegios.
Afortunadamente, en todo caso, la convocatoria no ha concitado mayor adhesión. «Pero la gente no lo está aceptando. Entonces, no descartaría (una acción judicial), estamos hablando de la salud y la vida de la gente», releva.
«Esperaría que el gobierno entrara en un mínimo de sensatez y también que los sostenedores se den cuenta de que asumen una tremenda responsabilidad. Tanto alcaldes como sostenedores», asegura.
Aguilar concluye que «si llega a ocurrir un hecho grave en algún colegio, ellos van a ser responsables, por lo tanto espero y apelo a que tengan esa sensatez que el gobierno no está teniendo», concluye.
