Derecho a la Comunicación en la Constitución, carta abierta para Chile

La crisis de representatividad que enfrentan los medios de comunicación no es nueva y se agudizó tras el estallido social y la pandemia. La televisión y prensa escrita tradicional no representan al interés público en su amplia dimensión y más bien buscan proteger intereses particulares, corporativos y patriarcales.

Es en ese contexto que, como Bloque por el Derecho a la Comunicación, buscamos debatir sobre esta problemática y erradicar ciertas prácticas editoriales instaladas que nos preocupan y que se deben revisar con urgencia. Los medios se han acostumbrado a hacernos ver al país desde un solo enfoque, evitando recoger las visiones críticas de la sociedad. Esto ha llevado a construir pautas informativas poco representativas de lo que es Chile, de sus colectivos y diversas formas de expresión de ciudadanos y ciudadanas, socavando así el pluralismo y afectando los contenidos.

Este diagnóstico es antiguo y sabemos el enorme impacto que las decisiones editoriales tienen en las personas. Es por ello que entendemos el Derecho a la Comunicación como la comprensión más amplia, establecida por el sistema internacional de derechos humanos, sobre garantías asociadas a la comunicación. Se trata de la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información, comprendiendo el derecho de todas las personas no solo a buscar y recibir información plural, sino también a difundirla por cualquier medio de expresión sin discriminaciones ni sujeción a limitaciones económicas, ideológicas o culturales.

“Corresponde al Estado impulsar el pluralismo al mayor grado posible, para así lograr un equilibrio en la participación de las distintas informaciones en el debate público, y también para proteger los derechos humanos de quienes enfrentan el poder de los medios», dice al respecto el informe del CIDH, de 2010.

Una de las principales formas de tener una ciudadanía crítica y opinante, es a través de contenidos pluriculturales, descentralizados y locales, con enfoque de derechos humanos, interseccional, feminista y de género. Aquello, hoy no sucede en la mayoría de los medios de comunicación. Parte de lo anterior, responde a los niveles de concentración de la industria medial.

Creemos que el Derecho a la Comunicación debe consagrarse a nivel constitucional. A la vez, esperamos que se garantice la regulación de medios de comunicación de carácter privado, permitiendo así la creación de un sistema de medios de servicio público, nacional, local y regional, y la generación de condiciones óptimas para el desarrollo y fortalecimiento de medios comunitarios, ratificando el carácter público del espectro radioeléctrico. Hoy emplazamos al Estado para que garantice éste y otros derechos, y a los diversos actores políticos a promover esta necesidad urgente del país para asegurar un entorno mediático libre, plural e independiente, en el contexto de una democracia sana y participativa.

Bloque por el Derecho a la Comunicación.