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Especial Plebiscito: Constitución en clave indígena, plurinacionalidad y la deuda histórica del Estado de Chile

Por: Carlos Jara / Publicado: 05.10.2020
Especial Plebiscito: Constitución en clave indígena, plurinacionalidad y la deuda histórica del Estado de Chile Especial_pueblos_originarios /
Uno de los temas más relevantes que se deberá abordar en la etapa posterior al Plebiscito es la gigantesca deuda que el Estado de Chile tiene con los pueblos indígenas, que ni siquiera están reconocidos a nivel constitucional. Mayores niveles de autonomía, pero con recursos y poder real que los acompañe, reconocimiento y rescate de las culturas que han sufrido genocidio por parte del Estado, y adopción de modelos administrativos que empoderen a las comunidades, son algunos de los temas que en este reportaje, parte del Especial Plebiscito 2020 de El Desconcierto, plantean los propios miembros de algunos los pueblos originarios que habitan el territorio nacional.

A sólo semanas del Plebiscito constitucional, Chile se encuentra ad portas de iniciar un proceso que marcará definitivamente el rumbo de las actuales y futuras generaciones. Nunca antes, en los 210 años de historia del país, todos los chilenos y chilenas habían tenido la oportunidad de ser convocados a una decisión ciudadana y democrática en favor de una nueva Constitución, lo que sumado a una importantísima cantidad de temas que abordar, hará del que se viene uno de los procesos más complejos y desafiantes que ha tenido que enfrentar nuestra población.

En materia indígena, necesariamente se debe comenzar de la base del reconocimiento de los procesos históricos de conflicto, como la «Pacificación de la Araucanía», el genocidio Selk’nam, la anexión de las tierras aymaras, atacameñas y quechuas tras la Guerra del Pacífico, y la incorporación de Isla de Pascua -como el Estado llama a Rapa Nui- a la soberanía del Estado chileno en 1888, lo que da cuenta de que el proceso constituyente que se avecina requerirá de un especial cuidado de los temas referidos a Pueblos Indígenas (PPII).

Hoy, el diagnóstico es crítico. A diferencia de prácticamente todos los países de Latinoamérica, nuestra Constitución no reconoce a los PPII, ni siquiera los menciona.

No te pierdas este miércoles, a las 20.00 horas, un nuevo «Esto prendió, conversaciones sobre un nueva Constitución», en el que hablaremos de pueblos originarios con interesantes invitadas e invitados:

Desde 1990 en adelante, el Congreso rechazó en siete oportunidades la reforma para incorporar el reconocimiento constitucional de los PPII, aunque por otras vías, como al firmar el Convenio 169 de la OTI (2007), y de la Declaración de Naciones Unidas en favor de los derechos de los PPII (2008), Chile se ha mostrado ante la comunidad internacional como un país progresista en este tema.

No obstante, lo cierto es que las deudas en materias de PPII son impresionantes. Sólo a modo de ejemplo, el pueblo Selk’nam ni siquiera es reconocido por la Ley indígena, que reconoce como tales a los Aymara, Atacameños, Diaguitas, Quechuas, Changos, Collas, Rapa Nui, Kawésqar, Yaganes y Mapuche. Por esto, los Selk’nam no tendrán participación asegurada en el proceso constituyente que derive del Plebiscito. El pueblo Chango, por su parte, consiguió este reconocimiento hace tan sólo unas semanas, aunque hasta el cierre de este reportaje, dicha reforma seguía sin ser promulgada por el Ejecutivo. 

Trawün en sector cercano a Curacautín.

Plurinacionalidad y autonomía

Uno de los principales temas que se deberá abordar, es la demanda de grandes sectores de los PPII por declarar al Estado de Chile como un Estado plurinacional. Se trata de una demanda que viene cobrando fuerza hace varios años, y que se relaciona a su vez con las exigencias por mayores niveles de autonomía.

El concepto genera mucho miedo e incertidumbre en algunos sectores, que ven con ojos críticos la iniciativa, ya que asumen que significaría la pérdida de soberanía u autonomía para el Estado chileno.

Sin embargo, dichas ideas distan bastante de la realidad, y países como Bolivia, Ecuador o Rusia (en su caso usan el concepto ‘multinacionalidad’) ya han integrado en sus cartas fundacionales artículos que dan cuenta del origen plurinacional de sus comunidades. En la misma línea, países como Noruega, Canadá, Bélgica y Nueva Zelanda han integrado a los PPII en sus formas de gobierno y estructuras estatales sin que eso haya generado mayores inconvenientes relacionados a la soberanía o a la autonomía.

Pero, ¿qué significa en términos simples? Una definición sería que la plurinacionalidad es una herramienta conceptual, que se utiliza para dar autodeterminación a los pueblos y hacerlos partícipes de las decisiones del Estado, así como reconocer las lenguas propias y las tradiciones de cada etnia, pero sin generar divisiones de estados o países.

Así, en la Constitución de Ecuador, por ejemplo, su artículo 6 habla explícitamente de «nacionalidades» y menciona que «la nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional».

En lo práctico, entonces, el establecimiento de la plurinacionalidad más que otorgar nuevos niveles de autonomía, abre la puerta a que estos temas comiencen a ser discutidos con seriedad, y a que esta demanda comience a ser subsanada.

El espectro de posibilidades «es muy variado porque depende del tipo de negociaciones a las que lleguen los PPII con el Estado. En Canadá, por ejemplo, algunos pueblos quieren tener sus propias Asambleas Legislativas para impulsar leyes para el territorio en ciertas materias, y hay otros que quieren regular la caza y la pesca o aspectos ambientales de los territorios. Entonces, eso depende de las demandas y de las culturas, pero son siempre (autonomías) relativas, nunca amenazan la unidad del Estado, eso es un mito que los conservadores han querido instaurar y que es completamente falso», explicó al respecto el Doctor en Sociología y académico de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo.

En esa línea, Millaleo complementó refiriéndose a casos donde no se menciona la plurinacionalidad, como el de Estados Unidos -donde hasta hace algunos años existía el modelo de las «reservas indígenas»- pero aún así se ha logrado otorgar niveles relativos de autodeterminación.

En Estados Unidos «ha habido una evolución histórica, han reconocido que la autodeterminación interna de los PPII involucra que tengan regímenes autonómicos, y de hecho (las reservas indígenas) se llaman ahora autogobierno. Más aún, allá los pueblos nativos americanos tienen hasta su propia Constitución, y esto no es en absoluto hablar de un Estado dentro de otro Estado, es hablar de autonomías relativas. Y eso funciona en países ultra capitalistas como Estados Unidos. En esos países nunca se le ha tenido miedo a discutir estos temas como en Chile», agregó Millaleo.

En el caso de Chile, al variado espectro de fórmulas para entregar mayores niveles de autonomía se suma al variado espectro de PPII, los cuales tienen una población de: Aymara (156.754 habitantes), Diaguitas (88.474), Quechua (33.868), Atacameños (30.369), Mapuche (1.754.547), Colla (20.744), Rapa Nui (9.399), Kawésqar (3.448) y Yagán (1.600), según lo reconocido por el Estado.

Estos, constituyen 12,8% del total de la población del país, según el Censo 2017, y dada su compleja constitución social y organizacional, no se unen necesariamente bajo una misma idea.

De hecho, dentro del mismo pueblo Mapuche existen distintas concepciones sobre cuáles deben ser las metas colectivas, siendo la opción del «Control Territorial«, encabezada por organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Aukiñ Wallmapu Ngulam y Aukan Wichan Mapu, la principal alternativa a la de la plurinacionalidad. Su propuesta es de un orden más independentista, y sus motivos, aluden a que la plurinacionalidad podría llevar a la «revigorización del mismo Estado que se expandió durante la ocupación de La Araucanía», según explica el doctor en Historia, Fernando Pairican.

«Hay tres líneas dentro del movimiento mapuche. La primera es la que usa la institucionalidad en torno a lo forjado por la Ley de Indígena, que son posibilidades de uso de la institucionalidad para el emprendimiento sobre todo. La segunda, una «vía autonómica dentro de la institución«, que se usa en los municipios, y creó un partido que se llamó el Wallmapuwen. Y una tercera perspectiva, que es el movimiento de carácter rupturista, que utiliza el ejercicio de la violencia política para poder avanzar en derechos de autonomía, vía Control Territorial», detalló en esa línea Pairican.

«Están los independentistas que son minoritarios, y estamos nosotros que queremos participar dentro del Estado chileno, pero obviamente ejerciendo nuestros derechos y que reconozcan nuestros derechos políticos también con poder. Esas son como las grandes miradas o los grandes movimientos que veo que existen hoy en el pueblo mapuche», complementó a su vez la vocera de la Red de Mujeres Mapuche, Jessica Cayupi.

En este aspecto, uno de los pocos insumos concretos con los que se cuenta es la Encuesta de opinión pública en La Araucanía, que realizó el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales en marzo de 2016, y que arrojó que entre la población mapuche, el 69% está a favor de una «devolución territorial» y el 60% de una «administración autonómica».

Asimismo, los PPII han participado en dos instancias de consultas donde han emanado propuestas constitucionales. De estas dos oportunidades nacieron dos propuestas que, punto por punto, dan cuenta de las necesidades de los PPII. La primera es la consulta realizada para la Comisión Nacional de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2003) en el gobierno de Ricardo Lagos; y la segunda la Consulta nacional constituyente indígena (2016-2017), en el gobierno de Michelle Bachelet. En ninguna de estas instancias se menciona el concepto «plurinacionalidad», posiblemente debido a que aún no estaba tan difundido a nivel mundial, pero en ambas se enfatizan las demandas relacionadas a la autodeterminación y a aumentar los niveles de autonomía. (Ambos textos puede ser revisados aquí).

«Incluso más allá de la Constitución, el pueblo Mapuche siempre ha venido planteando la recuperación territorial, y autonomía, para poder desarrollar y ejercer la autodeterminación. Eso es un derecho humano y colectivo que nosotros creemos que se debe garantizar», expresó en esa línea Gabriela Curinao, directora organizacional de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas.

Celebración del Año Nuevo Aymara en Alto Hospicio, 2017.

Ya lo somos, sólo nos falta reconocerlo

Otros PPII también tienen perspectivas distintas sobre este punto. Por ejemplo, desde el pueblo Aymara, la delegada del Consejo Nacional Aymara, Delia Condori, expresó que si bien «ya somos una nación plurinacional«, y sólo, «debemos reconocerlo«, de todas formas, este concepto dista mucho de concentrar a todas las demandas de los PPII.

«Podemos ser pueblos originarios, pero somos distintos unos de otros. Cada uno tiene su cosmovisión distinta, aunque existen patrones de vida, que tienen que ver con cómo vemos a la naturaleza, que son muy parecidos, pero seguimos siendo distintos. Y necesitamos que esas formas de vida sean reconocidas en la Constitución y que se nos reconozca como sujetos de derecho. No solamente vamos a hacer artesanía, también tenemos derecho a desarrollarnos, a la vez que rescatamos nuestra historia«, enfatizó Condori.

En esa línea, la vocera aymara relevó la situación en la que se encuentran los pueblos Quechua y Diaguita, quienes «no se les ha logrado reconocer toda historia, ni identificar a toda su gente» y se encuentran en un contexto de constante reconstrucción histórica y cultural.

Asimismo, a diferencia de los territorios del Wallmapu, Condori destacó que en el Norte Grande «la entrada de las mineras en el territorio indígena es uno de los temas que nos complica mucho, el tema del agua y de la minería«, explicando que «nosotros queremos desarrollo, pero no con este extractivismo que atenta contra nuestra forma de vida«.

Las del norte, agregó la representante Aymara, «son tierras muy atractivas para las empresas transnacionales e inversionistas chilenos que miran nuestras tierras como factor de desarrollo económico», no obstante, «no tenemos ningún caso en todo el territorio de que sea la propia gente que vive en los territorios la que administre los recursos naturales».

«Aspiramos que sean nuestras comunidades las que administren sus propios recursos. Ya sean los recursos mineros, o los parques, que hoy los administra la Conaf. Lo que uno aspira como pueblo, es a la autodeterminación, a la autonomía, y eso no tiene que ver con partir de cero, sino que con que se nos entreguen las herramientas para que nosotros podamos decidir cómo administramos nuestros territorios, cómo nos organizamos, y cómo esos recursos que se van a recaudar se van a reinvertir en nuestra propia gente», señaló Condori.

Un ejemplo de cómo se ha resuelto esta demanda en otros territorios puede encontrarse en la Constitución de Colombia, donde se establece que «los PPII y grupos étnicos, podrán elaborar y adoptar dentro de su ámbito territorial, previa concertación comunitaria interna, planes de desarrollo o de vida o modelos de economía, acordes con sus usos, costumbres y valores culturales propios, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República y que estén orientados preferencialmente a su reconstrucción económica, social, cultural y ambiental».

«No queremos dejar de ser chilenos»

Una perspectiva similar expresó desde Rapa Nui Valeria Pakarati, facilitadora indígena de la mesa técnica del Consejo de Ancianos (Mau Hatu, entidad formada en 1980 en respuesta a la pérdida de territorios a manos de la dictadura), quien sostuvo que en la isla también están por la opción de la plurinacionalidad, y explicó que «nosotros no queremos dejar de ser chilenos, queremos pertenecer al Estado de Chile, pero hay particularidades que hoy se efectúan en países que son federales, por ejemplo, que tienen cierta organización interna, (que son) pertinentes a la organización que tiene cada cultura«.

En ese sentido, la realidad particular de la isla Rapa Nui da cuenta de que, junto a Juan Fernández, es reconocida por la Constitución desde 2007 como un «territorio especial», lo que según explicó en la práctica no se ha traducido en políticas de reconocimiento de derechos.

«No se nos hace un reconocimiento como pueblo originario, sino más bien como isla, junto a Juan Fernández. Entonces, yo creo que fue como un analgésico suave en una situación difícil. Un papel solamente. Porque tenemos los pasajes súper caros, la bencina también, 4 mil pesos nos sale el kilo de pan hace cuatro años. Si bien hubo una buena intención, no se refleja en la realidad», dice Pakarati sobre esta reforma constitucional.

Respecto a las demandas de su pueblo, Pakarati expresó que la propiedad de la tierra, establecida para Rapa Nui en el Tratado de 1888, y luego para el Estado de Chile por un decreto de la dictadura en 1979, es uno de los temas que buscarán defender. «Para el proceso constituyente buscaremos que se reconozca el Tratado de 1888, y que lo modernicemos. (Eso incluye) que se devuelvan los terrenos, y la autonomía de cómo nos vamos a reordenar».

«Más que lo económico, nos importa la definición del ser humano como cultura viva«, enfatiza Pakarati.

Así también, llamó a generar niveles de autonomía en la isla, que permitan que sus habitantes puedan desarrollarse dentro de ella, pero también dentro de la cosmovisión de su pueblo.

«Hoy nuestros hijos van a estudiar súper lejos, y lo hacen al final para cumplir con un sistema, para estudiar carreras científicas, pero que están muy alejadas de la realidad que viven», explicó Pakarati, agregando que hoy «parecemos una colonia, cuando podríamos hacer una alianza maravillosa«. En esa línea, la facilitadora indígena del Consejo explicó que el modelo de libre asociatividad, como el que se practica en Nueva Zelanda y el Reino Unido, sería el que buscan hoy.

Cultura y lenguaje

Otro de los aspectos relevantes en la discusión constitucional posterior al Plebiscito, es el relativo a los temas culturales e identitarios de cada pueblo. En este tema, aspectos como la educación intercultural, el rescate y la protección de los elementos culturales, son algunos de los puntos que se han mencionado en constituciones de otros países.

Para la académica y especialista en mapudungún y educación cultural bilingüe, Elisa Loncón Antileo, todos estos son temas que se deben abordar, ya que «uno codifica la realidad en la lengua. Nombra las cosas, expresa sentimientos, sueña el futuro. Y cuando esa lengua no tiene un espacio social práctico, donde se ejercite su derecho lingüístico, ese ser humano empieza a ser dañado desde lo más profundo de su ser».

En ese sentido, Loncón ejemplificó con en el caso del mapudungún, al que asegura se le ha hecho un tremendo daño, ya que además de los proceso colonizadores, en las últimas décadas muchos padres decidieron no traspasar la lengua a sus hijos, por temor a la discriminación de la que eran víctimas.

«Muchos adultos indígenas hoy día, pudieron conservar la lengua pese a todo, sin embargo, negaron la lengua a sus hijos, y le dañaron el alma por la discriminación. Y eso ocurre porque la sociedad no garantiza derechos lingüísticos a los que tienen otras lenguas, entonces se tienen que garantizar el ejercicio de estos derechos para que este tipo de situaciones no ocurran», expresó la experta.

Así, Loncón destacó que para que estos temas puedan ser desarrollados en políticas públicas, deben ser primero reconocidos a nivel constitucional, porque como su ejemplo lo demuestra, «hay que tener poder político y económico para que la lengua viva«.

«Este Chile monolingüe no va a llegar a ninguna parte. El otro gran aporte que pueden hacer los PPII a la sociedad chilena hoy día, es formar personas plurilingües a partir del aprendizaje de las lenguas originarias», agregó Loncón, llamando a crear «instituciones que permitan el desarrollo y la normalización del uso de la lengua», y a «fomentar el desarrollo de la escritura indígena», mencionando que hoy en Chile existen unos 200 escritores indígenas, y recordando que el recientemente galardonado poeta mapuche Elicura Chihuailaf (Premio Nacional de Literatura de Chile 2020), no recibió apoyo alguno de parte del Estado.

En esa línea, el artista de origen mapuche Sebastián Calfuqueo, expresó que una nueva Constitución servirá también para «resignificar ese imaginario nacionalista de Chile, que se ha construido en base a la anulación de otras identidades«, enfatizando que «entre más voces hablen desde los distintos territorios, más potente va a ser el nuevo Chile que queremos construir».

Un buen ejemplo de esto puede encontrarse en la Constitución de Argentina, donde en el numeral 17 se menciona el deber de «reconocer la preexistencia étnica y cultural de los PPII argentinos» y de «garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural».

Sobre este punto, desde Rapa Nui, Valeria Pakarati explicó que hoy el currículum nacional está unificado, como si Chile fuera una nación homogénea, por lo que se producen conflictos graves que sería muy fácil evitar.

«Un pueblo sin historia no puede tener identidad. Y eso es primordial en los rituales, en tus costumbres. Y por ejemplo, cuando el Ministerio de Educación manda un comunicado diciendo que no se puede prender fuego en los jardines infantiles, porque todo lo ven como terrorismo, (no entienden que) esto para nosotros significa prender cosas buenas y matar cosas malas», relata.

«La poca comprensión de las costumbres hace que se judicialice todo. Esa mirada occidental de que todo es atentado, no es parte de lo que para los pueblos originarios significan el fuego, la piedra», añadió Pakarati.

Relación con la tierra

En este aspecto, también se puede recurrir a otras constituciones para ejemplificar. La Constitución de Argentina, país que no se reconoce como plurinacional, pero que sí reconoce a los PPII y sus derechos dentro de su carta fundacional, menciona que el Estado debe «reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan«, así como, «regular la entrega de otras (tierras) aptas y suficientes para el desarrollo humano» y «asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten».

Desde esa perspectiva, la presidenta del directorio de la Corporación Pueblo Selk’nam Chile, Hema’ny Molina, señaló que para ellos la nueva Constitución debiese tener un componente ecológico que la abarque completamente, aludiendo al concepto de «Constitución Ecológica«.

«Todo el cuerpo de la Constitución debiera considerar siempre presente todo el medio ambiente en la vida del ser humano, porque la tierra debiera ser un sujeto de derecho. Para que el ser humano pueda vivir, primero tenemos que tener un planeta, y para eso tenemos que cuidarlo», expresó.

«Hoy la Constitución dice que tenemos derecho a vivir en un planeta sin contaminación, pero no dice cómo nos vamos a librar de la contaminación. Dice qué es lo ideal, pero no da las herramientas para llegar a ese ideal. En esta nueva Constitución, debiéramos considerar el hecho de que no existe ningún aspecto que el ser humano pueda vivir, si no tiene un planeta sano donde se pueda desarrollar», agregó Molina en el mismo sentido.

En cuanto a las problemáticas particulares del pueblo Selk’nam, que tiene una población estimada de 1.400 personas según la Corporación Pueblo Selk’nam, pero que debe día a día afrontar la discriminación no sólo del Estado, sino de quienes afirman que no existen como tales, Molina sostuvo que sus principales metas hoy son «el fortalecimiento identitario, y el combate de la negación social a pensar que estamos vivos. Porque sentimos que el genocidio para nosotros sigue presente, cada vez que alguien nos niega».

Desde este mismo punto de vista, otros países como Bolivia, han establecido el derecho de los PPII a «vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas», punto que si no fuera porque se refiere en específico a los PPII, no distaría mucho de lo que establece la Constitución chilena actual.

Pero además de este derecho básico, dicha carta fundamental establece «el derecho a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios» y «a la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros».

En la Constitución de México, en tanto, se establece un derecho «preferencial» para los PPII sobre las tierras y los recursos naturales que habitan.

Así, los PPII en dicho país tienen el derecho constitucional de «acceder (…) al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución». (Si se desea revisar un análisis más acabado respecto de estas acepciones en otras constituciones, recomendamos leer «El complejo y más importante “momento constituyente” de los pueblos indígenas de Chile: experiencias y desafíos«, de Domingo Namuncura, al que puedes acceder en este link).

Al ser consultada sobre este tema, Gabriela Curinao, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, explicó que «nosotras no lo entendemos quizá tanto desde el concepto de ‘recursos naturales’, porque ese concepto está centrado en la mirada extractivista, y hoy día se habla mucho más de los ‘bienes comunes’. Y desde el mundo mapuche, la madre tierra y todo lo que es la diversidad tiene una mirada mucho más integral de respeto. La madre tierra para nosotras es eso. Una madre, que gracias a ella tienes la vida, y por ese hecho merece todo el respeto. Por ser la que nos provee de la posibilidad de vivir».

Finalmente, cabe mencionar que uno de los puntos importantes que no se han resuelto aún en esta discusión, es la de los escaños reservados para PPII. La idea en sí ya fue aprobada, pero resta aún definir los mecanismos de elección de estos constituyentes, la cantidad, si estos serán una representación proporcional de los distintos PPII reconocidos por el Estado, entre otras cosas. Y, a tan sólo tres semanas del Plebiscito, el tema aún no se zanja.

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