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Opinión

La persecución matonesca a Ximena Chong

Por: Rodrigo Labarrera / Publicado: 09.10.2020
La persecución matonesca a Ximena Chong Ximena Chong / AGENCIA UNO
La coacción de Carabineros a través del hostigamiento sufrido por la fiscal Ximena Chong, y los cuestionamientos ante una profesional que ha mostrado máximo rigor en su labor, significan un riesgo para una democracia y, sobre todo, para una justicia tan debilitada como la nuestra. Es fundamental que la justicia chilena asuma un compromiso férreo con los derechos humanos y tenga un respaldo de todos los poderes del Estado y sus representantes.

El pasado viernes 2 de octubre fuimos testigos de uno de los hechos más amargos de este último año en cuanto a vulneraciones a los derechos humanos se refiere: un adolescente de 16 años siendo empujado en el puente Pío Nono hacia el río Mapocho por un carabinero de 22 años. Imagen que nos rememora inevitablemente a acciones de la misma índole sucedidas después del 11 de septiembre de 1973. El gobierno, personalidades de su sector político y Carabineros, optaron por blindar la acción del uniformado y desmentir lo sucedido. Por suerte, la rápida intervención de la Fiscalía de Alta Complejidad, y la lúcida presentación de Ximena Chong el pasado 4 de octubre, abre un camino que hace pensar que se impartirá justicia en el caso.

En tanto, la tarde del martes pasado se confirmó la detención de tres funcionarios de Carabineros por las torturas ejercidas en la 43° Comisaría de Peñalolén el 20 de octubre del 2019. Ambos casos permiten recuperar la esperanza en la justicia chilena, aunque lamentablemente existen casi 9.000 querellas en contra de distintos organismos de orden y seguridad del Estado sin resultados favorables para las víctimas hasta la fecha.

Como era de esperar, los beneficiados históricos y defensores de la impunidad han reaccionado prontamente: la fiscal Ximena Chong, quien lleva el caso del carabinero responsable de la caída del joven de 16 años por puente Pío Nono, ha sido víctima de graves amenazas por redes sociales, donde han compartido datos personales de la persecutora. No siendo suficiente, un carabinero llegó a acechar a la fiscal hasta las puertas de su casa. Acciones que replican lógicas de los días más oscuros de la historia reciente de nuestro país.

Para colmo, en un hecho atentatorio contra la democracia y la búsqueda de justicia, el senador UDI Iván Moreira acusó a la fiscal Ximena Chong de ser una activista política y desestimar con esto la causa emprendida en contra del carabinero Sebastián Zamora por homicidio frustrado. Además, el senador normalizó las amenazas de muerte y lo único que expresó al respecto es que “es sin llorar”. Reacción preocupante que se suma a otras como la de la diputada Camila Flores y la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe y José Antonio Kast, quienes acusaron de “cuestionable” la investigación, a pesar de que el trámite fue televisado por miles de chilenos y chilenas, los que pueden dar fe que la exposición de videos y otras pruebas fue de tal contundencia que no deja a la vista la actitud del imputado sino también del encubrimiento que otros funcionarios policiales intentaron realizar.

La irresponsabilidad política, y la nula preocupación por la vulneración de los derechos humanos de un adolescente de 16 años, preocupan profundamente en un país que se hartó de la impunidad y de la falta de empatía por parte de quienes ostentan el poder ante las miserias y vulneraciones que viven miles de chilenas y chilenos. Lamentablemente hay sectores políticos que, a pesar de lo sucedido durante el último año, siguen insistiendo en limitar la justicia.

La coacción de Carabineros a través del hostigamiento sufrido por la fiscal Ximena Chong, y los cuestionamientos ante una profesional que ha mostrado máximo rigor en su labor, significan un riesgo para una democracia y, sobre todo, para una justicia tan debilitada -y cuestionada- como la nuestra. Es fundamental que la justicia chilena asuma un compromiso férreo con los derechos humanos y tenga un respaldo de todos los poderes del Estado y sus representantes, toda vez que es responsabilidad de ellos en su conjunto velar por el cumplimiento de estos y sancionar con el máximo rigor de la ley a quienes atenten contra los derechos humanos de cualquier persona que habite suelo nacional.

Rodrigo Labarrera
Periodista y miembro del equipo de comunicaciones del Observatorio de Derechos Humanos.
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