Que los medios sean nuestros aliados, no nuestros enemigos

La crítica hacia los medios de comunicación masiva por su cobertura de las crisis sociales y políticas en Chile no es nueva. Mucho antes de la existencia de las redes sociales, en 1967, los estudiantes de la Universidad Católica identificaron al diario El Mercurio como un medio con una línea editorial que no sólo no les favorecía, sino que además los tildaba de “comunistas” sin que la mayoría de ellos se reconocieran en esa etiqueta. La frase “El Mercurio Miente” inauguró entonces la dinámica entre los medios y los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX en Chile, y cobró aún más sentido en la activa complicidad del diario con la dictadura de Augusto Pinochet. Ya entrado el siglo XXI, el movimiento estudiantil reactivó la adherencia a este eslogan que a partir del estallido social de 2019 se volcó principalmente hacia la televisión.

Producto de lo que algunos y algunas han considerado una cobertura que enfatiza la destrucción de la infraestructura pública y privada, por sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por uniformados, la idea de que los medios mienten ha vuelto a instalarse en protestas ciudadanas y redes sociales. En el ámbito internacional, el carácter negativo en la representación mediática de los movimientos sociales tampoco es nueva. Ya en mi 1980 el sociólogo norteamericano Todd Gitlin llamó la atención sobre el modo en que los medios estadounidenses abordaban los movimientos antiguerra y las luchas sociales de los 60 y 70 en ese país.

Para Gitlin, los medios establecieron una “gramática de interacción” con los grupos movilizados, a través de la cual trivializaban a sus líderes y demandas; enfocaban la atención en las expresiones más violentas y radicales mostrando a los manifestantes como un grupo desviado y poco representativo, generando así su marginación y polarización respecto al resto de la sociedad; y enfatizaban las diferencias internas de los grupos movilizados, provocando en muchos casos su debilitamiento.

Aunque existe una importante distancia entre el caso estudiado por Gitlin y el de Chile, basta una rápida mirada a los estudios de las últimas dos décadas para darse cuenta de que no estamos tas lejos de esa dinámica. La icónica portada de Las Últimas Noticias sobre la negativa de Camila Vallejo a “mover la colita” en un evento del movimiento estudiantil de 2011, o el uso reiterado de la figura del encapuchado en la presentación de noticias sobre el mismo movimiento en Televisión Nacional de Chile, son sólo la punta del iceberg.

De acuerdo a investigaciones del periodo, la estrategia más utilizada por los medios al momento de hablar de los movimientos sociales es la dicotomización. Es decir, la identificación y caracterización de un manifestante legítimo y otro ilegitimo. En el caso del movimiento mapuche, los medios suelen distinguir entre el “indígena aceptable” y el “insurgente”, mientras en el movimiento estudiantil, se enfatiza la diferencia entre el manifestante pacífico y el encapuchado. Así, en el contexto de las luchas medioambientales, los medios distinguen entre problemas con causas sociales o naturales, enfatizando en estas últimas. Estas tendencias en la cobertura mediática son coherentes con estrategias políticas que buscan mantener la gobernabilidad. Es decir, para evitar que el malestar social aumente, los medios se alinean con los gobiernos al reconocer algunas de las demandas elevadas por la ciudadanía, al mismo tiempo que la presencia de un “enemigo común” o “extremista” que no estaría dispuesto al diálogo, y al que la radicalidad de sus demandas le habrían alejado del ciudadano promedio. A su vez, esta tendencia surgiere una concepción de los movimientos sociales en tanto desviaciones del correcto funcionamiento del sistema, más que una respuesta a problemas en su estructura.

En definitiva, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la mantención del status quo, ya que tienen tanto el poder para limitar o deformar las demandas de cambio social elevadas por la ciudadanía como para amplificarlas. Los medios pueden definir el significado de un movimiento social y certificar la validez de sus líderes y demandas, ofreciendo al público encuadres que les permitan entender sus causas y posibles consecuencias. Este poder se relaciona con su doble rol en el espacio público: el de ser la plataforma en la que los distintos actores sociales exponen e intercambian sus ideas, y ser un actor social en sí mismo. En otras palabras, los medios promueven los intereses del bien común, al mismo tiempo que protegen los propios.

¿Y cuáles son esos intereses? En un sistema capitalista, los medios cumplen la necesaria función de difundir masivamente los productos de consumo y facilitar la apertura de nuevos mercados. En Chile, de hecho, el avisaje publicitario es la principal forma de sustento para la mayoría de los medios de comunicación masiva. Los medios, por tanto, son empresas que gracias al financiamiento de otras empresas entregan contenidos a las audiencias, a cambio de potenciar y dirigir sus hábitos de consumo. En este sentido, deben procurar hacer su trabajo sin desestabilizar el modelo que, en primer lugar, les permite operar. De lo contrario, se exponen a episodios como el protagonizado por el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, quien decidió retirar sus auspicios del programa “Agenda Agrícola”, transmitido por CNN Chile, por considerar que el canal representó de manera sesgada el estallido social. Ello, a pesar de que CNN se encuentra entre los medios más confiables del país, de acuerdo al Digital News Report 2020.

Más aún: el modelo de negocios que impera en los medios no sólo dificulta el ejercicio de la libertad de prensa y de información. También ha demostrado ser insostenible de cara a la creciente digitalización de los medios tradicionales, la atomización de las audiencias y la consecuente fuga del avisaje publicitario hacia internet. Esta crisis económica, que se profundizó con la pandemia, no sólo ha empeorado las condiciones laborales de los trabajadores de medios, exponiéndolos a extensas jornadas de trabajo, bajos sueldos y una alta presión por responder a tareas que van más allá de su especialización. También ha afectado la calidad del pluralismo, provocando el cierre de diarios y revistas impresas, y el despido de al menos 2.460 profesionales durante los últimos cuatro años en diversos medios y conglomerados como Grupo Copesa, Canal 13, El Mercurio S.A, Televisión Nacional de Chile, Publimetro y radio Bío Bío, entre otros. Todo esto, mientras los sueldos millonarios de los rostros y ejecutivos se mantienen intactos.

A días de que algunos medios titularan “Joven cayó al río Mapocho”, en referencia al adolescente de 16 años que fue empujado del puente Pio Nono por un carabinero, a poco de que se cumpla un año del estallido del 18 de octubre de 2019 y a días del plebiscito, vale la pena preguntarse si queremos mantener este sistema de medios o, por el contrario, avanzar hacia uno en donde la comunicación y la información sean considerados un derecho humano, más que una mercancía. En tal caso, el modelo de financiamiento y regulación de los medios deberá ser replanteado, ya sea pensando en un sistema de financiamiento público-privado efectivo –sabemos que TVN e autofinancia– o a través un impuesto como el que pagan los ciudadanos del Reino Unido, para acceder a la BBC, entre otras opciones.

Como sea, no podemos seguir desperdiciando el poder que tienen los medios de comunicación masiva para afectar el curso de los procesos sociales y políticos, de una forma que dignifique a la mayoría y contribuya a la reconstrucción de la confianza ciudadana en la política. En otras palabras, necesitamos crear las condiciones para que los medios sean nuestros aliados, no nuestros enemigos. La nueva Constitución puede ser un gran comienzo.